La Cámara de Representantes estudia el octavo y último debate de la reforma al sistema general de participaciones que promete modificar la manera en la que se distribuyen los ingresos públicos en el país.
El articulado será estudiado esta semana en la plenaria en un escenario en el que se vaticina que sería aprobado en el Congreso después de dos vueltas legislativas y en medio de un particular escenario: los administradores locales piden que les sean girados más recursos a las regiones y la oposición advierte que el proyecto podría dejar desfinanciado al Gobierno nacional.
Se trata del proyecto de acto legislativo que pretenden fortalecer la autonomía fiscal de los departamentos, distritos y municipios modificando los artículos 356 y 357 de la Constitución Política que comenzó su trámite en febrero de 2024 y que en menos de diez meses logró pasar siete debates en el legislativo.
De esta manera, se modificaría la distribución que se le da al presupuesto general de la nación para incrementar el rubro de los giros a las administraciones locales.
“Los recursos del Sistema General de Participaciones se destinarán a financiar las competencias a cargo de las entidades beneficiarias, dándoles prioridad a los derechos y servicios de salud, educación preescolar, básica, media y superior, y agua apta para el consumo humano y saneamiento básico con el fin de cerrar las brechas sectoriales y territoriales. . Los recursos del Sistema también se utilizarán para la financiación de otros sectores dentro del propósito general”, se lee en el texto.
El sistema general de participaciones es el mecanismo que usa el Gobierno para transferirle recursos a los municipios, distritos y departamentos para tareas como los servicios básicos de educación, salud y saneamiento básico. Ese formato se estableció en la Constitución de 1991, que determinó que la nación transferiría el 20% de los ingresos corrientes para las regiones.
Sin embargo, con la eventual entrada en vigencia de la reforma al sistema general de participaciones ese porcentaje pasaría al 46,5%, lo que significa que casi la mitad de los recursos públicos que recauda el Estado quedarían bajo la administración de las administraciones locales y no del Gobierno nacional.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, defiende que este proyecto de acto legislativo “responde a una demanda insatisfecha de las regiones para contar con más autonomía financiera y administrativa y es la forma, además, para permitir que el Estado lleve toda su oferta a los territorios. De ser aprobada, la Reforma entraría en vigencia en 2027, después de que el Congreso expida una Ley de Competencias. El proyecto determina que se transferirán recursos y competencias gradualmente durante 10 años”.
Los detractores de ese articulado advierten que su aprobación podría significar la quiebra del Estado en el orden nacional, mientras que desde las regiones los administradores locales aseguran que necesitan que se les giren más fondos para poder cumplir con sus obligaciones.
La plenaria de la Cámara que definirá el futuro del sistema general de participaciones comenzó hacia el medio día de este martes (2 de diciembre).