El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hasta la fecha, ha radicado un total de 539 hallazgos de presuntos de hechos de corrupción que habrían ocurridos en diferentes entidades durante la alcaldía de Daniel Quintero.
Los hallazgos fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría Distrital de Medellín, la Personería y la Procuraduría General de la Nación.
SEMANA conoció un documento en el que aparece un resumen de los 539 hallazgos, entidad por entidad, y su destino en los órganos de control y la Justicia.
Estas entidades adelantan las investigaciones. Fuentes cercanas a los procesos señalaron que, en algunos casos, la Fiscalía General de la Nación ha imputado y, en otros, la Procuraduría ha emitido autos de apertura.
En una rueda de prensa, a comienzos de marzo, el alcalde Gutiérrez reportó 501 hallazgos. Sin embargo, con el paso de los días, se han descubierto más presuntas irregularidades que han sido remitidas a las autoridades correspondientes.
Los hallazgos
Uno de los primeros hallazgos en ser mencionados por el alcalde Fico Gutiérrez fue denominado “Computadores sin futuro”, el cual presuntamente fue fraudulento y lleno de irregularidades. “Hubo modificaciones en las especificaciones técnicas del producto, después de ser adjudicado, presunta celebración indebida de contratos, presunto favorecimiento a una empresa oferente, presuntos sobrecostos por cerca de 38.000 millones de pesos, y no menos grave, un presunto peculado a favor de terceros. Durante el proceso se evidenció que la empresa oferente, que era la primera opción, no iba a cumplir con el precio que había ofrecido, pues estaba muy por debajo del precio del mercado. Conscientes de eso, deciden retirarse del proceso, y el contrato se adjudica al segundo oferente”, explicó el mandatario.
De igual manera, señaló que el contrato inició con 80 mil millones de pesos y finalizó con un valor de 118 mil millones de pesos, un aproximado de 38.000 millones de pesos en sobrecostos. El alcalde denunció que sin importar las irregularidades, los Computadores Futuro se distribuyeron y más de 9.000 de ellos fueron entregados como incentivo, lo que sería un presunto peculado en favor de terceros, una práctica sin sustento legal porque nuestra Constitución prohíbe la donación por parte de entidades públicas a particulares.