La Contraloría de Bogotá culminó varias auditorías de regularidad a los Fondos de Desarrollo Local (alcaldía locales) de la ciudad, y en varios de ellos encontró diferentes irregularidades, las cuales tienen al Distrito respondiendo por presuntos hallazgos fiscales y presunto detrimento patrimonial de $ 3.380 millones, según los documentos que conoció SEMANA en exclusiva.
Se trata de obras inconclusas o con diferentes irregularidades en las localidades de Sumapaz por $ 1.600 millones; en Bosa, por $ 1.056 millones; y en Ciudad Bolívar, por $ 725 millones, y que tienen tiene a los funcionarios dando explicaciones al respecto ante el órgano de control.
Sumapaz
De acuerdo con los resultados de la auditoría a los que tuvo acceso esta revista, la Contraloría determinó un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por valor de $ 1.489 millones por la no terminación y puesta en funcionamiento de las obras ejecutadas en las sedes de la Alcaldía Local de Sumapaz en los centros poblados de Betania y San Juan.
Estas obras fueron ejecutadas con el fin de ampliar la capacidad instalada de la alcaldía local en las Veredas mencionadas, así como la demolición y construcción de una nueva edificación, como lo fue el caso de la corregiduria de San Juan.
La Contraloría estableció que las actividades de obra anteriormente descritas, no se encuentran amparadas bajo un contrato de obra; de igual forma, estas construcciones no se encuentran en funcionamiento ni están totalmente terminadas, están inconclusas, no siendo funcionales, ni cumpliendo con el objetivo para lo que fueron construidas.
El órgano de control advierte que las estructuras llevan aproximadamente seis meses de inactividad, sin ningún tipo de intervención, situación que configura en un detrimento patrimonial por $ 1.489 millones en materiales y mano de obra invertidos en estas edificaciones.
Por otro lado, la Contraloría también estableció un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $ 114′555.966 por viviendas campesinas inconclusas y no entregadas por parte de la Alcaldía de Sumapaz a los beneficiarios de un proyecto que tenía como objeto: mejorar 150 viviendas de interés social rurales, con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su mantenimiento.
Varios de los beneficiarios no recibieron sus viviendas terminadas, lo que representa un detrimento patrimonial.
Bosa
En la localidad de Bosa, la auditoría determinó un hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por presunto e inadecuado manejo de los recursos públicos, toda vez que hubo mayores valores pagados e irregularidades en la ejecución del contrato de obra 161 de 2017. La incidencia fiscal es en cuantía de $ 1.056 millones.
El contrato tenía como objeto la conservación de malla vial y espacio público asociado por un valor total del $ 22.785 millones. Los barrios beneficiados eran Santa Fe, Villa del Río, Olarte, La Paz, Betania, Nuevo Chile, Motorista, La Libertad, Holanda, Chicalá, Porvenir, Brasil y Escocia.
El hallazgo con incidencia fiscal está explicado en varios casos, el primero de ellos, por el mayor valor pagado por concepto de la No devolución del AIU (concepto de administración, imprevistos y utilidad) pago en actas anteriores para cantidades de obra que se descuentan en actas posteriores por valor de $191 millones.
Explicado de otra forma, luego de efectuar la verificación de las 24 actas parciales pagas, la Contraloría identificó que en las actas 6 a la 24 se efectúa una serie de descuentos de cantidades de obra que previamente habían sido pagas en las actas anteriores.
El segundo caso, obedece al mayor valor pagado por la aprobación y pago de 2 actividades definidas como Ítems No Previstos, pese a que dichas actividades eran o hacían referencia a actividades propias de los profesionales y técnicos que son pagos dentro del personal definido en el AIU. El valor pagado de más superó los $ 98 millones.
En el tercer caso, la Contraloría estableció que hubo un mayor valor pagado por $ 25′801.573 por concepto de reconocimiento y pago del AIU a los ítems de diagnósticos, estudios, diseño, pruebas, laboratorios; en el cuarto caso, hubo un mayor valor pagado por concepto de reconocimiento y pago del AIU a los componentes Ambiental, Social y PMT (Plan de Manejo Tráfico) por valor de $ 235′007.693; y en el quinto caso, y más alarmante, hubo un mayor valor pago por la diferencia de los valores registrados en actas parciales frente a los valores de las facturas pagas, por valor de $ 506′204.366.
En otras palabras, en este contrato de conservación de malla vial y espacio público, la Alcaldía de Bosa, de acuerdo con la auditoría de la Contraloría, pagó al contratista, $ 1.056 millones de más.
Ciudad Bolívar
Finalmente, la Contraloría de Bogotá, en una auditoría a la Alcaldía de Cuidad Bolívar, estableció un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y presunta disciplinaria, por $ 713 millones, como consecuencia del incumplimiento de las especificaciones técnicas en la construcción del complejo Lectus - Techné de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital.
La firma Muñoz Herrera S.A., era la empresa que inicialmente estaba encargada de la obra, pero posteriormente, tras varios meses de suspensión, el Consorcio UD 2022 recibió el proyecto.
De acuerdo con la Contraloría, conforme visita técnica realizada el 4 de mayo de 2023, se evidencian el suministro e instalación en el edificio techne de muros en acabado en la mina para fachada-Pánalex, los cuales presentan en ciertos elementos desnivelación, falta de plomo y desfijación de elementos instalados viéndose comprometidos los niveles de aceptación conforme las especificaciones técnicas en cuanto a los niveles de estabilidad, seguridad, durabilidad y capacidad de los elementos instalados de soportar las cargas sin volcarse o caerse, situación que representa un riesgo latente de peligro para la comunidad universitaria y demás transeúntes.
La Contraloría es tajante en advertir, que en cualquier momento la inadecuada fijación de los elementos cuestionados podría ocasionar el desprendimiento de los paneles que al caer pueden generar una lesión a quien sea impactado.
Dichas patologías constructivas, tienen como origen el no cumplimiento a las especificaciones técnicas previamente establecidas en cuanto a la reglamentación técnica y ficha que consta por parte del proveedor; que denotan debilidades en actividades rigurosas de la intervención y supervisión en las fases continuas que demanda la etapa de instalación y el detalle de las especificaciones técnicas en la misma.
Lo anterior generó un menoscabo al patrimonio público en la totalidad de la actividad contractual ejecutada, entregada y pagas.