En la administración de Gustavo Petro se han destapado múltiples escándalos y casos de posible corrupción a raíz de alertas tempranas y sugerencias de personas que saben cómo funciona el Gobierno. A pesar de que la Casa de Nariño cuenta con una Secretaría de Transparencia y se ha comprometido con desterrar las irregularidades, todo apunta a que han pasado por alto varias advertencias sobre una de sus entidades.
Se trata del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (Ipse). Con un presupuesto de más de 280.000 millones de pesos, promete conectividad y energía a los territorios más olvidados del país. La entidad forma parte del Ministerio de Minas y Energía, cartera que ha recibido múltiples denuncias por irregularidades y presunta corrupción desde el inicio del Gobierno.
SEMANA tuvo acceso a algunas de ellas, las cuales hablan de funcionarios que estarían manejando a su antojo la contratación de esta entidad. Incluso, en uno de los casos, un congresista del Pacto Histórico replicó la alerta, pidiéndole al ministerio investigar lo que está ocurriendo.
La primera denuncia que llegó a la cartera del Gobierno fue radicada el 28 de noviembre de 2023, a nombre de “un grupo de funcionarios del Ipse”, que no se identifican por nombre. Este grupo se dirige tanto al ministro Andrés Camacho como a Danny Fernando Ramírez, director del Ipse, sobre lo que ocurre en la Subdirección de Contratos, que desde 2020 lideraba Lisbeth Villa Carpio.
“Nos permitimos un grupo de funcionarios del Ipse denunciar por este medio las irregularidades presentadas en la Subdirección de Contratos, donde la señora Lisbeth Villa realiza contrataciones a dedo, a todos los amiguitos de ella y además presenta varios problemas de acoso laboral”, expresa el documento.
Los trabajadores dicen que los hace “parecer estúpidos” y narran que ella asegura que en la entidad “no se cumplen las órdenes”. Además, se refieren a Villa Carpio como la esposa de Javier Campillo, quien fue el primer director de la entidad en el Gobierno Petro y ahora es viceministro de Energía, estatus que, según el documento, habría utilizado a su favor.
“Amenaza con enviarnos a la Contraloría, cuando el problema es ella. Lo hacemos ahora, que llega el nuevo director, para que le quiten la venda de los ojos y le cuenten realmente quién es esa señora. Esperemos se abra una investigación pronto”, concluye el grupo de funcionarios en la denuncia.
La segunda denuncia, con fecha del 20 de diciembre de 2023, no fue a nombre de un grupo, sino del ciudadano Jairo Duván Daza Zuberia, quien aportó su número de cédula y también habló de Villa Carpio. El escrito fue enviado a Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Secretaría de Transparencia de la Presidencia, asegurando que existe “corrupción” en el Ipse bajo José David Insuasti, quien dirigió la entidad desde 2020 hasta septiembre de 2022.
Asegura que la situación se dio “de manera sistemática y articulada”, y menciona a la exsubdirectora de Contratos y Seguimiento. Dice que, junto a la anterior secretaria jurídica, “se apoderaron de millonarios contratos del Ipse, adjudicándolos de forma fraudulenta a cambio de grandes comisiones de dinero”. Y advierte sobre un “círculo de corrupción”, por el que ruega que desde el Ministerio de Minas y Energía se investigue “seria y urgentemente”.
El hombre asegura que se implementó una “estrategia” de contratar por medio del mercado de compras públicas. Con la llegada del Gobierno Petro, según el denunciante, “igualmente son manipulados por estos personajes, seleccionando a sus conocidos de siempre para su beneficio personal”.
Y hace una fuerte denuncia sobre los proyectos que adelanta la entidad, asegurando que no se implementan en los territorios adecuadamente. “Los contratos se desarrollan en regiones alejadas que habitan indígenas y campesinos, a quienes un cerrado grupo de contratistas y funcionarios les hacen firmar listados de asistencia a capacitaciones y socializaciones que no realizan a cambio de refrigerios, con lo cual legalizan millonarios recursos”, precisa.
Finalmente, pide investigación de los entes de control y asegura que Villa Carpio tiene “apartamentos, bienes inmuebles e inversiones, gracias al porcentaje que cobran del 15 por ciento sobre cada contrato que adjudican”.
Andrés Cancimance, representante a la Cámara del Pacto Histórico, también radicó la denuncia en el Ministerio. “Dada la gravedad de lo denunciado, solicitamos respetuosamente se adelanten las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos fiscales, disciplinarios y –de ser el caso– penales que dan lugar a la denuncia que se traslada”, escribió el congresista, quien pidió ser notificado sobre los resultados.
Luego, el 19 de enero, se insistió en la denuncia, asegurando que Villa Carpio salió de la entidad “muy tranquila, sin que se le investigara”.
SEMANA se comunicó con Villa Carpio, quien negó las acusaciones de las denuncias radicadas. Además, dijo que las conoce desde que fueron radicadas en el Ipse. “Nunca tuve inconvenientes con ninguna de las personas que tenía a cargo, no había ninguna queja en Comité de Convivencia”, dijo.
Y añadió que su salida del Ipse se dio por “motivos personales” y no por las quejas radicadas en su contra: “Llevaba mucho tiempo en la institución, estaba cansada e iba a iniciar una maestría. Necesitaba tiempo para mí”.
Frente a su relación sentimental con el entonces director de la entidad, la exfuncionaria, que estaba encargada de toda la contratación, evadió la pregunta, a tal punto que decidió colgar la llamada con una periodista de SEMANA.
Por otro lado, José David Insuasti, exdirector del Ipse, respondió a las acusaciones sobre lo que ocurrió en su gestión asegurando que no tiene ninguna investigación en curso a raíz de las denuncias.
“Siempre durante mi carrera he actuado con transparencia y rectitud, consciente de que todas mis actuaciones son sujetas de escrutinio, pero también esperando que dicho escrutinio sea riguroso”, indicó.
Y aseguró que existen dudas sobre la identidad de la persona que denuncia a nombre propio, dado que su número de cédula no coincide con el nombre en bases de datos consultadas por el exfuncionario. Insiste además que los hechos que expone el documento son “falsos”, así como la identidad del “supuesto denunciante”.
En las últimas semanas, a la entidad han llegado denuncias contra María José Dangond, nueva secretaria jurídica de la entidad. En ellas también se habla de posibles maltratos, así como supuestas irregularidades en la contratación.
“Se vienen realizando presiones a funcionarios, con la finalidad de realizar contratación de personas que no cumplen con los perfiles requeridos o necesarios para el desarrollo de la misión institucional”, dice el documento.
Y agrega: “Viene ejerciendo maltrato laboral a los funcionarios de la entidad, realizando amenazas y utilizando su poder de control disciplinario para presionar en la toma de decisiones”.
También expresa que quienes llevan “muchos años” ven la situación “con preocupación”, incluso calificándola de “maltrato psicológico”.
“Señores entes de control, vemos con preocupación cómo desde el Ipse se presionan a funcionarios y se les quita de las coordinaciones de trabajo por no acatar las órdenes de amañar contratos y realizar chanchullos”, concluye.
Este documento también fue enviado a Procuraduría, Contraloría y Fiscalía por el denunciante, que solo expresa que se encuentra dentro de la misma entidad.
Incluso, en otra denuncia, enviada por el mismo correo electrónico, la califican como una “todopoderosa” en la entidad, al denunciar que no se han nombrado a quienes pasaron un proceso de selección en el segundo semestre de 2020, manteniendo a quienes están en provisionalidad.
Las denuncias, que hasta el momento parecen ser ignoradas por el Gobierno nacional, han llamado la atención de sindicatos, congresistas y demás trabajadores del sector energético.
SEMANA consultó al Ipse sobre las alertas que reciben en sus buzones, asegurando que todas llegan a un Comité de Convivencia Laboral y no haber recibido ninguna queja directa de algún funcionario: “Aquellas de naturaleza anónima han sido tramitadas conforme a lo dispuesto por el Código General Disciplinario”.
Y resaltan que es una entidad “de puertas abiertas” que está dispuesta a “atender cualquier inconformidad de funcionarios y colaboradores”. Al mismo tiempo, hizo un llamado para que las denuncias “sean radicadas de manera formal ante los organismos competentes, con el fin de que se adelanten las investigaciones a que haya lugar”.
Además, critican a quienes denuncian de forma anónima, “sin asumir la responsabilidad que conlleva”.