El tema de los carros blindados es un asunto que cada año genera indignación en los colombianos porque el Congreso debe gastar millones de pesos en el alquiler de camionetas de lujo y blindadas para la protección de los legisladores. Aunque en 2022 muchos de los congresistas electos no tenían ningún problema de seguridad, de un día para otro pasaron de un nivel de riesgo ordinario a extraordinario y de inmediato recibieron su esquema de seguridad.
El nivel ordinario es el que tienen todos los colombianos que día a día están expuestos a la delincuencia, a los amigos de lo ajeno y que en cualquier situación podrían resultar afectados. Sin embargo, el Ministerio de Justicia explica en sus cuentas oficiales que el riesgo extraordinario es aquel que padecen las personas como consecuencia directa “del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias.
Este riesgo genera la protección especial del Estado”. Esto significa que por el simple hecho de haber llegado al Legislativo, todos los senadores y representantes “adquirieron” un riesgo y del bolsillo de los colombianos hay que pagarles los carros blindados y los escoltas por medio de los impuestos.
Todos los congresistas tienen mínimo una camioneta blindada, aunque según el caso pueden tener dos o tres, dependiendo del estudio que se les haga a cada uno de ellos. La Policía se encarga de hacer ese análisis y claramente los resultados no son públicos argumentando razones de seguridad. No obstante, siempre se ha dicho que dichas revisiones no son las indicadas y que es un examen estándar en el que todos resultan estando supuestamente expuestos.
El asunto de fondo es que para cubrir esa necesidad de camionetas blindadas, los directores administrativos de Senado y Cámara deben celebrar convenios interadministrativos con la Unidad Nacional de Protección en los que ambos ponen recursos públicos en una bolsa común para dicho fin.
Por ejemplo, la Cámara firmó el 30 de enero de 2024 el convenio por un valor de 84.000 millones de pesos hasta diciembre de este año para garantizar la movilidad y seguridad de los legisladores. Lo curioso es que desde el 16 de febrero varios congresistas empezaron a recibir camionetas nuevas Toyotas Prado modelo 2023 y con un blindaje Nivel IIIA. Aunque las que tenían los legisladores eran 2020, los convenios indican que se debe hacer ese cambio por seguridad, pero lo cierto es que ya andan estrenando carro.
Llama la atención que en medio de la discusión nacional sobre los problemas económicos del país, algunos de los congresistas del Pacto Histórico hayan sido los que recibieron los carros nuevos, como María Fernanda Carrascal o Pedro Vacca, entre otros. El presidente de la corporación, Andrés Calle, tiene asignadas cuatro camionetas, dos de las cuales son de último modelo.
Pero el asunto no para ahí porque a algunos congresistas les están ofreciendo camionetas Mercedes-Benz 2024, aunque se desconoce el criterio con el que lo hacen. Actualmente, cada camioneta Prado tiene un costo de 18 millones de pesos mensuales por contar con un blindaje Nivel IIIA. Con la llegada de las camionetas Mercedes-Benz, el valor del arriendo podría aumentar unos 7 millones de pesos por cada carro en los mismos 30 días.
Hace una década, el Congreso dejó de comprar los vehículos y empezó a implementar el modelo de renting o alquiler a través de la UNP para ahorrar gastos de mantenimiento, llantas, cambios de aceite y repuestos. No obstante, también se lleva una década discutiendo sobre si realmente todos los congresistas necesitan tener carros blindados.
Algunos se preguntan si estos se justifican, ya que solo los transportan de un edificio en Bogotá al Congreso. Además, ciudadanos que viven en la Zona T o en la Zona G se quejan constantemente, pues son esos mismos esquemas de seguridad los que obstaculizan el paso y generan trancones.