En respuesta a la ola de masacres que se ha vivido en el país en las últimas semanas, el presidente Gustavo Petro ha optado por hacer presencia en el territorio nacional, especialmente las zonas más golpeadas por estos fenómenos.

Petro y sus ministros han estado en Ituango, en el norte de Antioquia; norte y sur de Cauca, el sur de Bolívar y ahora viajó a Neiva, Huila, a instalar los llamados Puestos de Mando Unificado (PMU), con los cuales se busca escuchar a la comunidad para “identificar rutas de trabajo hacia la protección de la vida”.

En estas instancias hacen presencia no solo el jefe de Estado y su ministro de Defensa, Iván Velásquez, sino también los altos mandos militares, los mandatarios locales y entidades como la Defensoría del Pueblo, para buscar estrategias articuladas ante estos fenómenos de criminalidad.

Sin embargo, la realidad es que con estos puestos de mando unificado el jefe de Estado, si bien hace presencia en el territorio, básicamente les ha tirado la pelota a los alcaldes para que brinden las soluciones que se esperaría lleguen desde el gobierno central.

Según lo explicó el propio Petro, la dirección de estas instancias recaerá sobre los alcaldes de los municipios en donde se instalen, “es el alcalde el que debe mandar las instituciones del gobierno nacional localizadas allí. Cuando se convoca un Puesto de Mando Unificado deben obedecer al alcalde, y el alcalde debe establecer los criterios, los planes y las acciones para defender la vida”.

Petro también le ordenó a su ministro de defensa, Iván Velásquez, que dictara la instrucción para que los alcaldes de los municipios en donde se instalen los PMU se conviertan en el mando de las fuerzas militares con fines humanitarios.

Además, el mandatario, sin que se conozca hasta el momento un plan articulado, descargó también la responsabilidad en los altos mandos militares y policiales, a quienes les advirtió que “la comisión de masacres y su impunidad en jurisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos”.

La gran apuesta del Gobierno Nacional a mediano plazo para poner fin de una vez por todas a estos fenómenos de criminalidad es la llamada paz total, que no es otra cosa que entablar diálogos con las organizaciones ilegales con miras a que se acojan a la justicia a cambio de condiciones especiales de reclusión y judicialización.

“Hay voluntad de diálogo en el Gobierno. Por eso el llamado es a que ojalá los colombianos reciban un cese multilateral al fuego, que paren las muertes y masacres, que nos permita sentarnos a construir la paz”, aseguró el ministro Prada.

Sin embargo, esta es una apuesta que puede tardar bastante tiempo y en el caso de las masacres, las comunidades exigen soluciones prontas.

Solo el acuerdo de paz con las Farc le costó al expresidente Juan Manuel Santos prácticamente dos periodos de gobierno y eso que se trataba de un grupo vertical, en el que los negociadores tenían mando sobre toda la tropa, algo muy distinto a los actuales grupos disidentes y al ELN.

Sin responsabilidad

Un hecho que ha llamado la atención en medio de este debate es que el petrismo, que antes ejercía fuerte presión para que el gobierno tome cartas en el asunto, ahora ha sacado el espejo retrovisor y asegura que esto es “herencia del gobierno Duque”.

El senador Gustavo Bolívar señaló: “el uribismo que mal gobernó años quiere culpar por masacres a Petro que lleva 22 días como presidente. Esa es la herencia del gobierno Duque. Descarados”.

Y, a renglón seguido, envió un duro sablazo al expresidente Álvaro Uribe y los militantes del Centro Democrático.

“En la nefasta ‘mano firme’ uribista se mataban inocentes mientras grupos armados aumentaban presencia. También en eso fracasaron”, expresó Bolívar.

Es decir, los sectores de Gobierno en el Congreso tampoco han asumido mayor responsabilidad, mientras que la oposición del Centro Democrático no se siente con mucha autoridad moral para reclamar sobre el tema.