El Partido Liberal vive por estos días una intensa discusión no solo por quién ocupará la presidencia de la Cámara, que le corresponde a esta colectividad a partir del 20 de julio, sino qué posición tomarán frente al gobierno de Gustavo Petro.
Uno de los que lidera el ala gavirista de la colectividad, que es muy crítica del Gobierno, es el representante Julián Peinado, quien ha sido postulado por varios de sus compañeros para pelearle la presidencia de la Cámara al representante Andrés Calle, el candidato del Gobierno.
En diálogo con SEMANA, Peinado le hizo un llamado a sus compañeros a llevar el partido hacia la independencia y aseguró que el Gobierno “se tapa los oídos frente a las críticas”.
SEMANA: esta mañana vi que puso un trino en el que invita a varios partidos, la mayoría de oposición, a hacer control político al Gobierno Petro, ¿cree que el Partido Liberal también debe ir a la oposición?
Julián Peinado (J. P.): en mi humilde opinión, el Partido Liberal debería pasar a la independencia. Me explico: dentro del partido hay quienes manifiestan una mayor afinidad hacia las propuestas del actual gobierno, y de otro lado, estamos quienes somos más críticos y creemos que las reformas son necesarias, pero que con eso no podemos dar un salto al vacío y que se debe respetar el aporte de todos los sectores de la sociedad; reconocemos la labor de los empresarios, sindicatos, estudiantes y académicos como parte de la solución y creemos que la sociedad se construye con consensos. Teniendo en cuenta eso, en mi concepto lo más sensato es optar por lo que he llamado como una “oposición independiente”, donde tengamos total libertad para apoyar las buenas propuestas, pero también para oponernos a las iniciativas que vemos y sabemos que son nocivas para el país.
SEMANA: ¿siente que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, está tratando de romper el Partido Liberal?
J. P.: en este caso veo a un ministro más enfrascado en un tema personal contra el director del Partido Liberal que en dar resultados de su gestión. No puedo confirmar que Velasco quiera romper al Partido Liberal, pero lo que sí puedo decir es que sus formas y estrategia no parecen las de un ministro encargado de “la política”, cuyo deber es coordinar las relaciones entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa, lograr una coalición en el Congreso que hoy es precaria y, al parecer, está resquebrajada y rota, trabajar en la integración del Gobierno con las diferentes autoridades locales y departamentales, coordinar a los alcaldes y gobernadores, entre otras.
Y esto último es muy importante pues en todo lo que va de este Gobierno ha habido una total displicencia y un desconocimiento a las autoridades legítimas que fueron elegidas también por voto popular y que representan a sus pueblos a título municipal, distrital, departamental y regional.
Así las cosas, el ministro del Interior tiene una gran tarea que está irresoluta y es establecer las relaciones y la confianza entre los alcaldes y gobernadores con el presidente, pues ellos tienen preocupaciones legítimas sobre el debilitamiento de la seguridad y productividad en sus territorios.
SEMANA: ¿qué acuerdos hay frente a la presidencia de la Cámara, que le corresponde al Partido Liberal? ¿Le interesa llegar a esa dignidad?
J. P.: hace un año la coalición acordó para el Pacto Histórico la presidencia de la primera legislatura y para la segunda legislatura la presidencia le corresponde al Partido Liberal.
Sólo puedo decir que el Congreso, especialmente la Cámara de Representantes, necesita tener independencia en esta próxima legislatura, de lo contrario sería un desbalance monumental en que el Gobierno tendría una autopista libre para hacer aprobar sus controversiales y desestructuradas reformas, pasando por encima de las opiniones y conceptos de los otros partidos políticos, de los sindicatos, gremios, organizaciones y académicos.
De lo que sí estamos seguros es de que el Gobierno va a hacer hasta lo imposible en este pulso para que el próximo presidente o presidenta sea alguien muy leal a sus intereses. En mi concepto, en este momento, el Congreso de la República no debería aprobar ese tipo de desequilibrio en favor del Gobierno y tampoco debería estar liderado por tibiezas.
SEMANA: ¿ve al Congreso aprobando la reforma a la salud y la reforma pensional el próximo semestre?
J. P.: en este momento lo veo improbable siempre y cuando el Gobierno siga con las malas prácticas de los últimos meses: 1) omitiendo las propuestas de los otros partidos, 2) silenciando y atacando las voces de los congresistas de oposición y de la bancada de Gobierno que se han atrevido a refutar y criticar cosas, y 3) estigmatizando a los congresistas, gremios y analistas que con rigurosidad y conocimiento han presentado ponencias alternativas y proposiciones a las iniciativas del Gobierno.
El Gobierno está a tiempo de reenfocar su forma de trabajo y de retomar el camino que marcó en un principio, cuando hizo un acuerdo político con diferentes sectores que mandaba un mensaje de unidad y que daba cierta tranquilidad tanto dentro como fuera del país. Por el bien del país espero que el presidente Petro pueda reflexionar sobre la radicalización que le ha dado a su gabinete.
SEMANA: el presidente Petro anunció la salida inmediata del embajador Armando Benedetti, a comienzos de junio, pero ahora nos enteramos de que le extendieron el periodo, ¿cómo ve esto? ¿Qué puede haber detrás?
J. P.: y mientras desarrollamos esta entrevista, Benedetti dijo que “no conserva el cargo por el fuero ni por sueldo”, y que va a hacer el proceso de entrega y empalme desde Colombia; después de que el mismo Ministerio que le estaba extendiendo el periodo, también le suspendiera los pagos por no haber regresado a Venezuela. Ni ellos mismos se entienden.
En todo caso, llama la atención el intento del Gobierno de extenderle el fuero al embajador Benedetti. ¿Una maniobra para dilatar la justicia? El tiempo lo dirá.
Pero como siempre, en medio de este gobierno que se destaca más por los escándalos que por los resultados, la Embajada de Colombia en Venezuela se queda sin dirección y sin alguien que desde el vecino país trabaje por los intereses de los colombianos.
SEMANA: últimamente lo he visto muy crítico del gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿qué es lo que lo tiene molesto?
J. P.: no estoy molesto, estoy preocupado por la hostilidad del Gobierno con las instituciones democráticas, especialmente con los partidos, con las intenciones de injerencia al interior de los mismos, la hostilidad con la Rama Judicial, el afán por sacar propuestas con vicios de procedimiento que ya han señalado los jueces, como lo es el caso de la Ley de ‘paz total’ que ahora está demandada por múltiples vicios de trámite y de inconstitucionalidad.
Preocupan las respuestas retadoras del ELN y la alcahuetería del Gobierno, que ahora busca recursos de fondos internacionales para “subsidiar” a unos delincuentes que siguen asesinando, extorsionando y secuestrando. Un mal mensaje para las nuevas generaciones de que el Estado es más benevolente con quienes delinquen que con quienes se esfuerzan cada día desde la legalidad. A eso se suma el aumento de la inseguridad en las ciudades y su consecuente aumento en la percepción de inseguridad que pasó del 44 al 52,9 %, según cifras del Dane de abril de este año; la alerta que envió Estados Unidos hace mes y medio en la que les recomienda a sus ciudadanos reconsiderar sus viajes a Colombia “debido a la delincuencia y el terrorismo”, eso es gravísimo porque aleja la inversión extranjera y las posibilidades de generar ingresos a partir del turismo extranjero.
Lo cierto es que durante este gobierno, que se eligió con fuertes arengas sobre la defensa de la vida de los líderes sociales, ha aumentado el asesinato de líderes y lideresas en los territorios. Eso sin contar los paros armados que ha tenido que vivir la población por cuenta de grupos al margen de la ley que actúan a sus anchas ante la falta de contundencia y orden de la actual administración.
SEMANA: ¿qué hay detrás del discurso del presidente Petro de denigrar de las instituciones?
J. P.: estamos ante un presidente, y en consecuencia un gobierno, que no conoce el concepto de autocrítica, pues si sus reformas no prosperan como ellos quieren siempre van a endilgar la culpa al Congreso, a la “clase media – alta arribista”, a la “oligarquía”, a los de “Chapinero y Usaquén”, a los empresarios, a todo el mundo. Nunca asumen su responsabilidad y se tapan los oídos ante las voces críticas que no están dispuestas a ser un comité de aplausos o un grupo de notarios del Gobierno aprobando cuanta idea tengan sin ni siquiera refutar.
Es muy riesgosa la decisión del Gobierno de administrar el país a través de estados de excepción como la anunciada declaración de emergencia social y económica para La Guajira, una figura que permite una concentración absoluta del poder en el presidente porque le da facultades excepcionales para expedir decretos con fuerza de ley, aumentar la contratación directa volándose las normas de contratación estatal (muy conveniente ad portas de campaña electoral), además de que le da la facultad de crear nuevos tributos o impuestos, entre otros.
Con esto no estoy diciendo que La Guajira no tenga necesidades de agua potable, desnutrición, alcantarillado, etc., que es imperioso atenderlas de manera inmediata; sin embargo, hay más territorios con esas mismas necesidades o similares y el Estado ya tiene todas las herramientas para avanzar en ese sentido sin que sea necesario pasarse por la faja al Congreso y las normas contractuales.
Si permitimos que los estados de excepción se conviertan en la estrategia del Gobierno para lograr mayor popularidad y autonomía, saltándose el orden constitucional y las normas de contratación estatal, el país entraría en una gran incertidumbre, pues ¿quién quiere hacer negocios con un país en que el mismo presidente desconoce las normas? ¿Quién quiere ser socio de un Estado donde las reglas se cambian al antojo de un solo gobernante? ¡Nadie! Y eso lo hemos visto con ejemplos muy cercanos.