La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, aseguró que para el 15 de febrero estarán operando los programas del ICBF en La Guajira, a través de los que los niños y niñas de ese departamento tienen apoyo alimenticio correspondiente al 70 % de los requerimientos nutricionales de los menores de edad.
La acotación de Cáceres llega después de las denuncias sobre los retrasos entre una y dos semanas que se registraron en La Guajira en la puesta en marcha de algunos de los programas que tiene el instituto para atender a la primera infancia.
Lo que señala la directora del ICBF es que “el 15 de febrero se terminan los procedimientos administrativos y jurídicos. Y ya arranca en forma todo lo que hacía falta, pero no hemos parado de contratar y de avanzar. Muchas de las cosas que nosotros esperábamos tener rápidamente en ese cambio tuvo resistencias muy fuertes”.
La funcionaria a cargo de la atención a la niñez vulnerable de todo el país habló con SEMANA sobre las quejas de madres comunitarias y familias guajiras sobre la puesta en marcha de los Centros de Desarrollo Infantil, a través de los que el ICBF acompaña a la población menor de edad con programas de alimentación.
Como respuesta a las quejas sobre la tardanza en la llegada de los mercados y tiempos que se entregan a través de estos programas, Astrid Cáceres argumentó: “Encontramos muchos escenarios de microcorrupción o de manejos económicos entre las mismas comunidades, entre los mismos funcionarios”.
Irregularidades con programas de infancia
Astrid Cáceres asegura: “Tuvimos que abrir investigaciones porque cualquier proceso, por ejemplo, abrir personería jurídica, que es un proceso gratuito, empezaba a tener un valor si se le demoraba o se aceleraba, y la gente empezó a denunciar. Encontramos que no se agilizaban los procesos y tuvimos que hacer una intervención en la regional Guajira”.
Entonces, el ICBF aplicó cambios en esa regional que terminaron generando demoras en los tiempos en los que la comunidad percibió la llegada de ayudas al territorio: toda la contratación se centralizó en Bogotá y ahora los contratos no se le dan a fundaciones, sino a asociaciones comunitarias e indígenas que son priorizadas por el Instituto.
“La intervención tiene que ver con que quitamos la operación del gasto. Se nos demoraron muchas cosas porque pagaban por agilizar un papel o porque no querían que salieran las nuevas formas de contratación con invitaciones públicas en Secop. Tomamos la ordenación del gasto y el control jurídico porque parte de las demoras que nos denunciaron es porque aquí, en ocasiones, no se movían los papeles si no había una intermediación económica. La intervención de la regional Guajira tuvo que ver con la demora en los procesos”, detalló la directora del ICBF.
La promesa del instituto es que esta misma semana estarán andando todos los programas que tienen en esa región a través de los que se entregan paquetes alimenticios a los menores de edad o estos son recibidos en hogares de madres comunitarios en los que se les entregan tres tiempos de comida, una ayuda vital para estas poblaciones vulnerables.
“La ciudadanía nos hizo un control muy importante, casi que de auditoría ciudadana, evidenciando que entregaron documentos irregulares. No descartamos ninguna alerta, hubo una avalancha de denuncias. En la noche del viernes salió una adjudicación y para el 15 de febrero debe estar andando en todo el territorio nacional y se debe aclarar que no son ayudas que se entreguen, sino que son los centros de desarrollo a los que van los niños”, dijo la funcionaria.
Los nuevos proveedores de los servicios del ICBF en La Guajira tendrán que tener la aprobación de las comunidades y la promesa que hace la directora Cáceres es que “ahora vamos a tener una contratación más reducida y cercana a las comunidades”.