A tan solo 12 días de las elecciones regionales en Colombia, la Defensoría del Pueblo presentó este miércoles 18 de octubre el ‘Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral 030 de 2023′, con el que reveló un significativo aumento en el número de acciones violentas que están afectando a las comunidades en el período previo a los comicios del próximo 29 de octubre.
En agosto pasado, cuando la Defensoría emitió la Alerta Temprana 030 en el contexto electoral, se identificaron 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo alto. Sin embargo, dos meses después, según la entidad, el riesgo persiste en estos municipios y, además, se ha observado un aumento en los actos violentos en estas regiones.
La Alerta Temprana 030 abarcó las vulneraciones desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2023, con un total de 173 conductas violentas registradas. Este número, según la Defensoría, ha aumentado en el período entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre, con un total de 204 acciones violentas, en particular contra candidatos a alcaldías y concejos, así como líderes sociales o comunitarios.
Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, destacó que, a medida que las elecciones se acercan, aumentan las acciones violentas de grupos armados ilegales contra candidatos y líderes. Los grupos involucrados en estas vulneraciones incluyen disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) y el ELN, además de grupos de crimen organizado, aunque en muchos casos los autores son desconocidos.
“En tan solo dos meses, hubo un aumento significativo en el número de vulneraciones si lo comparamos con los primeros siete meses del año. Mientras más cerca estamos de las elecciones, mayores son las acciones violentas de los grupos armados ilegales contra los candidatos o líderes”, aseguró el defensor.
El informe también reveló que la respuesta estatal ha sido limitada y “carente de claridad” en las acciones de protección y prevención para las poblaciones en riesgo. La Defensoría del Pueblo ha realizado recomendaciones a siete entidades en el marco de la Alerta Temprana 030 y solo cinco de ellas han respondido de manera sustancial, mientras que la Presidencia de la República solicitó ampliación de información sin ofrecer respuestas a las recomendaciones, señaló.
El defensor del Pueblo ha reiterado su llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se dicten medidas cautelares destinadas a proteger los derechos de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, personeros, así como candidatas y candidatos a las elecciones regionales que han sido amenazados o que se encuentran en riesgo.
Precisamente, el defensor Camargo presentó ante Tania Reneaum Panzila, secretaria ejecutiva de la CIDH, información adicional a la medida cautelar MC-690-23, radicada ante dicha organización en agosto, con el propósito de proteger los derechos a la vida, integridad personal y derechos políticos de servidores públicos y candidatos.
“Solicitamos a la CIDH que se resuelva de manera favorable la solicitud de medidas cautelares presentadas, atendiendo las razones de gravedad, urgencia y daño irreparable en la que se encuentran las personas enunciadas”, pidió Camargo Assis en el encuentro con los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Barranquilla, el pasado 6 de octubre.
Por su parte, la Comisión Nacional del Ministerio Público para el seguimiento a la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Comprrat) ha instado a la Procuraduría General de la Nación a emprender acciones preventivas y disciplinarias para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las alertas tempranas e informes de seguimiento.
Además, se enfatizó la necesidad de aplicar sanciones en los casos en los que las recomendaciones no se cumplan adecuadamente.