Mientras Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) sigue desaparecido, la Contraloría General reveló los resultados de una indagación preliminar: hay 10 resultados alarmantes, en medio de la contratación de 40 carrotanques que generó un remezón en la entidad.
Tras una minuciosa investigación, la entidad encontró que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no presentó los estudios previos y de análisis de la necesidad que sustentaron con suficiencia lo encontrado mediante la orden de proveeduría 192-2023, “ni tampoco los estudios de mercado que soportaran el valor unitario pagado por la compraventa de estos carrotanques”, se lee en el informe de 19 páginas que divulgó la entidad.
La UNGRD, añade, no presentó un plan de acción específico para la logística, funcionamiento, aprovisionamiento y distribución adecuada del agua potable a suministrar a las comunidades de Uribia y zonas rurales.
“Es evidente que no hubo una selección idónea y objetiva de las 3 empresas que presentaron cotización para esta orden de proveeduría”, destacó el organismo fiscal.
Primero, porque los objetos sociales de las 3 empresas cotizantes y particularmente de la adjudicataria, Impoamericana Roger SAS, no incluyen la venta de carrotanques.
Además, las actividades económicas que registra esta empresa no se ajustan al objeto indicado en la orden de proveeduría suscrita por la UNGRD.
Según la Contraloría, resulta “inexplicable” que una empresa como Impoamericana Roger S.A.S, con un patrimonio neto en el 2023 de 207.462 millones de pesos y con un escaso capital de trabajo del mismo valor, sea escogida e invitada a cotizar y resulte adjudicataria de una compraventa de carrotanques por 46.800 millones de pesos.
“Se pudo establecer que hubo una sorprendente celeridad en el trámite y suscripción de la citada orden de proveeduría, máxime cuando se trataba del suministro de unos carrotanques cuyo componente principal eran unos camiones o chasises que debían ser importados y nacionalizados en unos plazos muy cortos, salvo que el distribuidor Kenworth de la Montaña los tuviera disponibles para entrega inmediata”, se lee en el documento oficial.
Como si fuera poco, la Contraloría encontró que en este proceso de compraventa de carrotanques “no hubo competencia entre los cotizantes y que todo estuvo dirigido a que resultara como adjudicataria la empresa Impoamericana Roger S.A.S, que, justamente, presentó la oferta más alta y la que tenía la menor capacidad y experiencia para este tipo de suministros”.
Los 3 proveedores que fueron escogidos por la UNGRD para que presentaran cotización para la compra de 40 carrotanques “tienen relaciones familiares, comerciales y personales entre ellos, por tal razón, la entidad no realizó una selección que evidenciara competencia, objetividad y transparencia en el proceso de selección y adjudicación”.
Para rematar, dice que no hubo una planeación adecuada de la entidad para garantizar la debida operatividad y solución al problema del agua, “toda vez que el aprovisionamiento del líquido no está asegurado”. Tampoco están establecidas las comunidades beneficiarias ni la ruta para llegar a ellas.
“Dado que se entregaron, recibieron a satisfacción y pagaron 9 carrotanques con capacidad volumétrica inferior a la contratada (15.000 litros), se determinó un incumplimiento de las obligaciones establecidas en la orden de proveeduría suscrita por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, se lee. Y, como consecuencia de ello, se determina “un presunto detrimento patrimonial al Estado por haberlos pagado sin el pleno cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas”.
Aunque la UNGRD informó que estos carrotanques fueron comprados para contribuir a superar la situación del desastre nacional en La Guajira, los mismos solo empezaron a utilizarse a partir de febrero de 2024, es decir, 3 meses después de ser recibidos a satisfacción y 2 meses después de haber sido pagados al proveedor.
De momento –añadió la Contraloría–, “la UNGRD no ha presentado la necesaria certificación de la debida desinfección de los tanques en acero inoxidable, habida cuenta de que fueron adquiridos para distribuir agua potable a las comunidades de Uribia y zonas rurales”.
Ante este escenario tan preocupante, el organismo fiscal dice que se han podido establecer hechos y conductas que podrían acarrear presuntas incidencias fiscales, disciplinarias y, eventualmente, penales. Por eso, recomiendan al contralor general la declaratoria de impacto nacional de los hechos objetos de la indagación preliminar.
De esta forma, se podrán ampliar y profundizar las investigaciones para establecer con precisión lo ocurrido y las presuntas incidencias.
También recomienda establecer como presuntos responsables fiscales al exdirector general de la UNGRD, Olmedo López, además del exdirector general y los exsubdirectores general y de atención de desastres, además de los representantes legales de las 3 empresas que presentaron cotización.