El gobierno del presidente Gustavo Petro se ha visto envuelto en polémicas tras revelarse una serie de contratos otorgados a parejas, amigos y familiares de altos funcionarios que lideran los ministerios y entidades gubernamentales del país.
Estos contratos han generado acusaciones de nepotismo y han puesto en entredicho la promesa de Petro de promover la meritocracia en su gobierno.
El esposo de la Ministra de Educación y su contrato con el Estado
Víctor Olmedo Martínez, esposo de la ministra Aurora Vergara, ha sido objeto de controversia debido a su contrato directo con la Defensoría del Pueblo por un valor de 90 millones de pesos.
Según información revelada por Caracol Radio, Olmedo trabaja en la Defensoría del Pueblo con el objetivo de acompañar la implementación y seguimiento de proyectos de cooperación internacional y convenios relacionados con los decretos y leyes étnicas.
El contrato, que inició el 8 de febrero de 2023, tendrá vigencia hasta el 6 de noviembre del mismo año, y Olmedo recibe un promedio mensual cercano a los 10 millones de pesos.
Ministra de Minas y el contrato a su esposo Sjoerd Van Grootheest
La ministra de Minas, Irene Vélez, también se encuentra en medio de la controversia debido al contrato otorgado a su esposo, Sjoerd Van Grootheest.
Van Grootheest, de nacionalidad holandesa, ha sido contratado por 128 millones de pesos y su labor está relacionada con la gestión e implementación de la estrategia de comunicación y visibilidad integral en temas de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Este contrato ha generado cuestionamientos debido a la aparente falta de transparencia y el posible conflicto de intereses.
Ministra de Trabajo y los millonarios contratos a sus hijos
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, también ha sido señalada de nepotismo debido a los contratos otorgados a sus hijos.
Uno de ellos, Diego Alejandro Restrepo Ramírez, se desempeña como jefe de la Oficina Asesora Jurídica en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), un abogado con maestría en derecho público que está devengando un salario mensual de 7,7 millones de pesos.
Por su parte, Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez ha recibido un contrato por 76 millones de pesos del Ministerio de Cultura para apoyar la gestión de alianzas estratégicas y programas. El contrato de Eduardo Restrepo tiene vigencia hasta el 31 de agosto y detalla que devenga un valor mensual de 9,5 millones de pesos mensuales.
Ministro de Salud y su esposa, Beatriz Eugenia Gómez Consuegra
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también ha sido objeto de críticas debido a la relación laboral de su cónyuge, Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, quien ocupa el cargo de superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud.
Aunque Jaramillo declaró el conflicto de interés en su declaración de bienes y renta, se ha cuestionado su participación en los contratos relacionados con el área de la salud.
Ministro de Hacienda y el contrato a su esposa, Claudia Liliana Cortés López
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, también se encuentra en medio de la controversia debido al contrato otorgado a su esposa, Claudia Liliana Cortés López, quien actualmente se desempeña como directora general de la Unidad de Tierras y Usos Agropecuarios (Upra), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura.
Cortés, administradora de empresas de la Universidad Nacional y con una maestría en Ciencias Económicas, fue nombrada en junio pasado. Su vinculación laboral ha generado críticas y cuestionamientos sobre el posible nepotismo en el Gobierno.
Los Guanumen y su relación con el Gobierno: han sido “muy de buenas” para conseguir trabajo
La familia Guanumen también ha sido objeto de controversia debido a su estrecha relación con el presidente Gustavo Petro y su participación en contratos y cargos en el Gobierno.
Sebastián Camilo Guanumen Parra, conocido por su polémico papel como estratega digital en la campaña presidencial de Petro, fue nombrado cónsul general de Colombia en Santiago de Chile. Aunque carece de experiencia en el servicio exterior, Guanumen recibirá un sueldo mensual de 11 millones de pesos.
Además de Sebastián, se han señalado contratos otorgados a dos tías del cónsul.
Yolima Patricia Guanumen Pacheco, hermana de Hugo Guanumen Pacheco, padre de Sebastián, trabajó en la Secretaría Distrital de Integración Social y actualmente es contratista de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
Por otro lado, Lida Milena Guanumen Pacheco, también hermana de Hugo Guanumen, es una de las cabezas de la empresa familiar llamada C&G Construcciones, que ha suscrito contratos con Colombia Compra Eficiente y ha sido una contratista destacada en el Distrito.
Otros amigos de la primera dama y del presidente Gustavo Petro que también fueron premiados con altos cargos
En el gobierno del presidente Petro, se ha observado una tendencia a otorgar contratos y cargos a amigos cercanos y aliados políticos de la primera dama, Verónica Alcocer.
Por ejemplo, el reconocido coreógrafo Nerú Martínez Carrillo, amigo de Alcocer, recibió un contrato por 43 millones de pesos para apoyar la gestión del Grupo de Bienestar y Desarrollo de la Oficina de Talento Humano.
Eva Ferrer, considerada la mejor amiga de Alcocer, fue nombrada consejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia y actualmente dirige la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional.
El caso de Concepción Baracaldo, quien fue vecina de la primera dama en Chía, Cundinamarca, también generó controversia. Baracaldo fue nombrada en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a pesar de no tener experiencia en temas de niñez y haber sido objeto de críticas, lo que llevó a su salida del cargo en febrero pasado.
Estos contratos y nombramientos han generado críticas hacia el Gobierno de Petro, acusándolo de nepotismo y de utilizar la influencia de sus funcionarios para beneficiar a familiares y allegados.
Además, se han señalado situaciones en las que se han otorgado contratos a personas sin experiencia en los campos relacionados con sus responsabilidades, lo que ha generado preocupación sobre la idoneidad de dichos nombramientos.
El Gobierno ha defendido los contratos y nombramientos, argumentando que se han realizado dentro del marco legal y que no existe conflicto de intereses. Sin embargo, las acusaciones de nepotismo persisten y ponen en entredicho los principios de transparencia y meritocracia en la administración pública.