SEMANA: ¿Cuáles son las prevenciones que tiene la Misión de Observación Electoral (MOE) para estas elecciones?
ALEJANDRA BARRIOS: Acabamos de terminar el periodo de inscripción de candidaturas y eso se ata con la financiación de las campañas políticas y la violencia.
SEMANA: ¿Qué preocupaciones tiene sobre la inscripción de candidatos?
A.B.: Se inscribieron 132.553 en todo el país y ahora viene la verificación de los requisitos de la Registraduría, la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Nos llama muchísimo la atención que más del 60 por ciento de los candidatos se inscribieron en el fin de semana de cierre de las inscripciones, un poco más de 81.000. Eso significa que entre el 29 de junio y el 27 de julio se escribieron el 38 por ciento de las candidaturas, casi 51.000 candidatos. Nos preocupa la calidad en el proceso de selección de candidaturas por parte de las organizaciones políticas. Cuando un partido político avala a un candidato está diciendo que lo avala ética y profesionalmente.
SEMANA: ¿Cuál debería ser la responsabilidad de los partidos?
A.B.: Tenemos que revisar cómo logramos organizaciones políticas con democracia interna y procesos objetivos. En estas inscripciones de candidaturas se evidenció una precaria democracia interna de los partidos. Varios de ellos nos comentaron que anteriores concejales o diputados creían que tenían cupos propios y que así no fueran a participar, pensaban que contaban con espacio para poder poner una persona en la lista de manera preferencial. Eso habla muy mal de las organizaciones.
SEMANA: ¿Qué riesgo generan estos avales exprés?
A.B.: Entre 2022 y 2023 tuvimos 65 funcionarios electos con sanciones, 49 de esos no pudieron terminar el periodo, tuvimos 14 elecciones atípicas y a tres gobernadores se les anuló la elección. Tomando en cuenta la crisis de La Guajira, con 14 gobernadores en tres periodos, y de Arauca, con cuatro gobernadores en solo cuatro años, queda en evidencia una serie de crisis políticas. Esto se debe a que las organizaciones no operan de manera democrática y no están cumpliendo eficientemente sus funciones. Observamos que existen 35 agrupaciones políticas y que 14 de ellas están postulando candidatos en Cundinamarca. Esta situación plantea interrogantes que merecen atención, especialmente del CNE y la Fiscalía. Es inusual que el único departamento donde 14 de las 19 organizaciones políticas recién establecidas estén presentando y otorgando avales sea exclusivamente Cundinamarca.
SEMANA: ¿Eso pasa en otras regiones del país?
A.B.: Para poner un ejemplo, en Villavicencio hay 16 candidatos a la alcaldía, al igual que en Acacías; en Fusagasugá son 17 candidatos a la alcaldía y en Florida, Valle, 19. Cuando uno ve los tamaños de esos municipios uno se pregunta: ¿tiene un municipio como Fusa la capacidad de soportar 17 candidaturas? Bogotá tiene nueve, pero es la ciudad más habitada del país.
SEMANA: ¿Qué preocupaciones tiene la MOE sobre la financiación de las campañas?
A.B.: Estamos en una situación absolutamente crítica de transparencia. Cuando un municipio tiene muchos candidatos, van a salir a buscar recursos como sea, legales e ilícitos, y eso es lo más complicado en un país que está atravesado por diferentes economías ilegales. Si el éxito es tener más recursos para hacer más eventos, más propaganda, capacidad de movilizar ciudadanos, comprar votos u ofertar bienes y servicios a cambio del sufragio, se está promoviendo una gran cantidad de financiación por debajo de la mesa y sin la fortaleza institucional para poder hacerle el respectivo control. Pero, además, sin la capacidad de las organizaciones políticas de vigilar y controlar la fuente de financiación de los mismos candidatos que ellos avalaron. A la mayoría no los conocen y no pueden responder por sus comportamientos éticos. Hemos tomado la decisión en este país de no hacer absolutamente nada frente a eso. La compra de votos es igual a corrupción durante un Gobierno.
SEMANA: ¿Cómo se podrían evitar casos de corrupción electoral en estas elecciones?
A.B.: En estas elecciones no se puede porque el Congreso ha tomado una decisión absolutamente clara: que no se pueda. No es que no sepan o que nadie se haya dado cuenta. En los últimos procesos electorales, por lo menos desde que hacemos observación electoral, hemos visto e informado de los problemas que hay para poder tener información exacta del monto, origen y destino de los recursos de las financiaciones de las campañas. El Congreso ha tomado la decisión de no hacer absolutamente nada, de no fortalecer el CNE, de no hacer las reformas que se necesitan para darle más capacidad técnica y que esté descentralizado, y que su origen no sea partidista, para que pueda tener credibilidad de los mismos partidos. Los partidos no creen en el CNE porque saben que son miembros de sus propios partidos.
SEMANA: ¿Qué debería cambiar el Congreso para combatir la corrupción?
A.B.: Se tiene que modificar el origen del CNE, blindar la capacidad técnica, darle presencia en lo regional. El CNE tiene un tribunal electoral que empieza a funcionar cerca de las elecciones, eso es igual que nada. No tenemos informes permanentes de esos tribunales electorales y no cuentan con la suficiente capacidad y presencia para hacer sentir que son la voz de la transparencia en los territorios. Necesitamos un CNE que sea elegido de manera escalonada, porque cuando cambian a todos los miembros en unas elecciones, apenas están aprendiendo lo que viene en este proceso electoral. Tener un CNE sin suficiente capacidad técnica ha sido una determinación del Congreso de la República; en otras palabras, de quienes toman las decisiones de este país.
SEMANA: Es decir, ¿los políticos no quieren cambiar la forma en la que hacen política?
A.B.: Exactamente. O por lo menos la forma en la que se financian las campañas. Parece ser funcional no tener una institución que sea capaz realmente de ponerles tatequieto o de hacer vigilancia y que los partidos tengan más responsabilidad sobre la situación de los candidatos. Cada que uno habla de financiación estatal, todo el mundo entra en crisis porque eso implicaría que los partidos deberían tener una responsabilidad frente a la forma de manejo de los recursos y los procedimientos internos democráticos.
SEMANA: ¿Qué alertas hay sobre la violencia en las elecciones?
A.B.: No estamos en el mejor de los escenarios. Hemos tenido un incremento muy fuerte, en particular en julio, de la violencia contra los liderazgos políticos. Consideramos a este periodo electoral como el más violento desde 2014. No es que se haya dado solamente este año, sino que ha venido en crecimiento desde 2014; hubo un bajón importante en 2018, pero desde ese año hemos empezado a tener 132 hechos violentos en nueve meses en las elecciones de 2019; después, 166 hechos violentos contra liderazgos políticos el año pasado y este año llevamos 231.
SEMANA: ¿Cuál es el llamado al Estado y a las autoridades para unas elecciones más transparentes y menos violentas?
A.B.: Hay dos temas. El primero es la necesidad de establecer una coordinación efectiva entre diversas instituciones. Resulta esencial que operemos como un Estado cohesionado, en lugar de una mera suma de entidades, cada una con su propio ámbito de influencia. La clave radica en lograr un funcionamiento coordinado, basado en un diálogo transparente, continuo y una habilidad sólida para colaborar. El segundo consiste en interactuar con las agrupaciones políticas, haciendo hincapié en su responsabilidad con respecto a los candidatos. La concesión de avales no debe desligarse de la supervisión de las acciones de los aspirantes. Por último, es fundamental para la ciudadanía asumir un rol de control político.