Una de las grandes decepciones que se llevan quienes se gradúan de la educación superior, bien sea estudios técnicos o universitarios, son los bajos salarios con los que se encuentran en el mercado laboral.
Las carreras universitarias resultan siendo muchas veces bastante costosas para los estudiantes, quienes en ocasiones deben recurrir a los créditos educativos para poder costearlas; sin embargo, el salario que salen a devengar una vez obtienen su título suele estar muy por debajo de sus expectativas.
Para enfrentar esta realidad, fue radicado en el Congreso un proyecto de ley que busca que los profesionales y técnicos en Colombia tengan un salario mínimo mensual diferenciado.
La iniciativa propone que los profesionales en el país tengan mejores condiciones laborales y salariales. De este modo, plantea que quienes tengan su título universitario reciban un como mínimo un ingreso mensual de 3 salarios mínimos legales vigentes, que a precios de hoy sería de 3 millones de pesos.
La iniciativa también abarca quienes cuentan con estudios técnicos. Para esta población el valor mínimo a pagarles sería de 2 salarios mínimos al mes.
Según explicó el autor de la iniciativa, el representante liberal Silvio José Carrasquilla, este proyecto pretende “la fijación de un salario mínimo profesional y un salario mínimo técnico con el fin de que el campo profesional y técnico en Colombia tengan un pago digno en respuesta al tiempo y esfuerzos dedicados a sus estudios durante su carrera”.
Según reza el texto de la iniciativa, esta problemática de los bajos salarios de los profesionales lleva consigo a que los egresados no aspiren a aumentar su nivel académico, ya que, por un lado, su trabajo no le otorga los ingresos suficientes para costearse un posgrado, viéndose obligados a recurrir a créditos y, por otra parte, encuentran que aumentar su nivel académico no va a ser garantía de un mayor ingreso salarial.
“Pretendemos que al tener un salario que vaya más acorde con sus esfuerzos entregados durante el tiempo de estudio, los colombianos tengan más incentivos para así seguir aumentando su nivel académico, generando así más competitividad”, indica el texto del proyecto.
Si bien los propósitos de esta iniciativa pueden ser loables, no ha caído bien en todos los sectores.
Para Acopi, el gremio que agrupa a las pequeñas y medianas empresas, el país lo que necesita es una reforma laboral estructural que resuelva los problemas de fondo del sistema antes de pensar en nivelación de salarios.
“Nosotros como país tenemos prioridades en cuanto a lo que hemos expresado en varias ocasiones. Colombia necesita una reforma laboral estructural y, precisamente, son estas iniciativas las que radican muchos congresistas las que no permiten concentrarse en lo fundamental, para esto se debe hacer un análisis de todas las capacidades como productividad y competitividad”, indicó la organización.
Seguramente esta y otras iniciativas que se tramitan en el Congreso serán analizadas en el marco de la reforma laboral que tramitará el Gobierno.
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, detalló el cronograma para la construcción de esta reforma. Lo primero que se hará es un gran encuentro convocado para finales de octubre al que asistirán al menos 500 personas en representación de los trabajadores, los empresarios, la OIT y el Gobierno para analizar experiencias internacionales en esta materia.
En noviembre y diciembre se dará la convocatoria a la Mesa de Concertación Laboral y el texto será presentado “en marzo al Congreso”. La iniciativa, según detalló la ministra en un encuentro con magistrados de las altas cortes, tendrá reformas en materia de horas extra, jornada laboral nocturna, fin a los contratos de prestación de servicios y equidad de género.