Aunque los opositores a Gustavo Petro sostuvieron en las últimas semanas que el presidente no tendría entre sus planes extraditar a Álvaro Córdoba, el hermano de Piedad Córdoba, la historia fue diferente.
Este miércoles 7 de septiembre, contra todo pronóstico, el primer mandatario firmó su extradición y demostró que, más allá de su cercanía política con Córdoba, primó el pedido que hizo la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra del familiar de la dirigente del Pacto Histórico.
La decisión no es fácil para Gustavo Petro. Aunque él sostiene diferencias con Córdoba, e incluso cada vez están más alejados, ella es parte del Pacto Histórico y su posición ha sido firme en favor del nuevo Gobierno. Sin embargo, en adelante, se desconoce el futuro que podría tener esa relación política que, en más de una oportunidad, se ha visto fracturada.
La decisión de Petro llevó al Centro Democrático, el partido de oposición, a reconocerle el valor para tomar una decisión de ese calibre contra un familiar de una integrante de su mismo partido político.
“Bien, presidente Gustavo Petro, ¡el deber ser!”, expresó el congresista Juan Espinal.
Por su parte, el representante por Antioquia, Hernán Cadavid, dijo: “Es una decisión que debe reconocerse al Gobierno”.
Entre tanto, el representante Andrés Forero, uno de los más críticos del petrismo, reiteró: “He sido crítico de muchas de las medidas y anuncios del gobierno de Gustavo Petro, pero le reconozco que autorizara la extradición del hermano de la senadora Piedad Córdoba del Pacto Histórico”.
Jaime Arizabaleta, opinador de derecha y cercano al Centro Democrático, afirmó: “Aprobar la extradición para el hermano de Piedad Córdoba era lo correcto y uno no aplaude lo que se tiene que hacer”.
SEMANA conoció el expediente en poder de la Corte Suprema y de las autoridades en los dos países sobre Álvaro Córdoba por tráfico de drogas y armas, y nexos con las disidencias de Gentil Duarte.
En uno de los apartes de la decisión, de más de 43 páginas, en el que los magistrados de la Sala Penal dieron “luz verde” para enviarlo a Estados Unidos, aparecen dos personas cuyos aportes en la investigación fueron realmente significativos.
En primer lugar, Benjamin W. Schrier, fiscal auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, y, en segundo lugar, Mathew S. Passmore, agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Ambos reseñan “los pormenores de la investigación y posterior acusación, la imputación y la normatividad aplicable al caso, la cual está contenida en el Código Federal de dicho país”, se lee en la decisión de la Corte Suprema de Colombia.
Las dos declaraciones de estos investigadores tienen a Álvaro Córdoba a punto de ser extraditado a Estados Unidos.