Los campesinos entraron en paro por los incumplimientos del gobierno de Gustavo Petro a la reforma agraria.
Los movimientos Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y Baluarte Campesino se tomaron el edificio del CAN, donde funcionan las dos principales entidades dedicadas a ese asunto, para protestar por los incumplimientos de la Casa de Nariño.
Se trata de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), despachos adscritos al Ministerio de Agricultura y que tienen la misión de cumplirle a los cultivadores la promesa del presidente de democratizar el acceso a la tierra.
“La Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural son el corazón del sistema nacional de reforma agraria y no han definido una estrategia de cómo implementar el sistema. El Ministerio de Agricultura y las demás instituciones no se han articulado, por eso nos movilizamos desde los territorios para exigir que se haga la reforma agraria ya”, sostuvo Nilson Liz Marín, uno de los promotores de la movilización.
Los campesinos ya le presentaron un pliego de condiciones al gobierno que incluye las actas firmadas con los incumplimientos del Ministerio de Agricultura, cartera en la que acaba de darse un relevo con la salida de Jhenifer Mojica y la llegada de Martha Carvajalino a ese despacho. Las asociaciones también aseguran que las carteras del Interior, Salud y Vivienda les han faltado a los acuerdos.
“Lo que le hemos planteado al gobierno toda esta semana que nos hemos reunido es que sean serios, que no traten al campesinado como si fuéramos ciudadanos de segunda, que definan una estrategia para poderle cumplir al campesinado”, sostuvo el líder campesino.
Los cultivadores se quejan de que la Casa de Nariño ha avanzado en sus compromisos con asociaciones afro e indígenas, mientras afirman que ellos están en un rezago con el cumplimiento de las promesas que les hizo el presidente Gustavo Petro con su propuesta de democratizar el acceso a la tierra.
“El campesinado se mamó. Hoy tenemos más de siete agencias de tierra y desarrollo rural tomadas en todo el país y nos estaremos tomando más”, advirtió Nilson Liz Marín. Los campesinos ya se tomaron las sedes de esas dos agencias en los departamentos de César, Córdoba, La Guajira, Sucre, Risaralda y Popayán.
El paro de esas dos asociaciones campesinas tiene lugar después de repetidas reuniones sostenidas por sus voceros con los representantes del gobierno durante la primera semana de julio en las que les manifestaron a los delegados de la Casa de Nariño la molestia que surge desde los territorios. Sin embargo, las mesas de trabajo fueron insuficientes para apaciguar los reclamos.
“Ellos no creían que era en serio la movilización. Mamaron gallo y hoy, entonces, se tienen que atener a las consecuencias. El campesinado se movilizó porque se cansó de tanta mentira, de tanto discurso que no se cumple, que no se ven las acciones en el territorio”, detalló el líder del plantón.
La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y Baluarte Campesino, que son los dos grupos que encabezan el paro de los cultivadores, están conformadas por cerca de 12.000 personas, quienes se movilizaron desde sus municipios hasta las cabeceras municipales o hasta Bogotá para hacer parte de este paro.
Consultado por SEMANA sobre cuánto durará este cese de actividades, el presidente nacional de la ANUC respondió que “las movilizaciones van hasta que el gobierno defina una ruta clara para cumplirle los compromisos al campesinado. Si no hay una ruta clara para cumplirle al campesino, nos vamos a tomar todas las vías en todo el país”.
Por eso, a la ministra entrante, Carvajalino, le están pidiendo que entienda que los campesinos están dispuestos a seguirse movilizando si no obtienen respuestas por parte del gobierno nacional para cumplir las promesas que el presidente Petro les hizo desde la campaña de 2022.
La toma de los campesinos a la ANT y la ADR tiene lugar en un difícil contexto administrativo para la ANT, agencia en la que los sindicatos ya advirtieron sobre una “burla” de la entidad a los funcionarios que allí trabajan por la falta de pagos a los colaboradores.