El representante a la Cámara, Andrés Calle, sigue dando de qué hablar y no precisamente por su labor legislativa. El congresista, que en los últimos meses se ha visto enredado con varias polémicas, ahora tendrá que responder por temas ambientales como consecuencia de una construcción que se habría hecho sobre un humedal.
Se trata de una investigación de la Corporación Autónoma Regional de los Valles de Sinú y de San Jorge, donde se encuentra responsable a Andrés Calle (representante a la Cámara de Córdoba) y a Gabriel Calle (posible candidato a la gobernación de Córdoba) como responsables por la construcción de una vivienda en el humedal Furatena que hace parte de una estructura ecológica en Córdoba.
Aunque el poderoso clan Calle apoyó al presidente Gustavo Petro, que en su programa de Gobierno incluyó la preservación del medio ambiente y señaló que quien atente contra el ecosistema debe ser sancionado, al parecer, esto no les importo y según el documento de la investigación administrativa hicieron la vivienda sobre el humedal.
El humedal está a pocos kilómetros del casco urbano de Montería y según las denuncias, los Calle no tuvieron en cuenta las consideraciones ambientales que prohibían hacer construcciones en ese lugar.
La resolución de la CAR donde se encuentra como responsables a los Calle dice que se cometió una infracción y deberán responder por dicha construcción y reforestar la zona afectada.
“Conforme a lo anterior, queda evidencia que los señores Andrés Calle y Gabriel Calle, fungían como propietarios del predio, según consta en el certificado de libertad y tradición a la fecha de realización de tales obras”.
En la parte resolutiva del documento se indica que Andrés y Gabriel Calle deberán pagar una multa superior a los 35 millones de pesos y adelantar varias medidas de compensación por la obra que adelantaron.
“Desarrollar un estudio técnico en el término de dos meses que permita comprender la dinámica hidrológica e hidráulica en la zona (...) Dado el caso que el estudio lo determine, proceder a la demolición de obra, la cual consiste en la destrucción a costa del infractor de una obra bajo parámetros técnicos establecidos por la autoridad competente”.
Además, se indica que los infractores deberán costear la demolición o que, en caso contrario, la autoridad ambiental procederá a adelantarla y los gastos serán cobrados mediante un proceso ejecutivo.
“Se requiere la reforestación de una hectárea, lo que se obliga a la siembra de especies nativas bajo la naturaleza de bosques productivos que deberán ser registrados”.
Se agrega que: “deberán promover la recuperación de las funciones naturales de este ecosistema por medio de la intervención humana, así mismo realizar actividades donde se promueva el desarrollo de los procesos de recuperación en aquellas actividades donde se promueva el desarrollo por la destrucción humana”.
Todo este proceso administrativo inició en 2022, cuando se formuló la denuncia y en marzo se tomaron decisiones finales que podrán ser apeladas por parte de Andrés y Gabriel Calle. Sin embargo, diferentes sectores políticos han advertido que a pesar de las advertencias, las obras siguieron sin problema alguno.
La resolución fue compartida con la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de Córdoba para que conozcan el caso y tomen las decisiones pertinentes.
Por ahora, Andrés y Gabriel Calle no se han pronunciado sobe esta investigación administrativa y sus abogados darán a conocer próximamente si apelarán la resolución, ya que a ello tienen derecho.
Andrés Calle es un firme candidato para la presidencia de la Cámara en la segunda legislatura, pero este enredo ambiental podría poner en riesgo su postulación, pues desde el Pacto Histórico han dicho que no apoyarían a una persona con enredos ambientales.