Tres correos electrónicos conocidos por SEMANA serían los que tendrían al ministro de Defensa, Iván Velásquez, en la mira de la justicia de Guatemala, país que anunció en las últimas horas investigaciones sobre el funcionario colombiano.
Las autoridades del país centroamericano investigarían al ministro Velásquez por supuestos delitos relacionadas con el caso de Odebrecht en territorio guatemalteco, donde el funcionario hizo parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Las acusaciones contra Velásquez estarían soportadas -básicamente- en algunos correos electrónicos en los que se menciona su nombre y se habla de su presunta participación en la elaboración de los acuerdos de reparación a los que las autoridades de Guatemala habrían llegado con Odebrecht hace algunos años.
En varios países la multinacional brasilera pagó sobornos para quedarse con contratos de obras y, después de haberse conocido esos ilícitos, la compañía llegó a acuerdos de indemnización y reparación con autoridades judiciales. En algunos casos hubo sanciones económicas por los delitos cometidos por Odebrecht y exfuncionarios de los respectivos países están presos por estos hechos.
Según la prensa de Guatemala, en junio pasado, una corte de Guatemala suprimió un acuerdo de colaboración entre la justicia de ese país y tres exrepresentantes de Odebrecht. Y, en las últimas horas, las autoridades guatemaltecas anunciaron que investigarían al funcionario colombiano por su presunta participación en la elaboración de algunos de estos acuerdos.
Para ello, existen tres correos, enviados en 2017, en los que se daría cuenta de estos acuerdos entre Odebrecht y las autoridades de ese país y en los cuales habría participado el ahora ministro Velásquez como integrante de la CICIG. Esto sería lo que la justicia guatemalteca estaría investigando y por cual busca relacionar al funcionario colombiano.
El primero de los correos con los que la justicia de Guatemala quiere ir tras Velásquez fue enviado el 15 de junio de 2017 a las 6:31 de la noche a una persona identificada como Juan Pablo. Según la prensa guatemalteca, podría ser Juan Pablo Carrasco, un abogado que trabajó en el pasado con Odebrecht y que habría participado en los acuerdos a nombre de esta multinacional brasilera.
“Te comento que luego de la revisión del proyecto, el Comisionado y la Fiscal solicitan se elimine el literal (a) de la cláusula sexta... en todo lo demás hay acuerdo. Igualmente, solicitan incluir como parte de la repación (sic) un comunicado en que haya una disculpa pública a Guatemala por parte de Odebrecht persona jurídica, te incluí la redacción como literal (e)”, reza el mensaje, del cual no aparece autor.
El Comisionado al que se refiere el mensaje sería Velásquez y la fiscal sería Thelma Aldana, quien oficiaba como tal para ese momento.
Un segundo correo es del 3 de agosto de 2017 a las 9:41 de la noche y el destinatario es una persona llamada Guillermo, a quien se le hace un “resumen” de una reunión sostenida ese día y en la que participaron el ministro Velásquez y Luz Adriana Camargo como representantes de la CICIG.
En el encuentro, según el mensaje, también estuvieron la fiscal general de ese momento, Thelma Aldana, y Juan Pablo Carrasco. Al lado del nombre de este último aparece la sigla ODB que significaría, presuntamente, que habría estado a nombre de Odebrecht.
En el mensaje se dice que “entramos a conocer en detalle el contenido de los acuerdos de colaboración. Discutieron entre ellos el mecanismo legal que utilizarían para poder tomar las declaraciones en Brasil, lo cual acordaron que definirían entre ellos como lo desarrollarían”.
En este correo se estaría hablando, supuestamente, de algunos “acuerdos de colaboración” entre Odebrecht y las autoridades guatemaltecas para reparar los hechos de corrupción cometidos por esta multinacional brasilera en Guatemala.
También se dice que Velásquez, “con base en los conocimientos que tiene del caso Odebrecht en Colombia, mencionó que en Colombia se descubrió que hubieron más hechos ilícitos (pagos indebidos) que los confesados en el DOJ y que por ende quisiera dejar muy claro en este acuerdo de colaboración que si se descubre que los colaboradores están ocultando más hechos ilícitos u (sic) montos de pagos indebidos superiores debe de reflejarse en el acuerdo dos puntos adicionales”.
El mensaje agrega que “los puntos adicionales en la cláusula 8ctava y 9vena respectivamente de persona moral y física es que se debe de adicionar que además de perder los beneficios de colaborar, la información puede ser utilizada por las autoridades y cualquier indemnización o multa asumida debe de mantenerse vigente. No se especificó más como debía estar redactada”.
“El punto anterior se discutió ampliamente y se acordó que yo debía enviar para mañana una propuesta de cómo quedarían las cláusulas recogiendo estos puntos”, dice el correo, firmado por Juan Pablo Carrasco, el abogado que habría participado en esta supuesta negociación a nombre de Odebrecht.
Carrasco indica también en el mensaje que “me pidieron que les diera un resumen de la reunión técnica que sostuvimos con la procuradora y el ministro de comunicaciones hace unas semanas ya que se está filtrando en distintos ámbitos que ya hay ciertos acuerdos con ODB y la CICIG y el gobierno. Les di el resumen y se les aclaró que por parte de ODB no hay nadie hablando con ninguna entidad o personas sobre esos acuerdos, más que esa reunión que ellos propiciaron”.
“Todos manifestaron estar en principio de acuerdo con el proceso y contenido de los acuerdos”, dice el mensaje, del cual fueron borrados algunos apartes, pero se puede leer que habría “una última reunión con la procuradora general de la nación” y que “la próxima semana nos darían la confirmación de proceder con los pasos necesarios para suscribir los acuerdos en Brasil”.
Y el correo concluye: “Se finalizó la reunión dos horas después de su inicio. En base a lo anterior debemos de proponer las adiciones que se mencionan a la cláusula 8tava y 9nva para lo cual espero tus instrucciones para proceder de conformidad”.
Y el tercer correo en poder de SEMANA es del 11 de agosto de 2017 8:12 de la noche, está dirigido al abogado Juan Pablo Carrasco y está firmado por Luz Adriana Cámara, “jefe del Departamento de Investigación y Litigio” de la CICIG.
En el mensaje hay algunos apartes borrados, pero la abogada le dice a Carrasco que habría unos “últimos ajustes a los acuerdos de colaboración” y que “nos sería útil que nos confirmen la disponibilidad de fechas por parte de ustedes”.
El fiscal general de Guatemala, Rafael Curruchiche, le dijo a Blu Radio este martes en la mañana que los presuntos delitos por los que la justicia de su país investigaría al ministro Velásquez serían asociación ilícita, obstrucción a la justicia y conspiración.
Anuncio de investigaciones genera crisis con Guatemala
Ante este anuncio, el presidente Gustavo Petro rechazó la posibilidad de que se le emita orden de captura del ministro de Defensa y le hizo una fuerte advertencia al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei: “Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, no tenemos nada que hacer con Guatemala”.
El jefe de Estado colombiano agregó que el actual jefe de la cartera de Defensa fue nombrado como líder de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para destruir la “impunidad” en ese país, y ahora es “perseguido por ese tipo de intereses que tocó”.
“La corrupción, el asesinato desde el poder, generan intereses poderosos que quisieran perpetuarse”, dijo el presidente al referirse a Velásquez, y agregó que “nosotros no vamos a permitir que sea atacado, perseguido y acorralado por quienes ejercen esa impunidad”.
A su llegada este martes 17 de enero a Suiza para hacer parte del Foro Económico Mundial que tiene lugar en Davos, Petro también manifestó que “la lucha contra la impunidad es una de las luchas más fuertes que una persona puede dar”.
De igual forma, el Presidente llamó a consultas a la embajadora de Colombia en Guatemala, Victoria González Ariza.