Bastante polémica ha generado el acuerdo al que llegó el Gobierno del presidente Gustavo Petro con la guerrilla del ELN con quienes han estado negociando desde hace varios meses.
Los insurgentes compartieron el documento en el que se detalla lo que acordaron. El archivo está firmado por toda la delegación, encabezada por Vera Grabe, jefe de la delegación del Gobierno y Pablo Beltrán, jefe de la del ELN. Lo acompañan las firmas del senador Iván Cepeda y de Aureliano Carbonell. En total son ocho páginas respaldadas por las firmas de ellos.
Se trata del acuerdo N° 28 para que el ELN pueda participar en la sociedad. Y fue el punto 1 del acuerdo de México.
Uno de los apartados más polémicos es donde se detallan los “Ejes de las transformaciones”, en el que el punto 3.2 habla de un “modelo económico” en el que se establece: “Impulsar nuevos modelos sostenibles y propios de producción en los que el Estado cumpla su responsabilidad social, que superen la desigualdad social y el modelo especulativo y monopólico, que permitan y promuevan una transición hacia un modelo económico no depredador del ambiente, las comunidades y acorde con el interés nacional”, dicen.
“Se propone dialogar sobre los siguientes temas para las transformaciones económicas: modelo económico, relación entre lo público y lo privado, justicia, progresividad tributaria, producción nacional, política económica exterior, transiciones energéticas, políticas de empleo, trabajo informal, superación del hambre y la pobreza, economías ilícitas y narcotráfico, economías propias, populares y solidarias en producción de riqueza a través del conocimiento y conectividad, economía campesina, economía del cuidado y reforma rural integral”, agrega.
El primer punto del acuerdo es el objetivo de participación en el que se pactó “construir una agenda de transformaciones para la paz” en donde se invoca a un “gran acuerdo nacional” con el objetivo de superar el conflicto armado.
El segundo son los principios de la participación en los que se menciona que se debe asumir un compromiso con las comunidades, movimientos, pueblos étnicos, organizaciones, gremios e instituciones, poblaciones, “gobiernos propios” y territorios para construir un “país democrático y en paz” en el que se garantice eliminar la violencia. Hablan de un “Movimiento Nacional por la Paz y las Transformaciones”.
Esos principios se dividen en: “Activa”, que hace referencia a la participación de un proceso de participación “público” e “informado”. “Propositiva”, “Incluyente” para convocar a la sociedad en general. “Incluyente”, “Deliberativa” y “Vinculante” en el que el ELN se compromete a “impulsar transformaciones”.
Dicen que los acuerdos adoptados en la mesa de negociación son de obligatorio cumplimiento por las partes y que “deberían convertirse en políticas de Estado, políticas públicas y programas y proyectos articulados en el Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes municipales.
Otros ejes de transformaciones son el régimen político que según ellos: “Comprende dialogar sobre la transformación de aquellas doctrinas, prácticas, estructuras e instituciones de la organización política del Estado que vulneran los derechos y el bienestar de la sociedad colombiana”.
Insisten en “desarrollar una democracia en todas sus formas” en la que se incluya la “organización política de la sociedad y el Estado”. Y hablan de “soberanía, derechos políticos, reformas institucionales (...) erradicación de toda forma de paramilitarismo y de coacción armada contra la población”, entre otros.
El problema de todos los acuerdos es que en estos momentos los diálogos con el ELN se encuentran en una profunda crisis que parece ser manejada más por la guerrilla que por el gobierno.