El alto salario que devengan los congresistas siempre ha sido un motivo de indignación para los ciudadanos, especialmente cada vez que se anuncia el aumento anual, no solo por la desproporcionada asignación que reciben los parlamentarios en comparación al resto de los colombianos, sino porque se volvió costumbre que los legisladores se hagan elegir prometiendo que se van a reducir los amplios privilegios de los que gozan sin que hasta el momento haya mayor cumplimiento.
Si bien se han hecho varios intentos por reducir el salario de los congresistas, esta propuesta se enfrenta a la falta de voluntad que históricamente han tenido los parlamentarios, pero también a las complejidades jurídicas que implica esta discusión.
Hasta el momento se han hecho 19 intentos por reducir el salario de los congresistas y todos han fracasado, en buena medida porque este asunto, desde la misma Constitución Política, viene bien ‘amarrado’ y jurídicamente no se ha encontrado la fórmula para lograrlo.
Con miras a establecer las fallas de origen que llevaron a lo que algunos consideran el desproporcionado aumento en la remuneración de los parlamentarios, SEMANA revisó las actas de la sesión en la que los consitituyentes que redactaron la Carta Política de 1991 fijaron el criterio para aumentar anualmente el salario de los senadores y representantes a la Cámara.
La discusión se dio el 11 de junio de 1991, en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Los constituyentes arrancaron definiendo la fórmula para establecer el aumento anual que tendrían los congresistas.
Hubo varias propuestas sobre la mesa: una de ellas, de Luis Guillermo Nieto, establecía que los parlamentarios tendrían una remuneración equivalente a 35 salarios mínimos mensuales, pero fue derrotada.
Otra, del constituyente Iván Marulanda, proponía que cada año las plenarias del Senado y la Cámara se reunieran con el Ministerio de Hacienda y otros representantes para definir el aumento, pero también fue rechazada.
Posteriormente, se puso en discusión una proposición del constituyente Angelino Garzón, quien planteó la remuneración de 16 salarios mínimos mensuales.
Pero fue entonces cuando interrumpió el constituyente Álvaro Mejía Borda, quien señaló que debería ser de 20 salarios mínimos, pues 16 “es muy bajito”.
Ante la indecisión, los ánimos se empezaron a caldear. Prueba de ello fue la intervención del constituyente Iván Marulanda: “En las condiciones en las que esto está quedando, el Congreso va a ser o para mediocres o para ricos o para ladrones, y eso va a ser perjudicial para el país. Tenemos que encontrar una fórmula”.
Finalmente, luego de haber tenido que aplazar por unas horas la discusión, los constituyentes decidieron no votar la propuesta de Garzón de poner un tope de 16 salarios mínimos en la que medida en que, según consideraron, la propuesta era innecesaria, porque el salario de los congresistas en ese momento equivalía apenas a 13,8 salarios mínimos (714.665 pesos de la época).
Se optó por mantener la propuesta del constituyente Álvaro Cala, del Movimiento de Salvación Nacional, que indicaba que “la asignación de los miembros del Congreso se ajustara cada año en una proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la Nación, según certificación que para el efecto expida por el contralor general de la República”.
Este texto, con leves ajustes, se convirtió en el artículo 187 de la Constitución de 1991, que es el que obliga al aumento salarial de los congresistas cada año.
Según algunos expertos, esta fórmula de tener en la Carta Política la obligatoriedad de aumentar el salario de los congresistas sin que haya un tope o un criterio base es la que ha provocado el aumento desproporcionado sin que hasta el momento se haya logrado frenar.
(Aquí puede leer el acta de los constituyentes del 11 de junio de 1991)