El gobierno de Gustavo Petro está promoviendo una reforma al sistema general de participaciones (SGP) sobre la que congresistas y académicos vienen advirtiendo del riesgo de que esta deje graves consecuencias para las finanzas del Estado.
El SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno nacional transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos para atender los servicios básicos de educación, salud y saneamiento básico, un formato que fue establecido desde 1991.
En la actualidad estos se distribuyen según el censo de la población, las necesidades básicas insatisfechas y los niveles de pobreza que se registran en cada una de las entidades territoriales.
Sin embargo, lo que ahora plantea el Gobierno es que “una reforma al SGP es fundamental para cumplir con la promesa de descentralización de la Constitución Política de 1991 para devolverles la autonomía a municipios, distritos y departamentos en la determinación de la inversión de los recursos en aquellos programas y proyectos que mayor potencial tienen para potenciar su desarrollo. Así mismo, para cerrar las brechas socioeconómicas entre las regiones”.
Bajo el esquema actual, la nación transfiere el 20 % de sus ingresos corrientes a los entes territoriales y la reforma al sistema general de participaciones presentada por la administración de Gustavo Petro busca que estos reciban el 46,5 %, más de la mitad de lo que se gira actualmente.
En ese sentido, el Ministerio del Interior defiende que esta “responde a una demanda insatisfecha de las regiones para contar con más autonomía financiera y administrativa y es la forma, además, para permitir que el Estado lleve toda su oferta a los territorios. De ser aprobada, la Reforma entraría en vigencia en 2027, después de que el Congreso expida una Ley de Competencias. El proyecto determina que se transferirán recursos y competencias gradualmente durante 10 años”.
La cartera que dirige Juan Fernando Cristo defiende que esta fortalece las entidades regionales, entregándoles más competencias y descentralizando la gestión de los recursos que siempre ha estado focalizada en Bogotá. Además, esa cartera defiende que esta hace parte del acuerdo nacional.
“La redistribución de competencias entre la nación y los territorios pretende otorgar mayores responsabilidades a las entidades territoriales. Además de recibir más recursos, los territorios deben fortalecer su capacidad de autogestión y asumir un rol más activo en la administración, ejecución y vigilancia de los programas y proyectos, un paso hacia el cierre de las brechas regionales y una oportunidad para corregir desequilibrios históricos entre Bogotá y las regiones. La discusión alrededor de la reforma es quién maneja el poder y los recursos. La experiencia ya ha demostrado que concentrar poder y recursos en Bogotá no es efectivo ni eficaz”, defiende la cartera política del Gobierno.
Ese articulado consiste en un proyecto de acto legislativo que cursa el sexto de los ocho debates que necesita para su aprobación. Desde Anif advirtieron que ese articulado podría llevar, incluso, a que el Estado colombiano entre en quiebra porque esto implicaría que una importante proporción del Presupuesto General de la Nación quede bajo la administración de las entidades territoriales y no del Gobierno nacional.
En contraste, el autor del proyecto, el senador Guido Echeverri, dijo recientemente a SEMANA que lo que el articulado busca “acentuar la descentralización para que las regiones ganen autonomía. Estudios del Banco Mundial señalan que cuando los recursos se administran en las entidades territoriales en donde se originan, el gasto es más eficiente”.