En 11 meses de gobierno, Francia Márquez resaltó más por sus polémicas que por su injerencia en la administración del presidente Gustavo Petro. La vicepresidenta, a pesar de haber sido uno de los fenómenos políticos de la campaña presidencial, tenía una discreta participación frente a figuras más tradicionales que se ganaron un puesto en el círculo cercano del mandatario. Laura Sarabia, ex jefa de gabinete, y la primera dama, Verónica Alcocer, fueron mencionadas en varias ocasiones como las mujeres más poderosas del país por encima de Márquez. Mientras tanto, en silencio, la vicepresidenta asumió un rol más diplomático.
El panorama para ella cambió cuando el Congreso aprobó la creación del Ministerio de la Igualdad, una promesa de campaña que Petro le cumplió a la vicepresidenta con el fin de lograr avances en justicia social. El 30 de junio, en Manaure, La Guajira, Petro posesionó a Márquez como ministra y firmó el decreto con el que se estableció la planta de personal. La robusta nueva burocracia, el presupuesto asignado y los abstractos objetivos de la cartera desataron una tormenta.
En primer lugar, se trata de una estructura atípica para un ministerio en Colombia. Cuenta con cinco viceministerios y 20 direcciones generales, una cantidad exagerada si se tiene en cuenta que la mayoría de carteras solo tienen dos viceministros y menos de diez directores. “La estructura del Ministerio de la Igualdad debe ser revisada profundamente porque ningún ministerio tiene cinco viceministros. Lo normal son dos y yo creo que muchos deberían tener solo uno. Hacienda, que tiene una cantidad de funciones, tiene solamente dos viceministros.
Si uno mira las cinco áreas que les dieron a los viceministros del Ministerio de la Igualdad, esas pueden ser las direcciones generales. No necesitan 20 direcciones generales. Es una estructura totalmente atípica. Tampoco, representantes departamentales”, advirtió José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda de Petro, en SEMANA.
También se critica el presupuesto, que solo para el segundo semestre del año tendrá 500.000 millones de pesos. La vicepresidenta quería más, pero el exministro de Hacienda le pidió aprender primero a ejecutar. El Ministerio de la Igualdad tiene más presupuesto que sus pares de Transporte, Justicia, Ciencia y TIC en un país que necesita vías, que se judicialicen a los criminales y que invierta en investigación y conectividad. Incluso, su presupuesto supera al de varias entidades de la Presidencia y superintendencias.
La asignación también cobija 743 nuevos cargos sin incluir a la ministra y vicepresidenta. Solo el despacho de Márquez contará con ocho asesores con sueldo de 9.360.615 pesos, dos conductores que recibirán mensualmente 2.324.600 y dos secretarios ejecutivos que cobrarán 3.735.415 pesos cada uno. El equipo directo de la vicepresidenta le costará al país un total de 87 millones de pesos al mes. Por otro lado, los viceministerios contarán con asesor, auxiliar administrativo, conductor y secretario ejecutivo, cuya nómina costará más de 31 millones de pesos mensuales.
La planta global también resulta costosa por las 20 direcciones. Cada uno de los directores designados cobrará 10.908.015 pesos, que en total costará 218 millones al mes.
Los 32 directores territoriales también serán un gasto considerable, dado que cada uno recibirá un sueldo de 7.394.087 pesos, que en total significa 236 millones. Los ocho jefes de oficina ganarán 10.908.015 pesos cada uno, lo que se traduce en 87 millones cada mes. Asimismo, se contratarán a 195 profesionales especializados de grado 15, que costarán 1.074 millones de pesos mensuales, y otros 112 de grado 17, a quienes se les deberá pagar un total de 699 millones al mes.
A esto se le suman 111 técnicos administrativos (que costarán 355 millones de pesos al mes), 79 profesionales universitarios de grado 10 (307 millones), 75 profesionales universitarios de grado 8 (270 millones), 58 auxiliares administrativos (127 millones), nueve asesores grado 12 (84 millones), dos subdirectores técnicos (18 millones), un jefe de la oficina asesora de planeación (11 millones), un jefe de comunicaciones (11 millones) y otro conductor mecánico (2,3 millones de pesos).
En total, el Ministerio de la Igualdad costará más de 3.600 millones de pesos mensuales en solo gastos de nómina de planta. “Esa entidad es, en mi criterio, un capricho burocrático del Gobierno y un compromiso que tenían con la vicepresidenta. Estamos hablando de más de 700 cargos nuevos, de cinco viceministerios, el que más viceministros tendrá. Es una entidad que se va a ver reflejada en la burocracia y el clientelismo. No veo cómo va a desarrollar ese principio de igualdad, que es precisamente mediante políticas públicas, no mediante la creación de un ministerio, que pretenda solucionar todo”, advirtió el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, en conversación con SEMANA.
Según el representante Juan Espinal, del Centro Democrático, la burocracia creada será un “festín en época electoral” y un ministerio para “pagar favores políticos de la vicepresidenta”.
Uno de los temas que no queda resuelto en la reglamentación del Ministerio de la Igualdad es la duplicidad de funciones, lo que preocupa, pues diferentes empleados del Gobierno realizarían tareas similares. Aún no se sabe si el Ministerio absorberá las funciones de la Consejería para la Juventud, la Consejería para la Equidad de la Mujer, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), entre otros.
“Las discusiones en el Congreso fueron más de carácter ideológico que de necesidad administrativa. Ha quedado probado que muchas de las funciones que asumirá el Ministerio de la Igualdad ya existen en otras entidades del Gobierno, esencialmente en el DPS y no desaparece. Habrá duplicidad de funciones, no hubo un sustento de impacto fiscal, hay falta de planificación y exceso de burocracia con cinco viceministerios. Es un modelo que va a atrofiar la política social y a crecer la burocracia”, sostuvo Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático.
Mientras que Márquez recobra su poder con el Ministerio de la Igualdad, llama la atención que Soy Porque Somos se debilita y es sutilmente excluido. Ariel Palacios, delegado del movimiento de la vicepresidenta ante el Pacto Histórico, asegura que no los tienen en cuenta como deberían para conformar listas a las elecciones regionales. “Somos una colectividad que están dejando excluida y no peleamos. Simplemente, llamamos a la unidad y continuar construyendo”, dijo el líder afrocolombiano en conversación con este medio.
La posibilidad de que el movimiento obtuviera la personería jurídica por medio de una escisión del Polo Democrático fue descartada por los dirigentes del partido, bloqueando a la vicepresidenta, que avalaron en la consulta interpartidista. Ahora les queda pedirla ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) con la ayuda de Dorina Hernández Palomino, representante del Pacto Histórico que pertenece a Soy Porque Somos.
Con un ministerio abstracto, sin rumbo fijo y con un objetivo más ideológico que de ejecución, la vicepresidenta vuelve a la relevancia después de meses de anonimato. Sin embargo, la burocracia desmedida y la falta de metas claras ponen a la nueva cartera en riesgo de quedarse en las buenas intenciones de Márquez y en un posible derroche de dineros públicos.