En el Planetario de Bogotá, en una sentida ceremonia, el Estado pidió perdón por el crimen de la líder política Gloria Lara de Echeverri, el cual se registró en 1982, con su secuestro el 23 de junio de ese año y su posterior asesinato el 28 de noviembre.
Han transcurrido más de 40 años, sin que aun la justicia profiera las sanciones penales en contra de los responsables; hecho que ha profundizado la tragedia familiar, ya que después de agotar todas las instancias judiciales nacionales se tomó la decisión de elevar ese caso ante tribunales internacionales.
En ese sentido, Héctor Manuel Echeverri Lara, hijo de Gloria Lara de Echeverri, impulsó en 2012, en contra del Estado colombiano, la solicitud de petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que atendiera el clamor por la impunidad en el caso.
Allí se plasmó que durante décadas el crimen ha estado rodeado de una evidente falta de investigación y sanción a los responsables, por negar la verdad a su familia y a la sociedad colombiana que presenció tal agravio, para rescatar su memoria.
Posteriormente, en 2022, ese tribunal internacional, tomó la determinación de admitir la petición por la violación de los derechos consagrados en los artículos (integridad personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Luego trascendió que el Estado, representado a través de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, junto con la representante de las víctimas y los tres hijos Echeverri Lara, suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) el pasado diciembre de 2023 y en virtud de este acuerdo, se realizó este miércoles 22 de mayo, ante la familia y con participación de representantes del Estado, el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado colombiano por la grave violación de los derechos humanos sufridos por Gloria Lara de Echeverri y sus hijos.
En ese acto de perdón, habló Héctor Manuel Echeverri Lara, hijo de Gloria Lara de Echeverri, fue tajante en asegurar que el Estado en este caso en particular fungió como “violador de derechos humanos”.
“En este acto, finalmente, el Estado colombiano reconoce la responsabilidad internacional como violador de derechos humanos. Realmente, la esperanza que tenemos es que se haga justicia por la memoria de Gloria Lara, ya que con su crimen no la hubo. No buscamos revancha, ni venganza, nunca lo hemos querido así, simplemente que se nos diga la verdad, que su memoria no quede en el olvido, como quedó en el olvido la voluntad del Estado colombiano para hacerle justicia”, dijo.
Y agregó en el evento: “A mi abuela Pepita, madre de la mía, le pregunté en alguna ocasión cómo hacía para seguir viviendo en paz, sabiendo que no se hizo justicia y que los implicados quedaron libres. Ella, como mujer sabia que era, me contestó -mi hijito, yo no creo en la justicia humana, yo creo en la justicia divina-. Su reflexión me reconfortó y me dio paz interior”.
“Pude seguir viviendo sin amargura, sin rabia y agradecido por la vida. Su crimen clama justicia del cielo. También quiero leer unas palabras que escribió mi tío Oliver Lara, -tal es el deterioro de nuestra justicia, que solo cuando entendamos que sin ella es imposible frenar el delito, cesará la violencia en esta atormentada y desangrada patria-”, detalló.
Finalmente dejó claro: “Solo Dios y los responsables saben su culpa y ante la incapacidad humana le corresponde a él juzgar, puesto que para Gloria la justicia cogió, pero no llegó, quedó así con su madre un infante”.
A su turno, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, fue el encargado de pedir perdón en nombre del Estado a los familiares de Gloria Lara de Echeverri.
“El asesinato de Gloria Lara, su posterior impunidad, sin duda alguna, generaron un fuerte dolor a ustedes, sus familiares, muy presentes. El Estado les falló a ustedes al no haber realizado investigaciones judiciales de manera diligente, todo lo cual terminó en una oprobiosa declaración de prescripción”, indicó Osuna.
Y finalmente agregó en su intervención: “Ante esta situación, el Estado colombiano, y particularmente este Gobierno Nacional, en atención a su compromiso con las víctimas, reconoce su responsabilidad internacional por omisión o la violación del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación general de garantía en perjuicio de ustedes, familiares de la señora Gloria Lara Echeverry, por la falta de diligencia en la investigación de los hechos sucedidos, lo cual impidió su esclarecimiento y la sanción de los responsables”.