Los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada presentaron la ponencia en la que demostrarían que la campaña del presidente Gustavo Petro habría violado los topes electorales, lo cual generó una gran molestia en el mandatario. Petro habló de un golpe de Estado en su contra y arremetió contra ellos llamándolos “vagabundos y corruptos”.
El documento de 315 páginas, que su contenido ha sido revelado por SEMANA, expone distintas pruebas que demostrarían algunas de las irregularidades que se cometieron en la campaña.
Una de las más contundentes es la donación de Fecode que se habría triangulado a través de la Colombia Humana. Se trató de 500 millones de pesos que llegaron del magisterio y habrían sido usados en la campaña del mandatario y que no fueron reportados a Cuentas Claras. La ponencia es tan detallada que pone las pruebas de los pagos y transacciones que se hicieron con nombre propio.
Los magistrados determinaron que, según las pruebas, la fecha de la escritura pública de la donación dista de la realidad y que se protocolizó cuatro meses después, cuando ya habían pasado las elecciones, lo que les permitió determinar la omisión de ese pago en el informe de ingresos y gastos y una posibilidad de que se haya manipulado la información.
También son contundentes las pruebas sobre los pagos a testigos electorales. Allí se evidencian facturas, testimonios y otros detalles de pagos de 60.000 pesos a través de giros que habrían costado 931 millones de pesos y que tampoco fueron reportados oportunamente.
Hay una factura que llamó poderosamente la atención de los magistrados y fue un pago de Ingenial Media SAS por una capacitación por 499 (millones) que tampoco fueron declarados. El tema es que, además de eso, se anuló en determinado momento y se volvió a facturar meses después.
En el caso de los testigos electorales sale mencionado el asesor catalán de Petro, Xavier Vendrell, quien tiene un pasado cuestionado en Europa por estar investigado por actos relacionados con terrorismo. El ciudadano Cristian Uscátegui, quien habló con SEMANA sobre el tema, detalló ante los magistrados del CNE cómo operaban.
“A nivel nacional, quien coordinaba la campaña era el señor Xavier Vendrell; él era el coordinador nacional, había unos delegados para cada tema, para el tema de los formatos, para el tema de la aplicación en web, para el tema de logística. A nivel departamental teníamos un coordinador, su nombre Julián Camargo, que era quien acopiaba la información de los 123 municipios, y a nivel municipal, el enlace de Sotaquirá-Boyacá era el señor Carlos Ayala, pero a nivel nacional –repito– era el coordinador y quien presentaba la información era el señor Xavier Vendrell”, dice la ponencia citando a Uscátegui.
Otras facturas llamaron la atención de Ortiz y Prada. Por ejemplo, un préstamo del Polo Democrático Alternativo por 500 millones de pesos que tampoco fue reportado. Sobre los detalles de los cruces hay facturas y otras evidencias contundentes.
Otro de los grandes líos de la campaña fue el uso del avión privado con la Sociedad Aérea de Ibagué, Sadi, en la que se evidenciaron distintos valores según lo contrastado por los magistrados. Inicialmente, se habría pagado 4.019 millones de pesos por 120 horas de vuelo, pero otra factura dice que fueron 2.270 millones.
Las evidencias en contra de la campaña Petro Presidente son contundentes y evidenciarían una violación de los topes electorales por encima de los 5.300 millones de pesos. Cabe aclarar que se trata de la ponencia de ambos magistrados que deberá ser sometida a votación de la Sala Plena del tribunal electoral, donde se determinará si tienen validez y si efectivamente esa campaña no cumplió la ley. Si se encuentran responsabilidades se podrá remitir a otros organismos de control, judiciales y políticos.