La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) presentó este jueves su primer informe de violencia político-electoral del actual calendario electoral. Este informe comprende el análisis de datos recogidos desde el 29 de octubre de 2022, fecha de inicio del calendario electoral, al 28 de febrero de 2023 y los resultados son realmente desoladores.
La violencia electoral, según el informe, es una subcategoría de la violencia política que se define como aquella ejercida contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral.
En Colombia, esta se ata no solo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, “sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas”.
“Durante el periodo de tiempo analizado, de acuerdo con el estudio, se registraron 64 víctimas de violencia electoral en 41 hechos asociados. Del total de víctimas, once 11 fueron asesinadas, 10 sufrieron un atentado y 43 fueron amenazadas”, indica el informe.
Esto indica que, si se tiene en cuenta el tiempo analizado y la cantidad de hechos de violencia, se presenta una víctima cada día de por medio.
Aunque todos los hechos de violencia política tienen graves consecuencias en la calidad de la democracia local, el informe resalta algunos hechos delicados:
- El atentado contra la congresista Aida Quilcué el 29 de octubre de 2022, que se suma a múltiples amenazas que ha recibido en el pasado en su contra.
- El asesinato del periodista, denunciante de corrupción, Wilder Alfredo Córdoba, en noviembre de 2022. El hecho ocurrió en La Unión, Nariño.
- Dos asesinatos en la misma semana de miembros del Pacto Histórico en Magangué, Bolívar. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2022.
- Los explosivos hallados cerca de la antigua vivienda de la vicepresidenta Francia Márquez, días antes de una visita que realizaría allí, en Suárez, Cauca.
Le invitamos a leer el informe completo con toda la información, la concentración geográfica de los hechos, el perfil de las víctimas, la filiación política de estas y los presuntos perpetradores aquí:
“Tradicionalmente, la violencia se ha utilizado y se utiliza como un mecanismo más de competencia electoral. Para el caso de los comicios locales y departamentales existen sofisticados mecanismos de corrupción que incluso incluyen diversas alianzas con todo tipo de grupos armados organizados”, apunta el documento.
La mayor parte de víctimas (66%) - señala el informe - son personas electas por voto popular. Dentro de este segmento, los concejales han sido de los más afectados, con 10 casos; les siguen 11 alcaldes; cinco senadores, cuatro representantes a la Cámara, un diputado y la vicepresidenta Francia Márquez.
El segundo perfil más afectado es el de los militantes de partidos políticos, que cuentan ocho víctimas, y después exmiembros de cargos de elección popular, de los que se han contabilizado siete víctimas.
Es importante añadir que, además de los hechos sucedidos en torno a la congresista Aída Quilcué y a la vicepresidenta Francia Márquez, dentro de los hechos más graves están los once homicidios. Los perfiles de las víctimas de homicidio son un concejal del Partido Liberal; cuatro militantes y un precandidato del Pacto Histórico; un miembro del Partido AICO; un militante del Partido Comunes; un exconcejal de Dolores, Tolima; un precandidato a la Alcaldía de Mogotes, Santander y un periodista.