El corredor verde por la Carrera Séptima en Bogotá, uno de los programas bandera de la alcaldesa Claudia López y cuyos diseños oficiales fueron presentados por la propia mandataria distrital en días pasados, anunciando además que el proyecto saldría a licitación en julio próximo por un costo de $2,5 billones, recibió fuertes reparos por parte de la Personería alertando graves consecuencias para la ciudad si el proyecto sigue adelante sin antes completarse su etapa de maduración.
Las advertencias que hace la Personería de Bogotá son realmente alarmantes, así lo revela un informe que conoció SEMANA en exclusiva, el cual ya está en poder del propio director del IDU, Diego Sánchez; de la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila; y de la secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo.
De acuerdo con el órgano de control distrital, de seguir adelante con el proyecto sin que se alcance la etapa de maduración, es decir, sin que esté completo en su totalidad en todos los tramos, traería situaciones adversas, no solo para el proyecto en sí, sino para la ciudad en general. La Personería enmarcó los reparos en cinco grandes temáticas: : (i) Gestión predial, (ii) Falta de modificación del plan parcial El Pedregal; (iii) Falta de estudios y diseños para la ampliación de la Carrera 11; (iv) Falta de aprobación por parte de las empresas de servicios públicos de los estudios y diseños entregados como producto de los contratos de consultoría y (v) Inconformidad ciudadana sobre los estudios y diseños del Corredor Verde, tramo 2.
Gestión predial
Lo primero que hay que tener en cuenta en este punto, es que para la elaboración de los estudios y diseños del corredor verde, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) dividió el proyecto en tres tramos: el primero, comprendido entre las calles 26 y 32; el segundo, entre las calles 32 y 93ª, y; el tercero, entre las calles 93ª y 200; para lo cual suscribió tres contratos de consultoría.
Ahora, al momento de sacar el proyecto a licitación, el IDU dividirá el proyecto en cinco grandes lotes, es decir, firmará cinco contratos y si bien en términos generales la gestión predial (adquisición de predios para poder hacer la obra) avanza a buen ritmo con un 80,49 %, a la Personería le preocupa que el IDU no gestionado la adquisición de predios estratégicos para el proyecto, sin los cuales fácilmente el corredor verde quedaría tambaleando.
El caso más alarmente sin duda alguna tiene que ver con el lote 5 que va desde la calle 183 hasta la calle 201, en donde la gestión predial no alcanza si quiera al 30 % y peor aún, a la fecha el IDU no cuenta con la titularidad del predio necesario para la construcción del patio portal del corredor verde. Dicho en otras palabras, de momento el Distrito no tiene en su poder el lote en donde se van a guardar todos los buses del operador público de La Rolita que van a ser utilizados por este corredor. Es quizás el predio más importante de todo el proyecto.
En ese sentido, para la Personería de Bogotá, la apertura de la licitación anunciada por la administración distrital para el tramo cinco corre el riesgo de incurrir en futuros retrasos y mayores costos de obra. La situación es crítica.
Esta advertencia de la Personería toma gran relevancia, toda vez que hoy en día el predio donde estará el patio portal del corredor verde le pertenece al Fidecomiso Lagos de Torca, y no hay claridad sobre si este predio será cedido a o no a la ciudad como una carga urbanística, por lo tanto, aun el Distrito no ha podido adelantar el trámite de la licencia de construcción del mismo.
Los funcionarios del IDU, advirtieron a la Personería en una visita administrativa, que la no obtención de la licencia no constituía un impedimento para abrir la licitación de las obras del Corredor Verde; toda vez que una opción válida y que tienen contemplada es dividir la licitación e iniciar sin la construcción del Patio Portal, el cual se licitaría posteriormente.
Pero no todo es tan sencillo como parece. SEMANA conoció que una de las posibles salidas que baraja el Distrito en caso de que el Fidecomiso Lagos de Torca no ceda este lote como una carga urbanística, es entrar a adelantar todo el proceso de expropiación de predio, el cual está facultado en la ley, sin embargo, el IDU, al parecer, compraría el predio como zona rural lo que disminuiría su valor considerablemente.
Explicado de otra manera, si bien el Distrito está en todo su derecho de adelantar el proceso de expropiación de ser necesario, la realidad es que un proceso de esta envergadura no se completa en pocos meses, dado que muy seguramente se vendrían futuras demandas por la inconformidad en la expropiación, lo que podría alargar el proceso a cerca de dos años. Adicionalmente, una vez el Distrito tenga en su poder el predio, tendría que esperar otros cuatro a seis meses para poder sacar la licencia de construcción, pues ese es el promedio que tarda hoy en día un trámite de este tipo.
Es así como salir a licitar sin tener la propiedad del predio del patio portal sería un riesgo latente, puesto que alargaría considerablemente los tiempos y costos del proyecto del corredor verde. Y la realidad, es que en la zona no hay otro predio con las mismas características que sirva para construir ahí el patio portal.
Pero las observaciones sobre la gestión predial no paran ahí. Resulta que en el lote 1, que va desde la calle 24 hasta la calle 76, actualmente existe la presencia de seis estaciones de servicio o gasolineras. Respecto a estos establecimientos, el IDU informó que a la fecha se han adelantado gestiones prediales con uno solo de estos predios y se encuentran pendientes de adelantar mesas de trabajo con los demás, con el fin de definir los posibles procesos de adquisición o alternativas para mitigar el impacto generado en los mismos.
Sin embargo, la tarea para adquirir estas gasolineras no será nada sencilla, pues en caso de no llegarse a un acuerdo, en estos puntos el Distrito también tendría que entrar adelantar un proceso de expropiación, pero aquí el trámite sería mucho más engorroso, dado que los dueños de los predios de estas gasolineras tienen un derecho económico adquirido para el uso del suelo, además de una licencia ambiental.
Es así como todos estos ítems tienen que ponerse en consideración tanto en los posibles acuerdos de venta, como en un posible proceso de expropiación, lo que sin duda alguna va a aumentar considerablemente los recursos que el Distrito tenga que disponer para la adquisición de los predios.
Lo que no explica la Personería de Bogotá es si el corredor verde es uno de los proyectos bandera de esta administración y fue anunciado desde los primeros meses del gobierno de Claudia López, por qué el Distrito solo hasta ahora está terminando de adelantar la gestión predial, puesto que gran parte del avance en la adquisición de predios para este proyecto se logró en la alcaldía anterior.
Falta de modificación del plan parcial El Pedregal
Por otro lado, el corredor verde de la carrera Séptima tiene otra gran piedra en el zapato: el plan parcial El Pedregal, el cual está ubicado en el lote 3 del proyecto, comprendido entre la calle 99 y la calle 127.
De acuerdo con la Personería de Bogotá, el plan parcial requiere ser modificado, a fin de que asuma dentro sus cargas urbanísticas la realización de algunas intervenciones y obras imprescindibles para el proyecto corredor verde, como lo son la demolición y posterior construcción del puente sobre la Av. Carrera 7 con calle 100, la semaforización de su área de influencia, la construcción de una estación de TransMilenio, entre otras.
No obstante, la Personería advierte de manera tajante que modificación del referido plan parcial aún no se ha surtido, razón por la cual no existe certeza sobre asunción de dichas cargas y, por lo tanto, no hay certidumbre respecto de la realización de estas obras, imprescindibles para el proyecto Corredor Verde.
Ahora, si bien es cierto que el IDU y el promotor del plan parcial El Pedregal suscribieron un acta de transacción por medio de la cual dieron por terminado el proceso de reparación directa No. 2021-062 y, con ella, se comprometieron a generar mesas de trabajo para que, de manera conjunta, se estructurara la modificación del plan parcial, lo cierto es la Personería señala que dicho acuerdo por sí solo no constituye una acción urbanística que le imponga al particular tales cargas; razón por la cual, mientras no se adopte tal modificación del plan parcial a través de un acto administrativo en firme, no habrá certeza sobre la compatibilidad y articulación del proyecto con respecto al Corredor Verde.
Explicado de una forma más sencilla, hasta que no haya un decreto que modifique el plan parcial, no hay certeza legal sobre las cargas urbanísticas que debe asumir el contratista y lo alarmante del caso es que el puente sobre la Avenida Carrera 7 con calle 100, el cual es una carga que debe asumir el plan parcial El Pedregal, es una obra de gran importancia para el proyecto del corredor verde, pero el cual hasta el momento no está garantizado. Es así como el contratista que se gane la licitación del tramo 2 estará atado a las manos de otro privado: el contratista de El Pedregal.
“Mientras no se adopte la pretendida modificación del plan parcial El Pedregal, a través de un acto administrativo en firme, el proyecto Corredor Verde no puede asumir como una realidad que, el promotor del plan parcial efectivamente vaya a asumir las referidas cargas urbanísticas, imprescindibles para la adecuada ejecución del contrato de obra a ejecutar”, puntualiza la Personería de Bogotá.
En términos generales, tanto para el punto de la gestión predial del patio portal y las gasolineras, como el relacionado con el plan parcial El Pedregal, la Personería no explica el afán de la administración de Claudia López en sacar a licitación este proyecto cuando el corredor verde hoy depende en gran parte de los privados.
Falta de estudios y diseños para la ampliación de la Carrera 11
Una de las grandes críticas que ha recibido el proyecto del corredor verde de Claudia López es la eliminación del tráfico mixto en el sentido norte sur, entre las calle 93 y 32. Al respecto, el Distrito se ha defendido de los cuestionamientos asegurando que el corredor verde es un proyecto para mejorar la movilidad de todo el borde oriental de la ciudad y que gran parte del tráfico que dejará de circular por la Séptima irá a la carrera 11, en donde también se harán grandes intervenciones. Pues bien, resulta que la Personería de Bogotá también fuertes reparos frente a esto último.
El Ministerio Público Distrital advierte que la amplicación de la carrera 11 es una obra adicional a incluir dentro del plan de manejo de tránsito del tramo 2 del corredor verde, pero resulta que los diseños de la ampliación de la 11 no estaban incluídos en los contratos de consultoría suscritos para los diseños de todo el corredor verde; razón por la cual, el IDU es el encargado de elaborarlos, pero hasta el momento esos diseños simplemente no están.
Adicionalmente, la Personería de Bogotá pudo constatar que estas obras de adecuación en la carrera 11 no estaban previstas dentro el presupuesto original del proyecto del corredor verde, por lo que la administración distrital se verá obligada destinar recursos adicionales para financiarla.
“Lo anterior pone en evidencia que si las obras a ejecutar sobre la carrera 7 no habrían cumplido suficientemente con su proceso de maduración, la ampliación de la carrera 11, necesaria para garantizar el funcionamiento del tramo 2, nisiquiera ha comenzado su proceso de maduración, pues lo único que se conoce es el render conceptual anteriormente presentado, y si consideramos el tiempo promedio que toma la elaboración unos estudios y diseños de detalle (de uno a dos años), se advierte desde ya la ausencia de estos estudios y diseños para el mes de abril de 2023, época en que se pretende publicar los anunciados prepliegos”, aseguró la Personería.
“En conclusión, aun cuando la amplicación de la carrera 11 se incluya como una actividad prevista dentro del futuro plan de manejo de tránsito del Corredor Verde, lo es cierto es que se trata de la contratación de una obra importante no solo para el proyecto Corredor Verde sino para la ciudad en general; razón por la cual, prever la contratación de dicha obra sin contar con estudios y diseños que confirmen su viabiliad e impactos, constituiría un evidente desconocmiento del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, por el cual se establece el deber legal de madurar los proyectos antes de dar apertura a la licitación por la cual se contrate su ejecución”, agregó la Personería.
Falta de aprobación de los diseños por parte de las empresas de servicios públicos
Otro aspecto que genera gran inquietud para el órgano de control es que, tal y como lo confirmaron los funcionarios del IDU en una visita administrativa del 13 de marzo, en general, los estudios y diseños entregados por los consultores en los tramos 1, 2 y 3 no han sido aprobados ni validados por las empresas de servicios públicos y demás autoridades involucradas. Sin embargo, según lo manifestado por los referidos funcionarios, tal circunstancia no constituye un impedimento legal para continuar con la apertura de proceso de licitación de las obras del Corredor Verde.
Sin embargo, de acuerdo con la Personería, lo que la experiencia ha demostrado, es que la incompleta identificación de redes constituye la causa más común de retrasos y mayores costos de las obras de infraestructura en Colombia; experiencia que tampoco ha sido ajena a los proyectos liderados por el IDU.
En consecuencia, proceder a contratar la obra sin que los diseños hayan sido previamente validados por las empresas de servicios públicos involucradas, constituye desde ya un riesgo previsible de que, en la ejecución de las futuras obras se presenten retrasos, suspensiones y mayores costos para el Distrito Capital.
Inconformidad ciudadana sobre los estudios y diseños del Corredor Verde, tramo 2
Finalmente, la Personería de Bogotá pudo constatar que existen inconformidades por parte de la ciudadanía con respecto a los diseños del actual Corredor Verde, especialmente entre las calles 93A y 32A, costado occidental, en donde se propone eliminar el carril de tráfico mixto y, en su lugar, adecuar un carril pacificado de 3 metros de ancho y discontinuo, cuya función sea la de permitir el ingreso a los inmuebles del sector, pero impedir el desplazamiento vehicular de extremo a extremo, en el sentido norte-sur.
Respecto a los diseños divulgados hasta el momento por la administración sobre este tramo, la Personería subraya que no se ha podido identificar cual será la estrategia para garantizar el acceso y facilidad de transporte para población adulta mayor, población en condición de discapacidad y para todos aquellos propietarios y/o usuarios de servicios médicos y demás servicios complementarios requeridos en la zona (servicio de recolección de basuras, vehículos para atención de emergencias, rutas escolares y vehículos para el abastecimiento de locales comerciales, entre otros).
Explicado todo lo anterior, para la Personería de Bogotá es claro que el proyecto corredor verde aún no ha surtido totalmente su ciclo de maduración y salir a licitarlo así sería muy riesgoso para la ciudad y para el proyecto en sí.