Casi un mes después de la presentación de la reforma a la salud hecha por el presidente Gustavo Petro, el proyecto de ley no cuenta con el llamado marco fiscal de mediano plazo. Es decir, el concepto del Ministerio de Hacienda que les permite saber a los congresistas cuánto vale poner en marcha el nuevo sistema que defiende la ministra Carolina Corcho y que ha desatado una auténtica tormenta en el país.
El tema tiene encendidas las alarmas. Mientras el Gobierno socializa la reforma y la Comisión Séptima de la Cámara iniciará audiencias, nadie sabe cuánto vale el revolcón. Ni siquiera Corcho. SEMANA conoció cinco derechos de petición que le han enviado al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, para que explique por qué no ha dado su visto bueno. Y, hasta ahora, no hay ninguna respuesta clara.
Ocampo, considerado la estrella del gabinete por su larga experiencia y prestigio internacional, ha sido prudente. Su actitud confirma un secreto a voces: el ministro no comparte la reforma a la salud, tal como quedó estipulada, y su distanciamiento con Corcho es evidente. Ocampo está en la misma línea de pensamiento del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y la ministra de Agricultura, Cecilia López, quienes han ventilado sus diferencias con la polémica reforma, incluso en los propios consejos de ministros en la Casa de Nariño.
Cartas van y vienen
El pasado 25 de enero, cuando Corcho se reunió en Paipa con la bancada de congresistas del Pacto Histórico, confirmó que la reforma estaba lista y se alistaba la exposición de motivos con el Ministerio de Hacienda y Planeación. Sin embargo, ante el Congreso, Corcho radicó una argumentación fiscal expedida por su propio ministerio. Tiene apenas una página y no convence.
Allí simplemente se afirma que “un nuevo sistema de salud que construye sobre lo construido hereda desde el punto de vista financiero y con probable impacto fiscal un conjunto de problemáticas asociadas a los desbalances que se vienen generando a la fecha”.
La frase “probable impacto fiscal” preocupa porque el proyecto de Corcho generará inversiones, entre ellas, la contratación de personal, la descentralización del Adres y la construcción de los centros de atención primaria.
El 27 de enero, el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, le envió un derecho de petición a Ocampo y le formuló dos preguntas: “¿Cuál es la estimación del costo de la reforma a la salud? ¿Cuál es la fuente o las fuentes de los recursos necesarios para llevarla a cabo? Por favor, explique de forma detallada las partidas de los recursos”.
Forero esperó que Ocampo respondiera, pero no fue así. Lo que hizo Óscar Januario Bocanegra Ramírez, un asesor de la Oficina Jurídica del Ministerio de Hacienda, fue trasladar la competencia de las respuestas a Corcho: “Respetuosamente, me permito informarle que en este ministerio fue recibida la comunicación del honorable representante a la Cámara, Andrés Forero, por la cual solicita información relacionada con los costos que implica la reforma a la salud y las fuentes de financiación requeridas para su ejecución. Revisada la petición parlamentaria, esta cartera encuentra que la totalidad de los interrogantes planteados son de la cartera ministerial a su cargo”.
Además, dejó en claro: “Este ministerio (Hacienda) actualmente no cuenta con la información para discutir y debatir dicha reforma, razón por la cual no puede establecer los costos de las propuestas mencionadas por el peticionario”.
La respuesta del derecho de petición fue el 30 de enero. Llama la atención que, cinco días antes, Corcho le dijo a la bancada del Pacto Histórico que el articulado estaba en manos del presidente Petro y de Ocampo.
“Nos encontramos en la fase estructural, una exposición de motivos en términos de los escenarios económicos y financieros con el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Planeación Nacional”, dijo Corcho en esa oportunidad. “¿A quién se le cree?”, preguntó un congresista cercano al Gobierno.
El pasado 3 de febrero, Corcho le respondió a Forero y tampoco dio ninguna respuesta: “Se establecerán varios niveles de financiamiento para la reforma a la salud. Me permito informarle que, a la fecha, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación trabajan conjuntamente en la definición económica y financiera, detallando los costos del proyecto”.
Por esa razón, el 13 de febrero, Forero le envió un nuevo derecho de petición a Ocampo. En esa ocasión, le pidió “remitir el documento técnico que soporta la presentación de la reforma a la salud y la sostenibilidad fiscal de la misma”.
Al día siguiente, el representante del Centro Democrático envió otro derecho de petición y preguntó si el proyecto radicado por Corcho cuenta con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda.
El 21 de febrero, el viceministro técnico, Gonzalo Hernández Jiménez, respondió y pidió una “semana adicional” para recopilar la información.
Norma Hurtado, senadora de La U y presidenta de la Comisión Séptima del Senado, también ha abordado a Ocampo. El 16 de enero le envió un derecho de petición en este sentido: “El Gobierno ha informado que en febrero radicará el proyecto de la reforma a la salud. Es vital conocer los costos detallados del proyecto y si requerirán nuevas fuentes de financiación. Se habla de desconcentración de la Adres, colocando regionales de esta entidad, quienes harán algunas funciones operativas de las EPS. ¿Cuánto cuestan estas regionales? ¿Con qué recursos se van a financiar?”.
Tal como ocurrió con Forero, el Ministerio de Hacienda remitió su petición al Ministerio de Salud. El 16 de febrero, la senadora le envió otro derecho de petición a Ocampo con el mismo fin. Un día después, ella se encontró con el ministro y él le reconoció que la reforma, que empezó su estudio en la Comisión Séptima de la Cámara, aún no cuenta con el concepto de viabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda.
“La respuesta que Ocampo me dio es que estaba con su equipo técnico haciendo el análisis del costo de la reforma, teniendo en cuenta que la propuesta, la estrategia planteada en el articulado, tendrá gasto en presupuesto y él tenía que evaluar y valorar ese gasto”, precisó Hurtado.
El 21 de febrero, Ocampo recibió otra solicitud de los senadores Humberto de la Calle, Carolina Arbeláez, Jonathan Pulido, Paloma Valencia, David Luna y Jorge Benedetti, además de los representantes Daniel Carvalho, Catherine Juvinao, Víctor Andrés Tovar y Julia Miranda.
“Le pedimos al ministro aclarar preocupaciones fiscales en la reforma a la salud. Varios rubros no cuentan con información. Preocupa que la falta de recursos asegurados ponga en riesgo el acceso a la salud de 50 millones de colombianos”, explicó De la Calle.
Ocampo presentará su informe fiscal cuando esté listo. Pero la idea es que el debate de la reforma a la salud en el Congreso se dé con un escenario fiscal claro. De lo contrario, la discusión será inocua.
El ministro de Hacienda habla muy poco sobre este asunto y le dijo a SEMANA que está en Nueva York y que en los próximos días rendirá su concepto. Quienes lo conocen anticipan que dirá qué se puede financiar y qué no. De hecho, el pasado 15 de febrero, el Ministerio de Hacienda advirtió que “las reformas en curso (agraria, salud, pensional y laboral) tendrán que ser coherentes con la regla fiscal, que por demás es de origen legal”.
Es decir, Hacienda se encargará de trasquilar la reforma que tanto ha defendido Corcho, pero que genera pánico en el país por las consecuencias nefastas que pueda tener en la salud de los colombianos.