Daniela Andrade Valencia, exvicepresidenta de Contratación Derivada de la Fiduprevisora, quien fue nombrada a cargo de la Notaría 36 de Bogotá por el gobierno de Gustavo Petro, sigue en el ojo del huracán porque, según la Procuraduría, habría tenido presuntamente responsabilidad en el entramado de los carrotanques de la UNGRD.
Otro hecho que no deja de llamar la atención es que Andrade es pareja de Jaime Ramírez Cobo, el asesor estrella de la directora del Dapre Laura Sarabia, quien es considerada la segunda al mando en el Gobierno Petro y quien le habla al oído al mandatario. Ella lo acompaña a todos los eventos y desde la pasada campaña electoral es quien le maneja la agenda.
Ramírez Cobo también tiene relación con el escándalo de la UNGRD. Según la información que han brindado Olmedo López, exdirector de la entidad, y Sneyder Pinilla, exsubdirector, el enlace en el Congreso habría sido fundamental para arreglar con los congresistas que se aprobaran algunas reformas claves.
Según la información que se ha conocido sobre el escándalo, Ramírez habría condicionado el apoyo de los congresistas diciéndoles que si no se aprobaban algunos proyectos, los créditos de la nación se podrían caer.
Mientras tanto, Olmedo López y Sneyder Pinilla se movían por su lado y se contactaban con Ramírez Cobo, quien pedía “sacar esos contratos de forma urgente”.
En medio de todo eso, Daniela Andrade fue clave porque como exdirectiva de la Fiduprevisora fue quien avaló el contrato de los carrotanques para La Guajira. A través de esa entidad, se firmó la ratificación del acuerdo de compra celebrado entre la UNGRD e Impoamericana Roger S.A.S. que salían del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, cuyo vocero y administrador es la Fiduprevisora. Andrade firmó el documento en el que se avaló esa transacción.
Paralelamente, Ramírez Cobo habría dado una orden certera para tranzar a los congresistas. En medio de todo eso, se llevaron a cabo varias reuniones a las que él asistió, por ejemplo, el 15 de diciembre de 2023 se entrevistaron en el despacho del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, junto con Olmedo López y la asistente de Bonilla, María Alejandra Benavides.
Ramírez Cobo, según las declaraciones de López y Pinilla a la Fiscalía, habría ordenado “entregar unos contratos para unos congresistas”. Condicionó que si no se hacían, estaban en riesgo los créditos de la nación, misión que estaba a cargo del Ministerio de Hacienda.
Se trata de los contratos para Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y Carmen de Bolívar (Bolívar), que sumaban un total de 92.000 millones de pesos.
En un momento, Bonilla le pide a su asistente Benavides que se ponga al tanto del tema en reemplazo de Ramírez Cobo y que mantenga una comunicación constante con los congresistas, especialmente Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusación, donde está siendo investigado el presidente Petro.
Andrade fue incluida en la investigación que adelanta el ente de control en contra del entramado de corrupción en el gobierno. Lo que más llama la atención es que ese mismo día en el que se anunció la apertura de investigación en su contra fue cuando la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, la nombró en la notaría.
Por su parte, la Fiscalía ya adelanta investigaciones en contra de Ramírez Cobo. La Dijín ya confiscó el computador del asesor de Laura Sarabia para indagar por su participación en esos hechos.