A pesar de que ya se cumple la segunda ronda de diálogos de paz con el Gobierno, el ELN parece no dar muestras de desescalarar el conflicto y sigue causando terror en el país sin disminuir las hostilidades.
Comunidades de Chocó y Arauca se han visto en los últimos días en medio de amedrentamiento anuncios de paro armado por parte del ELN, grupo que también secuestró al sargento del Ejército, Libey Danilo Bravo, el pasado 14 de febrero.
El uniformado está en poder del ELN, a pesar de que Antonio García, jefe de esta organización anunció a través de sus redes sociales que el uniformado sería liberado.
“El sargento Libey Danilo Bravo, capturado por el ELN en Arauca, es un prisionero de guerra, se respeta su estatus de prisionero y sus derechos de víctima, tal como lo establece el DIH. Será liberado con vida y con respeto a su integridad y dignidad”, dijo Antonio García.
Agregó: “Los asesinatos de los compañeros del ELN por parte de las Fuerzas Militares gubernamentales, en estado de indefensión, en el Naya y en Antioquia son crímenes de guerra, violatorios al DIH. ¿Cuál es la diferencia de estas dos formas de actuar las fuerzas contendientes en una guerra? Que el ELN respeta el DIH y la otra parte NO”.
No obstante, además del cautiverio del uniformado, ha causado indignación la forma en la que este grupo ha tratado de justificar que siga acudiendo al secuestro.
Según el editorial de la Revista Insurrección, escrito por el Comando Central del ELN, el secuestro del sargento se dio “dentro de nuestro derecho a la defensa”.
“La retención temporal de un sargento del Ejército en Arauca que estaba realizando labores de espionaje, y otras anteriores, se inscriben dentro de nuestro derecho a la defensa; al tiempo, hemos denunciado que en dichos operativos anti guerrilleros, se han presentado graves violaciones de los Derechos Humanos por parte de las tropas estatales”, indica el pronunciamiento del Coce.
Justamente, las negociaciones de paz que se están adelantando en México, en su segunda ronda, buscan acordar las bases para implementar el cese al fuego bilateral que pondría fin a todas las acciones delincuenciales del ELN.
No obstante, está claro que las negociaciones con esta organización suelen ser difíciles, pues generalmente la gente incluye asuntos que van más allá de los asuntos relacionados con el conflicto armado.
Por ejemplo, el ELN recientemente criticó que una de las premisas para lograr la paz con ese grupo no se estaría dando, pues no hay un “cambio de la doctrina militar”.
“Estamos lejos de un cambio en la doctrina militar, base fundamental para construir paz”, aseguró.
Los mensajes del ELN no van dirigidos solo contra las políticas del Gobierno, sino contra el propio proceso de paz, lo que ha sembrado las dudas sobre el real compromiso de esta guerrilla con la negociación.
“La paz no es sinónimo de dejación de armas”, trinó el pasado domingo el propio García, quien de inmediato generó inquietud frente a si el ELN sí estaría dispuesto a entregar los fusiles.
Igualmente, este grupo armado arremetió recientemente contra la reforma pensional que prepara el presidente Petro y que es una de sus principales banderas.
“Pese a que se ha dicho que en un sistema de pilares (como el que propone Petro) los cotizantes de hasta cuatro salarios mínimos estarán a cargo de un régimen de reparto administrado por Colpensiones, no se ha dicho cuáles serán los parámetros de retiro, en especial de la tasa de reemplazo; por ende, generaría un déficit monetario igual o superior al existente”, argumenta la organización ilegal.
De esta manera, queda en evidencia que, hasta el momento, la principal piedra en el zapato para negociar con el ELN sigue siendo el mismo ELN.