El pasado 25 de septiembre, fue radicado un informe “secreto” en el despacho del fiscal general, Francisco Barbosa. Los documentos, en apariencia, ponían en jaque a uno de los oficiales más troperos y de mayores resultados operacionales en el Ejército: el brigadier general Jhon Jairo Rojas Gómez, quien en ese momento estaba a punto de ascender a mayor general y sonaba como posible reemplazo del general Luis Mauricio Ospina como comandante de la institución.
SEMANA revela las pruebas que desbaratan el montaje contra Rojas. El primer indicio sospechoso tiene que ver con la fecha en la que se realizó el revelador informe contra el general. Fue el 22 de septiembre de este año. Ese mismo día, desde Miranda (Cauca), el general Federico Alberto Mejía Torres, comandante del Comando Específico del Cauca, firmó su denuncia contra Rojas.
También, desde Popayán, emitió su propio informe el general Raúl Fernando Vargas Idárraga, comandante de la Tercera División. Ambos informes fueron remitidos al inspector del Ejército, el mayor general Juan Carlos Correa Consuegra, quien misteriosamente, y de inmediato, firmó y dio traslado de la información al comandante del Ejército, el general Ospina. Este, a su vez, lo remitió al comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, quien ese mismo día remitió la denuncia al fiscal Barbosa.
Es evidente que en esa cadena de generales todas las acusaciones contra Rojas no tuvieron la más mínima verificación, por cuanto solo transcurrieron horas antes de presentarlas ante la Fiscalía.
El general (r) Rojas pasó 33 años en el Ejército, más tres años de preparación en la Escuela Militar. A lo largo de su carrera tuvo cargos de responsabilidad administrativa y, en los últimos 12 años, estuvo dedicado a fondo a la guerra contra los grupos criminales. Como ningún otro oficial, Rojas comandó un batallón, una escuela de infantería, dos brigadas, dos divisiones y un comando conjunto.
Siendo aún coronel, y en curso para general, además como fundador de la Fuerza de Despliegue Rápido n.° 4, en 2019 le adelantaron su misión y lo enviaron al Cauca a combatir a las Farc de Mordisco, al ELN y a otras organizaciones armadas ilegales. En 2020, en julio, fue nombrado comandante del Comando Específico del Cauca. En diciembre de 2021 asumió como comandante de la Tercera División del Ejército, con sede en Popayán. Y en octubre de 2022 asumió como comandante del Comando Conjunto n.° 2, con sede en Cali.
Sus resultados son excepcionales, según fuentes consultadas por SEMANA, incluso del anterior Gobierno, época en la que dio de baja a uno de los peores bandidos y narcos de la zona: Léider Johany Noscué, alias Mayimbú, jefe de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país, y quien se había fugado de La Picota.
Por eso sorprende que, en la denuncia contra Rojas, se afirme que en el celular que se le encontró a Mayimbú estaba “registrado el número del celular del general Rojas”, el oficial de más alto rango que autorizó sobre el terreno el operativo que terminó con la muerte del delincuente.
Lo curioso es que, en la misma denuncia de la cúpula ante la Fiscalía, se asegura que un soldado profesional indicó que “lo primero que hicieron los integrantes de la unidad que hizo la operación fue borrar el contacto del señor Rojas”. Es decir, ¿los generales detectaron supuestamente que el nombre de Rojas estaba en el celular de Mayimbú, pero no tienen prueba de ello porque alguien lo borró? ¿Quién es el supuesto militar que entregó la información?
Una de las mayores pruebas del general contra este punto del informe es que dio de baja o capturó a 68 cabecillas de todos los niveles de mando de las estructuras criminales de las Farc y el ELN.
Además, tras el operativo contra Mayimbú, el entonces comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, afirmó públicamente: “Sea la oportunidad para resaltar que este bandido había fijado una recompensa de 2.000 millones de pesos por quien asesinara al general Jhon Jairo Rojas Gómez, comandante de la Tercera División del Ejército”.
SEMANA tuvo acceso al documento que el sargento que comandó la operación remitió al CTI, el 13 de junio de 2022, con el informe de la muerte de Mayimbú y los elementos que se le incautaron, entre ellos dos teléfonos celulares, nueve memorias USB, dos computadores, una pistola, un proveedor y 17 municiones calibre nueve milímetros.
Dudas con un testimonio
En el arsenal de supuestas pruebas contra el general Rojas, la cúpula también puso de presente el testimonio de un presunto desmovilizado de las Farc que “manifiesta conocer los nexos” del oficial con las Farc de Mordisco.
Este señalamiento queda completamente desvirtuado con la impactante confesión del teniente Fredy David Acuña Picón, de contrainteligencia, quien aseguró que recibió la orden del coronel Camilo Osorio Rodríguez de escuchar a ese presunto desmovilizado.
Ambos se reunieron en un centro comercial en Bogotá. Acuña quiso someter a esa fuente al polígrafo, como es habitual, y tomar su contacto directo ante las dudas que le surgieron porque el desmovilizado no describió de forma adecuada la fisionomía del general Rojas, pese a que decía conocerlo.
Acuña contó que el coronel Osorio no le permitió pasar a la fuente por el polígrafo ni tener su número de contacto. Lo más grave fue que le pidió, según Acuña, que le entregara un informe sobre las denuncias del desmovilizado, pero le ordenó que bajo ninguna circunstancia les trasladara la información a los fiscales delegados ante la Corte, teniendo en cuenta que Rojas, por ser general, goza de fuero. Acuña agregó que se negó a cumplir las órdenes de su superior, y lo puso en conocimiento de sus otros jefes. Ellos le contestaron que “la orden venía de más arriba”.
Al general Rojas también lo involucraron con el grupo criminal Los Pocillos, “con quienes coordinaba actos de corrupción en Argelia, Cauca, generando alianzas con el ELN y la estructura Diomer Cortés, de la Segunda Marquetalia”, según el documento enviado por la cúpula al fiscal Barbosa.
En este punto, la defensa del general Rojas se centra en que, en 2020, ninguna autoridad tenía registro de la actuación delincuencial de Los Pocillos y, por el contrario, un informe en poder de SEMANA demuestra que bajo el mando del general Rojas se denunció la existencia de ese grupo criminal, dirigido por el segundo comandante del frente 60 de las Farc. Él, de hecho, tenía un proyecto productivo en la zona con la ONU.
En uno de los documentos, fechado el 25 de agosto de 2021, y firmado por el teniente coronel Álex Bernal Correa, comandante del Batallón de Infantería Francisco Javier González, se lee que Los Pocillos “estarían delinquiendo en el norte de Argelia, Cauca, donde se evidencia un incremento de su accionar terrorista debido a la aceptación de muchas comunidades cocaleras de estas regiones”. Además, culpan a este grupo de los “asesinatos, desplazamientos forzados y extorsiones” en esa zona del Cauca.
Sobre la Segunda Marquetalia, Rojas, siendo comandante de la Tercera División del Ejército, de acuerdo con el oficio número FGN-DECOC-POP-2012017, del 28 de abril de 2022, entregó 14 informes de inteligencia a la Fiscalía por intermedio de la sección de inteligencia del Batallón de Infantería n.° 56. Allí aportó información relevante que está consignada en la noticia criminal número 110016000097202200034 sobre las acciones de la Segunda Marquetalia y el frente Diomer Cortés, en el Cauca.
Asimismo, entregó otro informe, el 23 de abril de 2023, que dejaba al descubierto la caracterización del mismo frente y, puntualmente, su injerencia en Argelia (Cauca). Sobre las supuestas alianzas del general Rojas con el ELN, el informe enviado a la Fiscalía señala que ese grupo armado ilegal “pagó 3.000 millones de pesos con el fin de coordinar operaciones y corredores de movilidad del narcotráfico y sus estructuras en la jurisdicción del departamento del Cauca”.
Esta afirmación queda sin credibilidad, teniendo en cuenta que en 2020, como comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido n.° 4, el general Rojas lideró una operación militar que desencadenó en intensos combates contra el ELN en el corregimiento San Juan de Micay, en donde logró la rendición en combate de 20 integrantes con todo su material de guerra e intendencia, del frente José María Becerra, con su cabecilla principal, alias Palermo. Además, 19 criminales del ELN fueron muertos o capturados en el Cauca, señalados de narcotráfico.
La confesión del teniente Acuña en SEMANA es clave en toda esta historia. El oficial activo ubicó al general Rojas, le pidió perdón y le hizo saber que él participó, sin saber, en el montaje en su contra. A propósito, reveló que uno de sus superiores le ordenó hacerle inteligencia a una vivienda ubicada en el conjunto residencial Filadelfia, en Ibagué. Supuestamente, un oficial iba a comprar dicho inmueble.
Una vez terminó su trabajo, dice Acuña, el coronel Osorio le solicitó que “le echara espuma” y le presentara un informe. Aunque Acuña determinó que la casa valía 800 millones de pesos, la orden fue que, en un informe firmado por él, quedara constancia de que costaba 4.000 millones de pesos. Cuando el teniente descubrió que la casa pertenecía al general Rojas, y que buscaban hacerle un montaje, se negó a entregar el documento.
Puso la queja verbal ante sus superiores y, poco después, fue trasladado de castigo a Tumaco con la misión de patrullar, pese a que llevaba 12 años asignado a labores de contrainteligencia y su experticia, claramente, no estaba en el combate. Luego quisieron mostrarlo como un insubordinado. Sin embargo, cuando el oficial le contó lo que sabía al ministro de Defensa, Iván Velásquez, acerca del montaje contra el general Rojas, este lo trasladó al Ministerio en Bogotá.
Acusaciones sin pruebas
Otro punto de la denuncia es insólito. Se asegura que el general Rojas “se reunió con siete desmovilizados en dos fincas, ofreciéndoles beneficios, entre ellos recursos y elementos, a cambio de no dar la totalidad de la información a las autoridades, mostrándolos a los medios de comunicación, afectando de esta manera la sorpresa de una operación militar”.
Fotografías en poder de SEMANA demuestran que el general Rojas sí se reunió con los desmovilizados, pero en presencia del comisionado de paz del momento, Juan Camilo Restrepo; el fiscal especializado contra las organizaciones criminales y el fiscal 180 especializado. El hecho ocurrió el 23 febrero de 2022 ante la desmovilización de siete integrantes del frente José María Becerra, del ELN, junto con su cabecilla, alias Jeffer, quienes delinquían en el Cañón del Micay.
El general Rojas también fue señalado de llamar a alias Marcos Pacífico, un jefe del ELN, “para alertarlo de una operación dirigida a su estructura y posteriormente lo hace para verificar su estado”, dice la denuncia. Y agrega un dato realmente fantasioso: “Una fuente reconoce la voz del general Rojas, esta llamada fue recibida en altavoz”. ¿Quién es esa fuente? ¿Dónde está ese testimonio?
La acusación es frágil, según peritos que hablaron con SEMANA, entre otras cosas, porque en la selva no entra la señal de telefonía celular. Al contrario, bajo su mando, el general Rojas entregó información de inteligencia sobre Marcos Pacífico.
Otra de las acusaciones más graves contra el general Rojas dice que “reorganizó dispositivos de las unidades para permitir el tráfico y los movimientos de las estructuras, afectando la contundencia operacional”.
Sin embargo, queda una duda grande: el general Rojas, como comandante del CCON2, tenía bajo su mandato a varios generales y a otros altos oficiales en la Tercera División, el Cecau, la Brigada 29, la Fudra n.° 4, un batallón, una compañía y un pelotón.
La pregunta que surge es la siguiente: ¿el general torció a todos esos oficiales y soldados? Cualquier orden operacional para que sus hombres dejaran libre un corredor del narcotráfico, necesariamente, involucraría a otros militares. ¿Por qué no los mencionan? ¿Por qué no los investigan?
Sobre este punto, hay que recordar que, en 2022, Rojas lideró la Operación Armagedón, en el cañón del Micay, contra la estructura Carlos Patiño, de las Farc de Mordisco. Junto con la Fiscalía se logró hacer extinción a bienes e inmuebles avaluados en 21.000 millones de pesos. Asimismo, en los últimos cuatro años, el balance operativo del general Rojas es contundente: las cifras reportan 2.531 capturas por narcotráfico, más de 100 muertos de integrantes de grupos criminales y unos 600 sometidos.
Algunas de las denuncias que plantean los generales Vargas y Mejía contra el general Rojas, en el informe entregado a la Fiscalía, rayan en el ridículo.
Lo acusan de ser arrogante, de “chicanear” con que por fuera de la institución podría ponerse un sueldo de 50 millones de pesos, lo señalan de ir a fiestas y bacanales, algo que el general niega. En cambio, sí vieron a uno de los generales denunciantes en una fiesta.
Además, lo acusan de pedir un menú especial (papas con guacamole). Afirman, sin soporte, que cuando el general salió de la zona, alguien del ELN dijo: “Se nos fue el general”. También dicen que, supuestamente, recibió plata en Cali, proveniente de la Gobernación del Tolima, para combustible, en 2015, cuando durante ese año él estaba en Ibagué. Y van más allá: hablan del bloqueo de una tarjeta para compra de combustible, como si se tratara de un delito, cuando él mismo dio la orden porque se le perdió. De inmediato le dieron otra.
También intentan vincularlo con hechos inapropiados y delictivos frente a sus subalternas. Acerca de una de ellas, aseguran que la acosó sexualmente. Sin embargo, hasta ahora, ella no ha presentado una denuncia en la Fiscalía contra Rojas.
El personero de Argelia, Daniel Felipe Imbachi Sánchez, radicó una tutela ante la JEP, el pasado 9 de mayo, en la que pidió que le explicaran por qué el coronel Carlos Beltrán, comandante de la Fudra n.° 4, retiró las tropas del Ejército que se encontraban en sitios estratégicos para controlar el cañón del Micay y así evitar las confrontaciones entre el ELN y la Segunda Marquetalia contra las Farc de Mordisco (la estructura Carlos Patiño). Eso generó desplazamientos masivos en los diferentes corregimientos de Argelia y el cañón del Micay.
Esta tutela es una prueba del general Rojas porque demuestra que quienes ordenaron mover las tropas en febrero fueron otros, bajo el mando del general Federico Alberto Mejía Torres, del Comando Específico del Cauca. Asimismo, hay audios de esas órdenes.
Alerta por chat
Lo insólito en el caso del general Rojas es que el pasado 6 de junio alguien le advirtió de manera anónima, por WhatsApp, que le estaban preparando un montaje. Le dijeron que iban a afirmar que recibía plata de los narcos del Cauca.
“General, desde hace tiempo lo están investigando… Le están armando un montaje”, le dijo una persona al general Rojas, quien quedó aterrorizado. “Lo van a acusar falsamente de nexos con el narcotráfico. Hay un tc (teniente coronel) que está haciendo esto de manera ilegal. Pero está siguiendo órdenes de otros generales”, sentenció el contacto.
Los chats, en poder de SEMANA, son impactantes. Vienen de una línea de celular que la revista se abstiene de publicar para no entorpecer la investigación. “Solo quiero que usted se alerte, que investigue. No quiero nada a cambio”, puntualizó. Y le dio el nombre del ‘tc’, Camilo Andrés Osorio Rodríguez. La fuente le advirtió además que no confiara ni “en el coronel Coca ni en González”.
El general comenzó a suplicar. “Le pido por mi Dios y la virgencita que me colabore. Usted debe conocerme y sabe que soy un buen trabajador. Colabóreme, de por Dios. Se lo juro por mis hijos que lo mantengo en secreto”, le imploró.
La persona le contó cómo le iba a hacer el montaje. “Que usted está recibiendo dineros del narcotráfico en el Cauca”, le detalló. El general le pidió que le entregara algo más, como un documento. La fuente le advirtió que su vida estaría en riesgo y que tiene familia. Le preguntó si le servían fotos y le pidió que jurara por su hija que le iba a guardar la confidencialidad. “Se lo juro por Diana, Alejandra y Pipe, mis tesoros”, respondió el general.
La conversación siguió y la fuente le contó la historia del general Rico, a quien también le fraguaron un montaje y murió sin poder aclarar su inocencia. Le dijo que no le pidiera más pruebas porque estaba en juego su vida y la de su familia, pero le dio todas las pistas para que investigara. En esas, le aseguró que el general Ospina estaba siendo engañado, pero que sabía del montaje y estaba esperando al ‘tc’. “No sé cuál es su línea de ascenso. No sé por qué lo quieren lastimar. Desconozco eso… General, esté tranquilo. Solo piense y búsquele lógica. Por qué lo quieren lastimar”.
La charla se cerró a las 12:30 de la noche con la siguiente frase: “Por qué están llegando este tipo de oficiales aquí. Y por qué lo están permitiendo. Y todos los que se han negado, los están sacando como perros. General, prudencia”.
El general Rojas quedó inquieto, pero a la vez tranquilo, pensando que no tenía nada que ocultar. Tal vez se confió mucho y no fue capaz de identificar que lo que venía para él y su familia no era un plan macabro para destruir su carrera, sino su honor y buen nombre.
Más allá de las decisiones judiciales sobre el montaje al general Rojas, lo que hay en el fondo es aterrador: unos generales que, aparentemente, se ponen de acuerdo para destruir a otro oficial, utilizando la inteligencia y la contrainteligencia, destinadas únicamente a combatir el crimen y garantizar la seguridad nacional. El Ejército es más que los intereses de unos pocos militares que perdieron los valores y el sentido de su misión. Ahora que los culpables paguen.
Pero este no es el único caso. SEMANA reveló los seguimientos ilegales al profesor de inglés de la esposa del general Ospina, a quien el ministro de Defensa protegió en medio del escándalo. La Fiscalía y la Procuraduría ya investigan, mientras uno de los mejores hombres de inteligencia y contrainteligencia, el mayor (r) Jorge Castillo, ya empezó a declarar ante los fiscales, al igual que el teniente Acuña y el ‘Teacher’. No se trata de casos aislados. En ambos el comandante del Ejército es protagonista.