La concejal Diago le envió carta una carta formal al alcalde, Carlos Fernando Galán, para que agilice la expedición del decreto que prohíba el consumo de drogas en la capital del país. Adicional, envió otra carta a la mesa directiva del Concejo de Bogotá para que se dé celeridad al debate de su proyecto de acuerdo.
En las cartas, Diago evidencia cómo en diversas ciudades del país fue célere la expedición de este decreto, pero que en Bogotá, al parecer no es prioridad para el alcalde Galán. “¿Acaso le está siguiendo el juego al presidente Petro cuando decidió suspender el decreto de porte y consumo de estas sustancias en el país?” cuestionó la concejal.
En la carta enviada al alcalde mayor, le exigió “que su promesa electoral “Bogotá camina segura” deje de ser un eslogan de campaña y se convierta en una realidad”. Además, solicitó que la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en espacio público sea un eje estructural de su política de seguridad y se tomen acciones lo antes posible.
Adicional, mencionó: “ante la demora del alcalde Galán, solicité al Concejo de Bogotá que se debata de forma ágil y prioritaria mi proyecto de acuerdo para prohibir el consumo de drogas en los espacios públicos de la ciudad”.
El proyecto de acuerdo 130 de 2024, que propuso la cabildante, busca articular las entidades del Distrito para que trabajen con la Policía y restrinjan el consumo de sustancias psicoactivas a 500 metros a la redonda de:
- Jardines, colegios.
- Universidades.
- Estadios.
- Coliseos.
- Centros deportivos.
- Parques.
- Plazoletas.
- Estaciones de transporte público.
- Centros de salud.
- Hospitales.
- Entidades públicas.
- Restaurantes.
- Bares.
- Museos.
- Teatros.
- Bibliotecas.
- Zonas de interés cultural.
“Es increíble que se siga demorando la expedición de este decreto y también, los pronunciamientos del alcalde mayor frente al consumo de drogas. Señor Galán, le he insistido y solicitado en varias ocasiones agilidad para expedir el decreto. Los bogotanos están desesperados y quieren salir seguros a recorrer el espacio público,” declaró la concejal.
Se espera que el debate se realice la primera semana de febrero, en concordancia con la jornada de sesiones ordinarias en el cabildo distrital.
¿Qué ha dicho el alcalde Galán?
Es de mencionar que recientemente, el alcalde Galán aseguró que su administración tendría antes de que finalice enero, la reglamentación que restringe el consumo de drogas o sustancias psicoactivas cerca a parques y colegios de la capital del país.
“Espero tener con el secretario de Seguridad -César Restrepo- antes de que finalice el mes, ya la reglamentación clara de parte de la administración distrital en lo que nos corresponde, para que quede claro cómo va a operar eso a partir del mes de enero en Bogotá”, dijo el mandatario de los capitalinos desde la localidad de Ciudad Bolívar.
“Ustedes saben que ya la normatividad y la orden de la Core Constitucional implica una responsabilidad que tenemos los gobiernos locales de tomar decisiones que permitan cumplir dos objetivos: por una parte, garantizar lo que está establecido en términos del consumo, es decir, que no se puede prohibir de manera general el consumo de sustancias psicoactivas en nuestro país, pero sí se puede restringir y esa labor la tenemos que cumplir las autoridades locales y la vamos a cumplir”, agregó Galán.
Además, el alcalde advirtió que su administración luchará de frente contra el flagelo del microtráfico en la capital del país.
En mayo del año pasado, la Corte Constitucional declaró exequible la restricción al porte y consumo de sustancias psicoactivas en parques y espacios públicos con el objetivo de “proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Sin embargo, estableció que esta restricción no se aplica cuando se trata del porte con fines de consumo propio (dosis personal) o de dosis medicada.
La decisión la tomó en respuesta a las demandas presentadas por ciudadanos que argumentaban que estas restricciones violaban el principio de dignidad humana y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como el derecho a la salud. Los demandantes, los abogados Jesús Castiblanco y Alejandro Matta, consideraban que las normas sancionaban de manera desproporcionada a las personas que necesitaban consumir sustancias psicoactivas por razones de salud.