En medio de la ‘fiebre’ inicial de los congresistas que recién se estrenaron el 20 de julio pasado, llegaron al Congreso tres iniciativas con las cuales los parlamentarios, tal como habían prometido en campaña, pretendían bajarse el salario.

Si hay algo que quedó muy bien ‘amarrado’ en Colombia, desde la misma Constitución Política, fue el salario de los congresistas. El aumento anual es una obligación que establece el artículo 187 de la Carta Política.

Si bien se han hecho varios intentos por reducir el salario de los congresistas, esta propuesta se enfrenta a la falta de voluntad que históricamente han tenido los parlamentarios, pero también a las complejidades jurídicas que implica esta discusión. Y esta vez, el panorama tampoco parece ser el mejor para esta iniciativa.

La primera propuesta que se radicó, la más mediática, es la que busca reducir la asignación mensual de los parlamentarios. Fue la radicada por la bancada del Pacto Histórico y sectores de la Alianza Verde, con la que se pretende poner un tope de 25 salarios mínimos a lo que reciben los congresistas mensualmente.

Actualmente, con el aumento decretado el pasado 4 de agosto por el saliente gobierno de Iván Duque, los senadores y representantes quedaron ganando cerca de 35 millones de pesos, es decir, 35 salarios mínimos a precios de hoy.

Sin embargo, el proyecto trae una ‘perla’ al final, pues asegura que esta reducción solo aplicará a partir del 20 de julio de 2026, es decir, no tendrá impacto en los actuales parlamentarios.

Lo anterior para evitar que, tal como ha ocurrido en anteriores oportunidades, los actuales congresistas se declaren impedidos a la hora de debatir este proyecto.

Esta iniciativa, no obstante, quedó hundida esta semana por falta de tiempos para debatirla. Como se trata de una reforma constitucional, para continuar con vida requiere superar mínimo cuatro debates antes del 16 de diciembre, cuando finalizan las sesiones ordinarias. Como hasta el momento no ha superado ni siquiera el primero de los debates, ya materialmente no le queda margen para culminar su trámite.

Otra de las propuestas con las que se busca reducir la asignación mensual de los senadores y representantes fue la radicada por el senador de Alianza Verde Jonathan Ferney Hernández.

Para ello, pretende eliminar la prima especial de servicios que reciben los congresistas, que es cercana a los diez millones de pesos.

“Esa prima especial de servicios es la que queremos quitar, esa es la que nosotros podemos tocar teniendo la buena voluntad de los congresistas. Quitando las excusas pendejas que siempre han estado poniendo para no hacer realidad esto, para no bajarse sus privilegios. Es posible lograrlo en cuatro debates, es posible lograrlo en un año y en este periodo, de 2022 a 2026″, manifestó Hernández.

Con esta iniciativa, los parlamentarios, a cifras de hoy, dejarían de ganar 35 millones de pesos para pasar a devengar unos 25 millones.

Esta propuesta, a pesar de que aún tiene mínimas chances de sobrevivir, se encuentra en un panorama muy difícil, pues no ha sido discutida ni siquiera en primer debate.

Por ahora, la única iniciativa con este propósito que tiene chances reales de sobrevivir es la presentada por el Centro Democrático, con la que se buscaba inicialmente poner un impuesto del 20% al salario de los congresistas hasta 2026 y a partir de ese año bajar la remuneración a máximo 25 salarios mínimos.

La reforma ya superó sus dos primeros debates y debe superar otros dos para continuar con vida en el Legislativo.

Sin embargo, en medio de la discusión esta semana, en segundo debate, fue introducida una modificación que fue considerada como una ‘jugadita’ para evitar que los parlamentarios se bajen el sueldo.

La modificación, propuesta por la senadora de Angélica Lozano, señala que ya no habrá que esperar hasta 2026 para que la remuneración de los congresistas baje a 25 salarios mínimos, sino que esto se aplique de manera inmediata, es decir, desde julio de 2023 que es cuando se tiene previsto que este proyecto culmine su trámite.

Este cambio, que finalmente fue aprobado, si bien resulta llamativo para la galería podría resultar problemático, pues abre la puerta a que pueda caerse en la revisión que debe hacer la Corte Constitucional por afectar los derechos adquiridos de los actuales congresistas.

Es decir cualquier parlamentario que se sienta perjudicado podría ir al alto tribunal a demandar la norma y la Corte le podría dar la razón, debido a que cuando se hizo elegir su salario era superior, por lo que le estarían cambiando las reglas de juego en medio del partido.

Adicionalmente, con la aplicación inmediata, se abre la puerta también para que los congresistas en los próximos debates se declaren impedidos para no incurrir en conflicto de interés.

En pocas palabras, la única reforma con chances de sobrevivir se encuentra en medio de un problema jurídico que podría provocar que, en caso de culminar todo su trámite, se caiga en la Corte Constitucional.