Esta semana empezó a moverse en las comisiones económicas del Congreso una proposición que ha dejado a más de un sector político perplejo.
Se trata de una iniciativa que lideran algunos parlamentarios, entre ellos, Jorge Eliécer Salazar, del Partido de la U, y que pretende, entre otras, construir un nuevo edificio para la Cámara de Representantes argumentando hacinamiento y otros problemas de espacios.
SEMANA conoció la proposición y busca textualmente “adicionar a la sección 0101 del Artículo 2 del proyecto de Ley 090 de 2024, Cámara por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 recursos de funcionamiento e inversión de la siguiente manera”.
Explica, según la iniciativa, la necesidad de adicionar 15.000 millones de pesos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad y protección en los desplazamientos de los servidores públicos de la Cámara de Representantes y otros 120.000 millones de pesos para la “ampliación y fortalecimiento de espacios físicos de la Cámara en Bogotá”.
La proposición no especifica de qué se trata, pero en los pasillos del Legislativo está claro que la ampliación y el fortalecimiento de los espacios sólo se lograría con la construcción de un nuevo edificio. El tema no es nuevo y ya se ha venido ventilando sin éxito desde años atrás.
En esta oportunidad se desconoce si la intención prospere. Sin embargo, anticipadamente ya tiene más de un respaldo, entre ellos, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca.
“Tener espacios dignos de trabajo para los trabajadores del Congreso no es un lujo. Ver jóvenes y funcionarios de planta en hacinamiento, trabajando en los pasillos o en sus casas es algo inhumano. Apoyo la idea de un edificio de oficinas para los trabajadores del Congreso”, escribió en sus redes sociales.
En la proposición también se pide adicionar un artículo nuevo al proyecto de Ley 090 de 2024 y es la creación del fondo para la infraestructura del Congreso como un patrimonio autónomo construido mediante la celebración de un contrato de fiducia mercantil entre la Dirección General Administrativa del Senado, la Dirección Administrativa de la Cámara, ya sea de forma individual o conjunta, y una sociedad fiduciaria pública.
“El objeto de este fondo será la administración eficiente de los recursos destinados a financiar, diseñar, construir, mejorar y mantener la infraestructura física y tecnológica y otros servicios del Congreso”, se lee.
El fondo será financiado por aportes provenientes del Presupuesto General de la Nación, aportes de entidades públicas, donaciones, recursos de cooperación nacional e internacional, y cualquier otro recurso de destinación específica dirigido al fondo.
“Los recursos y rendimientos generados por el fondo se distribuirán entre las subcuentas que esta cree para el desarrollo de sus propósitos pudiendo operar la unidad de caja conforme a las condiciones presupuestales”, añade.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no se ha referido al tema que salta a la opinión pública en medio de un momento de tensión entre la Casa de Nariño y el Congreso por la aprobación del proyecto de presupuesto de 2025 que, a juicio de la oposición y sectores independientes, está desfinanciado.