Tras cumplirse un año de la detención de los exmilitares colombianos en Haití, acusados del asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moïse, a los connacionales aún no se les ha legalizado la captura; ni siquiera hay un expediente para iniciar su proceso y, según su abogada, Sandra Macollins Garvin, fueron torturados y son usados como escudo humano en caso de motín.
Los connacionales se encuentran detenidos en Haití desde julio del año pasado acusados del asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moïse. Por este hecho fueron detenidas 40 personas, entre ellas 18 de origen colombiano.
Para atender esta situación, el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Echeverri, junto al equipo jurídico de la Cancillería, sostuvo una reunión con los abogados de los detenidos y algunos representantes de las familias. En el encuentro se abrió una pequeña luz de esperanza.
En primera instancia, el Gobierno nacional determinó que puede adelantar acciones diplomáticas para interceder ante el Gobierno de Haití, para lo cual solicitó a los familiares de los detenidos aceptar estas labores y además se anunció que en cabeza de la Cancillería se presentará un habeas corpus, figura que busca que los exmilitares sean llevados ante un juez.
Por otro lado, la Cancillería manifestó su voluntad para tener un delegado en Haití para recibir el dinero que las familias les envían a los colombianos para sus necesidades básicas y la recepción de algunas encomiendas que envían desde Colombia. Esto, teniendo en cuenta que los envíos son muy costosos, y en ocasiones anteriores se ha extraviado lo que se ha enviado.
Las familias insisten en un juicio justo, sin impunidad, en el cual el Gobierno interceda ante organismos internacionales y otros estados para un debido proceso.
Hace algunos días, la canciller Marta Lucía Ramírez, consciente de la situación, programó una visita al país centroamericano para verificar por cuenta propia la situación.
El viaje estaba programado para el martes 12 de julio, pero según conoció SEMANA, se vio frustrado debido a que no estaban dadas las condiciones para que Ramírez se acercara a una cárcel que es controlada en sus alrededores por bandas criminales. No había garantías.
La difícil situación política y social que se vive en Haití ha llevado a que tanto al interior como al exterior de las cárceles sea controlado por los grupos criminales, sin que el Gobierno de ese país pueda garantizar mayores condiciones de seguridad.
Antes de dejar su cargo, la vicepresidenta tiene la intención de reunirse con los exmilitares colombianos detenidos, pero la posibilidad es cada vez más remota, pues la administración de Iván Duque está a menos de un mes de finalizar y en Haití las condiciones no permiten este tipo de visitas.
Según le dijo a esta revista la abogada Macollins, justamente esta precaria situación es la que genera mayor preocupación en los familiares de los detenidos, quienes estarían en riesgo de ser asesinados.
“Están en una cárcel que tiene medidas cautelares de la Comisión Internacional de Derechos Humanos por su peligrosidad. Los marshall de la cárcel están cerrando las celdas de a tres días y luego, cuando van a abrir las puertas y van a ingresar a otros los patios, los sacan a ellos, los ponen de escudo humano para poder ingresar a los patios, los ponen ahí como para ver si los matan o si se arma un motín; ellos son como los más visibles en toda la cárcel. Se han dado cuenta, según información que les ha llegado, de que la idea es que se arme el motín y que ellos sean asesinados”, manifestó la abogada.
La canciller calificó lo sucedido con estos connacionales como una situación “totalmente irregular”.