El presidente Gustavo Petro desató una nueva tormenta este martes, 25 de julio, cuando firmó el decreto que establece el aumento de los salarios de los congresistas.
Aunque algunos sectores de oposición al Gobierno consideraron que el jefe de Estado buscaba un incentivo para que los legisladores aprobaran el grueso de sus controvertidas reformas estructurales en el segundo semestre de 2023, el escenario tiene un tinte más legal, según informan desde el palacio presidencial.
La razón obedece a que el salario de los congresistas es un tema que quedó ‘amarrado’ jurídicamente desde la Constitución Política de 1991, porque el aumento anual es una obligación que establece el Artículo 187 de la Carta Política.
De acuerdo con dicho artículo, “la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”.
Es decir, legalmente es obligación del presidente de turno realizar los incrementos debidos a los congresistas durante cada año, más allá de sus intereses y la agenda legislativa. De lo contrario, podría terminar demandado constitucionalmente.
Una congresista consultada por SEMANA, quien pidió omitir su identidad, dijo que Gustavo Petro podría derogar el decreto. Sin embargo, otras fuentes coinciden en que él tiene la facultad para hacerlo “porque en derecho se deshace lo que se hace”, pero estaría pasando por encima de la Constitución y, además, le pondría un freno de mano a sus reformas en el Congreso.
Por eso, el expresidente de la Cámara de Representantes, David Racero, dijo que, aunque el incremento del salario es “lamentable y aunque genera mucha molestia”, si el presidente Gustavo Petro no cumple, “estaría cayendo en una ilegalidad”.
La única salida que existe es modificar la ley y cambiar el Artículo 187, un tema que ya trasciende en lo político y que ha terminado hundido en varias oportunidades por falta de respaldos de los propios congresistas.
En otras palabras, a pesar de los múltiples intentos que se han hecho, no se ha podido cambiar esta fórmula, pues para esto se requiere tramitar una reforma constitucional en el propio Congreso de la República.
En 1991, cuando se promulgó la Constitución, los parlamentarios devengaban 13,8 salarios mínimos, pero el aumento hasta la actualidad ha sido tan vertiginoso que para 2022 la cifra llegó a 37,8 salarios mínimos.
La situación es aún más dramática si se analiza en términos de porcentaje: desde 1991, el salario mínimo ha aumentado 1,833 %, mientras que el sueldo de los congresistas se ha incrementado 5,200 %.
“La única solución para no seguir generando estos excesos que siguen beneficiando los privilegios de los congresistas es cambiar la ley. La ley solo la cambian los mismos congresistas. Y aunque hemos avanzado en algunas cosas (como reducir el receso legislativo), este Congreso actual aún se niega a reducirse el salario”, explicó.
Sin embargo, cuando Racero fue presidente, poco o nada se hizo al respecto y la bancada del Pacto Histórico tampoco pudo cumplir con su promesa de reducir el salario de los congresistas en Colombia.
La alternativa más cercana para reducir el salario de los congresistas está consignada en un proyecto de ley de autoría del senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, que sigue vivo en el legislativo. “Sí bajará el salario de los congresistas”, prometió.
El problema es que Hernández tiene resistencia en distintos sectores políticos que podrían atravesarse para no otorgarle ese triunfo.
Más allá de eso, su proyecto sigue vigente y en dos semanas tendrá su último debate en el Senado, según informó el presidente Iván Name. Después, tendrá sus dos últimos debates en la Cámara de Representantes.
Solo en ese escenario se conocerá si los legisladores actuales están interesados en modificar el Artículo 187 de la Constitución Política.
Y es que las cifras del nuevo sueldo de los congresistas genera polémica.
En medio de la crisis económica, donde los colombianos se quejan por el alto costo de vida, el incremento salarial para senadores y representantes es del 14,62 %. Es decir, el aumento será de 5.538.068 millones de pesos. Pasaron de ganarse 37.8 millones de pesos a 43.4 millones mensuales.