A finales del mes de mayo el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, alertó por un presunto caso de corrupción en la Secretaría de Educación del departamento y por eso acudió a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a fondo la información encontrada. Aunque en ese momento no dio mayores detalles, ya reveló información concreta sobre lo que está pasando.

Aunque la cuantía del presunto detrimento en esa entidad del departamento aún está por determinarse, Zuleta pidió a las autoridades celeridad en las investigaciones para establecer responsabilidades y poder saber realmente la magnitud de lo que está pasando.

El gobernador contó que según las investigaciones que hicieron funcionarios de la Gobernación, se encontraron varias irregularidades que mostrarían cómo varias personas fueron vinculadas a la anónima del Magisterio sin ser docentes y gozando de todos los beneficios que tienen los educadores. Los hallazgos mostrarían que de esta manera se estaban desviando los recursos y se estaría pagando a personas que ni se conocen en la Secretaría de Educación.

“Se presume que la persona, o las personas responsables estarían utilizando las cédulas de ciudadanos incautos para inscribirlos como docentes sin serlo y hacerlos pasar como afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de obtener el dinero de las remuneraciones y prestaciones sociales”, dijo el gobernador Erasmo Zuleta.

Contó que todo se empezó a investigar por una denuncia de una persona que, al parecer, le usaron su cédula para hacer ese ilícito y desde ahí se le puso la lupa al tema para saber qué estaba pasando. ”Esta persona testificó haber sido engañada por un desconocido que lo abordó en la calle y le ofreció un subsidio de $200.000, para lo cual entregó su cédula de ciudadanía y le abrió una cuenta bancaria”, reiteró.

En un comunicado de la Gobernación de Córdoba se amplió la información y se reveló que la persona que denunció supo lo que estaba pasando porque en la Entidad Promotora de Salud (EPS) le informaron que estaba afiliado al Magisterio, pero él no era docente.

Estos recursos de la Gobernación de Córdoba tienen como objetivo ser destinados para el pago de nómina y demás prestaciones de docentes del sector público, que se encuentran debidamente registrados y realmente prestan sus servicios en las distintas instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento”.

Por esa razón, en la denuncia que se radicó ante la Fiscalía se pide determinar cómo funciona la operación ya que, incluso, se abrieron varias cuentas bancarias para realizar los pagos que incluyen vacaciones, salarios, primas y otras bonificaciones durante más de seis meses.

Aunque la Gobernación de Córdoba ya tiene información sobre algunas personas que estarían detrás de este ilícito, decidió no revelar los nombres para no entorpecer las investigaciones y que sea la Fiscalía la que determine si dichos funcionarios participaron o no del detrimento.

La Fiscalía dijo que dará celeridad a estas investigaciones para evitar que se pierdan más recursos y dar con los responsables de este hecho que ha generado bastante polémica en el departamento de Córdoba.