El senador Humberto de la Calle cuestionó que se esté dando un posible uso de los recursos públicos para promover las manifestaciones sociales, especialmente cuando falta casi un mes para las elecciones regionales del 29 de octubre.
A juicio del congresista independiente, todas las movilizaciones alrededor del Gobierno de Gustavo Petro pueden resultar con algún impacto electoral y es necesario que se dé claridad desde el Ejecutivo sobre la posible destinación de recursos del erario público para promover esos espacios.
“Estamos casi a un mes de elecciones, luego, el momento es poco propicio para una simple manifestación del Gobierno mostrando apoyo a sus reformas. El ministro del Interior ha dicho que le parece que no debía ocurrir que en estas plataformas al lado de las orquestas aparezcan candidatos, vamos a ver si eso se cumple”, le dijo De la Calle a SEMANA.
De ahí que el congresista llame la atención sobre que “cualquier esfuerzo será poco para que el Gobierno impida que esto (las manifestaciones) se transmita en términos electorales. Cualquier movilización al rededor de las propuestas del Gobierno puede tener un impacto electoral y esto es legítimo, pero al detallar esto sí surgen preocupaciones”.
Humberto de la Calle afirmó las quejas que han trascendido sobre la destinación de recursos de la Presidencia de la República para disponer los escenarios para las manifestaciones sociales. En concreto, ya se conoce que de los fondos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) salió el dinero para pagar la tarima, el sonido y las pantallas dispuestas en la Plaza de Bolívar. Toda esa escenografía tuvo un valor de $ 263.109.000.
Lo que señala el senador es que “no es indebido que el Gobierno pida apoyo para sus programas y proyectos en las comunidades. Ese es un punto de partida al cual no hemos estado muy acostumbrados, pero es una nueva realidad y el Gobierno tiene derecho a convocar. Pero surgen preocupaciones”.
Y continuó: “Una, es que hay una discusión sobre el costo de las movilizaciones, las orquestas, los gastos y la logística que implica una movilización de este tamaño y con contenido nacional. Aquí surge un problema que no solo es legal, sino también de política pública: una cosa es que haya manifestaciones genuinas relativamente espontáneas, pero que el Gobierno asuma (como parece que ocurre) a través de sindicatos y oenegés costos enormes de una movilización y de los espectáculos alrededor de esa movilización es otra cuestión”.
“Ya de por sí, lo de los espectáculos es maluco. Uno hasta entiende que un candidato para conseguir votos consiga una orquesta, pero un Gobierno a mí me parece que genera algún reproche. Ahí estamos a la espera de una claridad, una especie de balance de cuál ha sido el costo y cómo se ha canalizado”, agregó el senador Humberto de la Calle.
Justamente, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, intentó enviar un mensaje de tranquilidad sobre esa posible instrumentalización de las manifestaciones del 27 de septiembre para hacer campaña para las elecciones regionales. Lo que le dijo el ministro a Blu Radio mientras recorría la marcha por la capital con las comunidades indígenas es que “ninguno de los que está aquí va a votar en Bogotá”.
Asimismo, él como vocero del Gobierno ha sido reiterativo al señalar que esa convocatoria en las calles nace desde la sociedad civil (Fecode, ONIC y las oenegés), más no propiamente desde un actor público.
Empero, desde el Congreso, el senador Humberto de la Calle hace un llamado: “El señor ministro Velasco nos ha dicho que esto es genuino, pero me parece que sí queda ahí un campo importante para discutir la manera de utilización probable o hipotética de bienes y dineros públicos para unas manifestaciones que, entonces, en esas circunstancias perderían un poco la espontaneidad que es lo que contribuye a darles legitimidad”.