El presidente Gustavo Petro lanzó un duro cuestionamiento a las Fuerzas Armadas, después de los hechos que se presentaron en Tierralta, Córdoba, de donde se conocieron imágenes de militares que —según las denuncias en redes sociales— estaban intimidando a la sociedad civil.
“Volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública. Esto no puede pasar en este gobierno. Es el mismo Ejército quien debe presentar públicamente, al lado del Gobierno, su propia investigación en estos hechos”, aseveró el presidente de la República.
El jalón de orejas del presidente se presenta después de que se conociera un posible caso de abuso de poder por parte de militares del Ejército Nacional, quienes son señalados de amedrentar a la comunidad con amenazas y empuñando armas de corto y largo alcance.
Los sucesos se conocieron a partir de videos que circularon por redes sociales el pasado martes 12 de septiembre. Sobre estos hechos, SEMANA conoció el testimonio que rindieron líderes de la comunidad ante la Personería del municipio, dando cuenta de lo sucedido.
En esas declaraciones quedaron constatados los detalles de lo que habría sucedido en la tarde del martes 12 de septiembre. En el material que se viralizó en redes se ve a una mujer con un niño en brazos defendiéndose solo con palabras del militar que amenaza con dispararle.
Ejército investiga presuntas intimidaciones
El comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Fernán Giraldo Bonilla, sostuvo que los hechos son materia de investigación. Según el máximo jefe de las Fuerzas, desde la noche del martes que se conocieron los videos que mostraban la posible participación de integrantes del Ejército Nacional en las intimidaciones a la población civil, comenzaron las investigaciones internas.
Los presuntos responsables de ese abuso de poder serían uniformados pertenecientes al batallón Junín, de la décimoprimera brigada adscrita a la Séptima División del Ejército.
Según el general Giraldo Bonilla, de manera inmediata se ordenó efectuar una inspección general para la que el comando de las Fuerzas Militares envió a una comisión “en el más alto nivel para confirmar o desvirtuar esta situación”.
Además, sostiene el uniformado, “se le ordenó al comandante del Ejército Nacional, en cumplimiento de sus funciones, desplazarse al lugar de los hechos también para coadyuvar a la aclaración de estos hechos”.
“Asimismo, se puso en conocimiento de la autoridad competente como lo es la Fiscalía General de la Nación, que también en cumplimiento de sus funciones está verificando estos hechos para precisar si hubo o no participación directa de integrantes del Ejército Nacional”, detalló el máximo comandante de las Fuerzas Militares.
El general Helder Fernán Giraldo Bonilla afirmó:
“La inspección del Comando General es la instancia de más alto nivel responsable de verificar este tipo de hechos que nos puedan a nosotros (y de) determinar la responsabilidad de miembros de la institución para tomar las acciones en consecuencia de los hechos relacionados en materia de investigación”.
¿Qué pasó en Tierralta?
Los hechos ocurrieron, según relata la comunidad, sobre el mediodía del 11 de septiembre de 2023. “Eran las 12:40 p. m. cuando llegaron diez presuntos miembros del Ejército a la vereda Bocas del Manso Camino, haciéndose pasar por disidencias de las Farc. Sin embargo, traían prendas de militar que develaban que hacían parte del Batallón Junín, que es el que está presente en la zona”, se lee en el relato.
De los diez uniformados, tres tendrían su rostro cubierto con pasamontañas. “Primero llegaron a la casa de una mujer embera katío, manifestándole que si dentro de su casa hallaban prendas militares, armas, municiones, sería llevada a la ciudad de Montería, a instalaciones del batallón Junín en helicóptero; luego procedieron a abusar sexualmente de ella y amenazaron a un adulto mayor, de la tercera edad, que se encontraba con ella”, relatan.
Tras salir de la casa de la mujer, los militares se dirigieron a la casa comunal de la vereda, donde había al menos una decena de personas, a quienes ordenaron tirarse al suelo, boca abajo y con las manos en la nuca. Se quedaron dos de los hombres vestidos con camuflado, custodiando a quienes estaban tendidos en el suelo, mientras los restantes recorrieron la vereda.
Los uniformados habrían sacado a los habitantes de sus casas, indiscriminadamente, a niños, mujeres, adultos mayores, a quienes también ordenaron tirarse al suelo; tuvieron que permanecer tres horas acostados. De allí, le exigieron al profesor de la escuela Bocas del Manso que recolectara los datos de toda la comunidad que se encontraba allí, llevándose con ellos dicho listado.
“Posteriormente, de ese grupo de personas, sacaron a cinco a quienes golpearon y maltrataron; a una mujer en estado de embarazo la intentaron ahorcar, e intimidaron con disparos a todos. Poseemos un casquillo expulsado por sus armas en medio el hostigamiento”, dice con angustia uno de los testigos, que entregó su versión al ente defensor de derechos humanos.