Hay una grave alerta que afecta a los bebés, niños y niñas colombianos: la cantidad de camas de hospitalización pediátrica está disminuyendo y Colombia está por debajo de los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en este indicador que determina qué tan preparado está el sistema de salud para atender emergencias de los más pequeños.
El país cuenta con 23.810 camas de pediatría (de todos los servicios), lo que corresponde a una densidad de 1,61 camas por cada 1.000 habitantes menores de 18 años, una población que se estima en 14.832.589 personas. Ese indicador de 1,61 camas está por debajo del 2,57 que recomienda la OMS para asegurarse de que un sistema de salud tenga cómo atender a sus menores de edad enfermos.
El asunto de la cantidad de camas disponibles según la densidad poblacional es más grave si se mira a ciertos departamentos como Vaupés, donde ese dato es de 0,33, o Vichada (0,53), Guaviare (0,94) o Cundinamarca (0,88). En otros como Boyacá (0,98) o el Cauca (1,04) la proporción también es crítica.
Ese es uno de los temas a los que le puso la lupa el Senado para el debate de control político por la falta de atención y gestión en las finanzas actuales del sector salud, por el cierre de unidades pediátricas y otros asuntos de gestión y gerencia de la salud pública, quedó postergado por una inasistencia anticipada. Sin embargo, esa diligencia terminó siendo aplazada porque los cuatro funcionarios citados a la plenaria presentaron excusas para no asistir.
“Se están cerrando las camas pediátricas, la atención para los niños ha empezado a flaquear en varias regiones de Colombia y esto hace parte de la mala administración del sistema que ha estado haciendo el Gobierno de Gustavo Petro para provocar una crisis”, sostuvo la senadora Paloma Valencia.
Los datos que entrega la senadora viene del reporte especial de prestadores de servicios de salud (REPS) del Ministerio de Salud, que indica que en 2015 había 10.129 camas de hospitalización general de pediatría, mientras que para julio de 2023 se registraron 9.604. Esa diferencia representa la pérdida de 525 camas de hospitalización en todo el país para los menores de edad.
Con esas cuentas, la senadora Paloma Valencia alerta sobre que en la actualidad hacen falta 22.229 camas de hospitalización general de pediatría en Colombia. Mientras hay falencias en la atención a los bebés, niños y niñas del país, se han ido cerrando otros espacios que les prestaban este tipo de servicios a los pequeños.
Solo durante 2023 se han dado cierres en centros de salud como la Clínica Farallones en la ciudad de Cali y el Hospital Infantil Concejo de Medellín. Ambos presentaron la clausura de camas y servicios de operación para recién nacidos y niños.
La cuestión no solo afecta a los menores de edad, sino también a sus madres, porque igualmente hay quejas sobre una reducción en los servicios obstétricos para las mujeres gestantes o madres de bebés recién nacidos.
La Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología alertó que “la historia del cierre de servicios para la atención materna y del recién nacido se repite frecuentemente y en este escenario de colocarle precio al nacer, se genera una cadena de eventos indeseados que hace que no solo los equipos de profesionales sean maltratados, sino que esta situación se traslade a las mujeres gestantes colombianas concentrando mayores partos en pocos prestadores, con capacidad limitada y cada vez mayor número de pacientes en escasa infraestructura”.
Esa Federación sostiene que ha aumentado la carga laboral para los obstetras y ginecólogos, así como el riesgo legal y, con ello, “los posibles resultados adversos, deshumanizando la atención y generando menor calidad y seguridad en la atención”.
Justamente, ese cierre de unidades pediátricas es uno de los temas que iba a abordar el Senado en el debate de control político por la falta de atención y gestión en las finanzas actuales del sector salud, así como por el cierre de unidades pediátricas, y otros asuntos de gestión y gerencia de la salud pública.
Los citados eran el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo; el director de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez; la directora (e) del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Mariela Pardo Corredor, y el superintendente nacional de Salud, Ulahy Dan Beltrán López.
Sin embargo, los cuatro funcionarios presentaron excusas ante la Secretaría del Senado argumentando que debían presentarse a la Cámara de Representantes para el debate de la reforma a la salud (aunque no hubo de debate); excusas por las que terminaron aplazando la diligencia, posiblemente para la próxima semana.
Empero, la próxima semana también habría citación para debatir la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, por lo que, si vuelven a coincidir ambos puntos en la agenda, el debate de control político sobre los crecientes problemas del sistema de salud podría volver a quedar en el aire.