El magistrado Andrew Julián Martínez, quien hace parte de la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, admitió esta semana la demanda por 9,9 billones de pesos en contra de los constructores de Hidroituango, una hidroeléctrica que enfrentó serios problemas y retrasos en su construcción que demoraron la generación y venta de energía.
Con la recuperación de estos 9,9 billones de pesos, Empresas Públicas de Medellín pretende recuperar la millonaria cifra que la empresa gastó en su momento como consecuencia de los perjuicios ocasionados por la emergencia de 2018.
La acción judicial, la más grande en la historia reciente del país, se presentó específicamente por parte de EPM, en la alcaldía de Daniel Quintero, contra el Consorcio Generación Ituango y otros.
Según el documento oficial del Tribunal conocido por SEMANA, “se admite la demanda del medio de control de controversias contractuales consagrado en el artículo 141 del CPACA, presentada por Empresas Públicas de Medellín contra el Consorcio Generación Ituango: conformado por las sociedades Integral S.A e Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S.; el Consorcio CCC Ituango: conformado por las sociedades Camargo Correa Infra Constructores S.A, Constructora Conconcreto S.A y Coninsa Ramón H S.A.; el Consorcio Ingetec - Sedic: conformado por las sociedades Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A.S y Sedic S.A.; Seguros Generales Suramericana S.A. y Chubb Seguros Colombia S.A.”, se lee textualmente.
El exalcalde Daniel Quintero confirmó la decisión judicial y la celebró. “El Tribunal Administrativo de Antioquia acaba de admitir la demanda que interpusimos contra los ‘constructores’ de Hidroituango en el mayor escándalo de corrupción en la historia de Antioquia. 2.500 millones de dólares. 10 billones de pesos”, dijo en sus redes sociales.
Según el líder paisa, “esta es la demanda más grande de la historia interpuesta por una entidad territorial: 2.500 millones de dólares y toca a los grandes poderes de Antioquia incluidos dueños del Colombiano como Conconcreto”.
Recordó que en 2018 se presentó la mayor crisis del país y una de las peores en una represa en el mundo.
“Un túnel construido sin permisos y con calidad de metales y concretos defectuosos colapsó causando daños a la población, al río Cauca y pérdidas astronómicas. Además de los daños materiales, los heridos y las victimas por las inundaciones, se presentaron daños ambientales irreparables. Se secó el segundo río más grande del país”.
Y siguió: “EPM tomada por el GEA se había dedicado a proteger a los contratistas. La junta incluso renunció cuando pusimos la demanda. La excusa fue que yo había violado el gobierno corporativo. Los jueces me dieron la razón. Encontramos que hubo una operación de encubrimiento: desde agosto de 2019, siendo alcalde Federico Gutiérrez, se conocía de dictamen de Reaseguradora concluyendo errores de diseño y construcción en Hidroituango. El documento fue ocultado”.
Insistió en que varias personas de EPM fueron sometidas al polígrafo para que no hablaran. “A pesar de todas las amenazas que recibí, como alcalde interpuse las demandas y denuncias necesarias. El primer resultado fue la condena a Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos y a todas estas empresas para recuperar los primeros de 4,3 billones de pesos”, remató.
Con la admisión de la demanda contra Hidroituango, el magistrado Andrew Julián Martínez confirmó que cumple con los requisitos formales para seguir su curso y llegar a la primera instancia.