SEMANA conoció cuáles son las principales pruebas que sustentan la ponencia para abrir pliego de cargos contra la campaña presidencial de Petro en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por posible violación de topes.
Lo primero que encontraron los magistrados investigadores, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, fue que hubo un modus operandi, tanto en primera como en segunda vuelta en la campaña del hoy presidente.
En primera vuelta, el tope era de 28.536.520 millones de pesos, pero fue superado por 3.700 millones de pesos, según los documentos obtenidos por el equipo de investigadores de Prada y Ortiz.
En la segunda vuelta, el tope establecido era de 13.347.457 millones de pesos. En este caso, la campaña habría superado los topes en 1.600 millones de pesos.
Si bien la ponencia debe ser aprobada por mínimo seis magistrados en la sala plena del CNE, SEMANA conoció lo que pasó en la primera vuelta presidencial de Petro.
Allí se encontraron ocho presuntas irregularidades consistentes en que la campaña no reportó en su informe aportes efectuados por donantes como Fecode, el Polo Democrático, la USO, pagos de testigos electores, pagos por transportes aéreos y otro ítem relacionado con la campaña del Pacto Histórico.
Además, en esta primera vuelta hubo tres donaciones de fuente prohibida por provenir de persona jurídica. Es el caso de Fecode, la USO e Ingenial Media.
Aparentemente hubo un modus operandi de omisión de reporte de ingresos y gastos. Los aportes cuestionados fueron distribuidos así: Fecode, 500 millones de pesos, viola topes y es fuente prohibida de financiación; Polo Democrático, un préstamo de 500 millones de pesos, entra y sale de la contabilidad de la campaña, y la USO, 121 millones de pesos, con fuente prohibida.
En la segunda vuelta, los investigadores del CNE detectaron que también hubo tres donaciones de fuentes prohibidas cuya procedencia era una persona jurídica. Esto ocurrió con Fecode, USO e Ingenial Media.
Los reportes conocidos por este medio indican que, en el caso de la USO, se trató de 379 millones de pesos. En transporte aéreo fueron 950 millones de pesos en servicios que no fueron declarados. Sobre los testigos electorales, la cifra llega a 177 millones de pesos que tampoco fueron reportados.
Y aquí viene una historia completamente desconocida. Se trata del evento del triunfo de la campaña en segunda vuelta, en el Movistar Arena. El evento costó 250 millones de pesos, por el cual se expidió una factura. Sin embargo, esta fue anulada y el pago se dividió en 150 millones de pesos que pagó la campaña, y en la investigación los magistrados ponentes llegaron a la conclusión de que los otros 100 millones de pesos fueron pagados por el gerente de la campaña, Ricardo Roa, con su tarjeta de crédito personal.
En este caso, claramente, hay un fraccionamiento de una factura. Este movimiento correspondió a que ya en ese momento Roa estaba cuidando cualquier movida para evitar que, en el registro ante el CNE, hubiese una violación de topes.
Aquí fue clave el cruce de transacciones reportado en la Dian entre el Movistar Arena, la campaña de Petro y el gerente Roa.
Posibles sanciones
Si la ponencia es aprobada y son hallados responsables, para el candidato, el gerente de la campaña y los dos auditores podrían venir multas entre 1 y el 10 % de los recursos desembolsados. Podría haber una devolución total o parcial de los recursos entregados.
En el caso de los movimientos políticos donantes, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 1475, para los directivos podría haber multas entre 18 y 184 millones de pesos, amonestación, suspensión del cargo directivo, destitución del cargo y expulsión del partido.
Para los partidos y movimientos podría haber suspensión o privación de la financiación estatal y/o de los espacios en medios, suspensión de personería jurídica hasta por cuatro años, suspensión al derecho de inscribir candidatos y cancelación de la personería jurídica.
El proceso que viene es el siguiente: tras la radicación de la ponencia de formulación de cargos, los magistrados que hoy tienen el expediente en sus manos podrían tener hasta dos semanas para debatir en sala y votar. Si la ponencia es aprobada, se daría traslado para descargos y pruebas. Luego, vendría una práctica de pruebas, un auto de traslado para alegatos y, si al final son hallados responsables los protagonistas, vendría la radicación de una ponencia de sanción.
En este caso acompañada de un traslado a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que se ocuparía específicamente del presidente Petro, cuyo trámite podría llegar al Senado, donde podría definir, según la ley, si el presidente debe o no abandonar su cargo.