El Centro Democrático, el partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro, no escondió su indignación tras conocer los explosivos chats que reveló SEMANA del superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, quien, sin mayor sonrojo, ordenaba “echar uribistas” de las cajas de compensación familiar que él vigila y que le nombraran a su gente.
El congresista por Bogotá, Andrés Forero, consideró que lo del superintendente “es vergonzoso y debe renunciar”. Y se preguntó: “¿El cambio consistía en llegar al poder para convertir las cajas de compensación intervenidas en fortines burocráticos?”.
La senadora, Paloma Valencia, tampoco ocultó su molestia. “Así gobiernan. Piden nombrar a recomendados, despedir a los uribistas, ascender a sus favoritos en una caja de compensación que el gobierno tiene intervenida. A los directivos les pide, además, 50 millones de pesos para financiar la Paz Total”, dijo.
Por su parte, la senadora antioqueña del Centro Democrático, Paola Holguín, dijo que ese era el “cambio con C de corrupción”.
El escándalo estalló luego de que un listado de chats llegaran hace algunas semanas al Juzgado Laboral del Circuito de Montería.
Se trata de conversaciones explosivas y muy comprometedoras entre un alto funcionario del gobierno Petro y una trabajadora de Comfacor, la Caja de Compensación de Córdoba.
En estos mensajes, el hoy superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, le pide sin ninguna pena ni tapujo a la directora administrativa de la caja, Diana Marcela Vásquez, contratar recomendados, despedir a quienes considera miembros de la oposición y ascender a quienes tienen su guiño.
Vásquez asegura que fue despedida por no haber seguido sus instrucciones y, por eso, presentó una demanda laboral pidiendo el reintegro a su trabajo. Esa petición la sustenta contando lo que para ella fue la verdadera causa de su retiro del trabajo: no haber accedido a las peticiones del superintendente de convertir en un fortín político la entidad. Para eso, Vásquez aportó todos los chats que tuvo con él.
SEMANA reveló que cuando Vásquez se posesionó, recibió una instrucción contundente: “Envía por favor un oficio a todo el personal directivo pidiendo sus renuncias protocolarias. Atenderás y priorizarás a quienes lo hagan. A los demás los desvincularemos progresivamente”, le decía el ‘súper’.
Desde ahí, los chats que le enviaba el alto funcionario se referirían solo a instrucciones frente a sus recomendados. En los chats se puede ver cómo le remite hojas de vida, una tras otra.
En todos los mensajes que recibió Vásquez hay uno especialmente grave. El 2 de diciembre de 2022, el superintendente le escribió: “Diana, todas las cajas están contribuyendo a esta iniciativa de paz total en Buenaventura. Las cajas intervenidas están aportando 50 millones. Te envío la cuenta del obispo de Buenaventura”.
Que la persona que vigila las cajas de compensación les pida plata para una causa que promueve el Gobierno no solo es extraño, sino que podría ser ilegal, pues los funcionarios públicos tienen prohibido hacer colectas para fines privados.
La historia fue confirmada por otro directivo de cajas, Jorge Alejandro Gómez, quien hasta esta semana fue el director de Comfenalco Antioquia. Tras 26 años de trabajo, fue removido de su cargo, una vez la entidad fue intervenida por la Superintendencia.
“A mí directamente me llamó y me dijo que en Buenaventura se estaban matando los niños y los jóvenes. La causa era muy loable, pero al hacer el análisis de poder disponer los recursos para eso, no accedí. No tuve cómo justificar enviar un dinero a un particular que no estaba destinado para programas de nuestros trabajadores y sus familias”, le dijo a SEMANA.
Aclaró que el alto funcionario le hizo la petición de manera muy amable, que el objetivo le parecía valioso, pero que él nunca encontró cómo justificar este gasto y por eso no lo hizo.
Hasta la mañana de este sábado, Luis Guillermo Pérez no se ha referido al tema, pero claramente el contenido de los chats lo dejan mal parado ante la opinión pública y la justicia.