El pasado 11 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación advirtió que grupos con intereses políticos estarían utilizando maniobras para dilatar la elección de directores de la CAR en todo el país.
De acuerdo con el Ministerio Público, las elecciones de los directores generales de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) se han visto afectadas por la recurrente interposición de recusaciones y acciones de tutela. En muchos casos, previamente resueltas o que no cuentan con la carga argumentativa y probatoria suficiente, maniobras que, según la Procuraduría, son “de mala fe, con el objetivo de dilatar dichos procesos”.
Ante este panorama, el Ministerio Público, a través de la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, pidió a los miembros de los consejos directivos evitar emprender o tramitar recusaciones y acciones de tutela en las que medie temeridad o mala fe.
En medio de todo ese escenario, SEMANA conoció unos audios donde, aparentemente, Óscar Javier Vargas Urrego, uno de los directivos de Cormacarena y quien recientemente fue elegido como director de la Corporación para el Desarrollo del Norte y Oriente Amazónico (CDA), confiesa que elaboró una estrategia para dilatar el proceso y que su plan está arrojando frutos.
“Es que yo fui el que armé la estrategia. Todo ha sido una estrategia, como yo ya llevo dos directores electos, pues gané y perdí, así que sé por dónde atacar”, se escucha en el audio donde hay varias personas hablando del proceso de elección de Cormacarena.
Además, afirma que: “Yo dije: nos metemos por aquí, y hay que inscribir dos o tres de gancho ciego, y así nos fuimos repartiendo. De las tutelas han fallado una a favor, pero faltan dos. El problema de esto es moverse porque el peor momento es el tiempo”.
El asunto de fondo es que la elección del director de Cormacarena lleva más de un mes dilatándose y nadie da razón de por qué no se ha cumplido con el proceso, a pesar del llamado de la Procuraduría General de la Nación.
La más reciente maniobra de Óscar Vargas, de quien dicen es cercano al Gobierno Petro, aunque él lo niega, fue una tutela antes de que se intentara hacer la elección por segunda ocasión.
“Admítase la acción de tutela interpuesta por el señor Óscar Javier Vargas Urrego contra Juan Carlos Medina González, secretario general del Consejo Directivo y Consejo Directivo de Cormacarena, para la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad”, dice la decisión del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Villavicencio, Meta.
Además de las tutelas, nueve en total, se han presentado una serie de recusaciones, por lo que se evidencia una confrontación política para elección que no ha sido posible realizar.
La propia ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha dicho en sus redes sociales que los procesos de elección han tenido problemas como: convocatorias irregulares, recusaciones a delegados del Gobierno y elecciones forzadas.
Sin embargo, no hace referencia directa al caso de Cormacarena, donde el pasado 2 de noviembre citó a una reunión extraordinaria y urgente del consejo directivo.
En todo caso, la Procuraduría exhortó a los consejos directivos de las CAR a imponer las sanciones en los casos probados en los que se advierta la presentación de recusaciones con el objetivo de dilatar las elecciones. Pidió reportarlos al ente de control, con el fin de iniciar las actuaciones disciplinarias que correspondan, en contra de los servidores públicos que hayan emprendido, favorecido o facilitado las respectivas gestiones.
“La Procuraduría no está cuestionando la validez de las razones que se invocan para controvertir los procesos de elección y la falta de transparencia. De hecho, lo hemos advertido en muchos casos, hay corporaciones que pusieron términos de dos días, por ejemplo, como término de presentación de hojas de vida, y se ha exhortado a las corporaciones a tener unos términos suficientes de presentación de hojas de vida, a que haya transparencia. Lo cierto es que tampoco se puede admitir el ejercicio abusivo del derecho propio a través de tutelas temerarias o de mala fe, o de recusaciones temerarias y de mala fe, como se viene presentando en muchos casos”, dijo Gustavo Guerrero, procurador delegado para asuntos ambientales, minero-energéticos y agrarios.