La Procuraduría General de la Nación ha hecho varias alertas y ha tomado decisiones contra el Sena, pero la más reciente fue una investigación contra el director establecimiento público de educación en Colombia Jorge Eduardo Londoño, la directora jurídica Manuela García; el director de la oficina de tecnologías Carlos Martín Coy, y la técnica María Ofelia Gallos Sisa por las presuntas irregularidades en la revocatoria de la licitación a través de la cual se contrataría al proveedor de servicios tecnológicos hasta julio de 2026, cuya cuantía excedía el billón de pesos.
En dicha decisión, el Ministerio Público indicó que los funcionarios citados, presuntamente, actuaron en detrimento de los principios de la contratación estatal y sin argumentos técnicos y jurídicos decidieron revocar la licitación, pese a tener una oferta valida y conforme al presupuesto destinado para tal fin. Por esa razón, se habría expuesto al Estado a cuantiosas pérdidas de recursos públicos así como a riesgos de demandas.
El órgano de control señaló que dichos funcionarios están “por determinar”. Así mismo, manifestó que indaga “presuntas falencias presentadas en el proceso de licitación pública convocado”. Entre otras pruebas, la Procuraduría pidió copia de los estudios previos elaborados, así como de las observaciones hechas al proceso y las respuestas dadas por el Sena.
Sin embargo, en el marco de una nueva licitación por más de 78 mil millones de pesos, se estaría fraguando un nuevo escándalo en materia contratación de servicios tecnológicos, ahora relacionados con los ambientes virtuales de aprendizaje, los cuales son un elemento esencial para el cumplimiento de las metas institucionales.
La formación que imparte el SENA se apoya en los procesos de formación virtual, herramienta que ha permitido una mayor cobertura, mayor calidad y flexibilidad conforme a las exigencias del mundo laboral y productivo.
Al igual que el proceso de servicios tecnológicos, la plataforma virtual de aprendizaje, es una de las condiciones sin la cual el SENA simplemente no funcionaria, pero pese a ello, el equipo directivo de Jorge Londoño no gestionó con anterioridad ni planeación la disponibilidad de recursos para las vigencias de 2022 a 2026, obligando a la entidad a acudir en el presente año a la figura de urgencia manifiesta para extender de manera anormal los contratos de los operadores que venían prestando esos servicios desde 2019.
El asunto de fondo es que como lo manifestó la Procuraduría desde julio de este año, 8 millones de aprendices y usuarios del SENA están en riesgo y se pone en duda la calidad de la formación. El nuevo proceso fue publicado por la entidad el pasado el pasado 3 de agosto y estaba presupuestado por un valor aproximado de 93 mil millones de pesos para una duración de 34 meses, es decir, mensualmente se destinarían unos 2.735 millones de pesos y la fecha de inicio estaba para el 20 de septiembre.
No obstante, la entidad obtuvo autorización de vigencias futuras hasta el pasado 11 de octubre de 2023, lo que implicó modificar el valor total del contrato y su plazo de ejecución. El nuevo valor es por la suma aproximada de 79 mil millones de pesos, para un plazo de 27 meses, es decir, 2.925 millones mensuales aproximadamente, lo que significa que el retraso implicó un aumento.
Además, durante el Gobierno Petro y la llegada de Londoño al SENA se ha evidenciado que no se está acudiendo a la modalidad de subasta inversa, con la cual se obtuvieron descuentos hasta del 48%, por lo que no hay ahorro para el Estado en las contrataciones. Para el contrato en mención, se decidió sin justificación alguna, acudir a la figura de licitación, ignorando las ventajas económicas que tiene la subasta inversa.
Por esa razón, la licitación está nuevamente bajo la lupa de expertos porque en el pliego de condiciones se estarían haciendo cambios que afectarían la calidad de la educación y generan un costo alto.
Llama la atención que durante la campaña presidencial el presidente Petro habló de educación gratuita y de calidad para los jóvenes, pero las diferentes críticas al SENA muestran que ha ocurrido todo lo contrario y en esa entidad las contrataciones están saliendo bastante costosas.
Esta licitación, una de las más grandes del país en el momento, ha estado envuelta en polémica. El objetivo del contrato es “el diseño, instalación, puesta en funcionamiento, operación, mantenimiento, soporte y gestión de los servicios tecnológicos del Sena a nivel nacional, garantizando su interoperabilidad, integración, cumplimiento del gobierno y arquitectura de TICS de la entidad, y mejora continua”.
Varias de las empresas participantes habían expresado sus quejas frente a los términos de la licitación. Y unas horas antes del cierre, Claro, uno de los grandes jugadores que podían aspirar al negocio, decidió retirarse. Por medio de una dura carta, expresó que no había garantías para participar en el proceso.