En medio de la ola de delincuencia que está viviendo Bogotá por el incremento en los indicadores de alto impacto como homicidios, hurtos a personas, a automotores, extorsiones, entre otros, lo que impacta negativamente en la confianza de los ciudadanos, la Secretaría Distrital de Seguridad, no solo le debe hacer frente a este fenómeno de la criminalidad, sino que al mismo tiempo debe afrontar procesos de posible responsabilidad fiscal.
SEMANA conoció en exclusiva los resultados de una auditoría de regularidad que la Contraloría de Bogotá adelantó en la Secretaría de Seguridad y en la que le formuló hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria e incidencia fiscal que suman $ 9.827 millones.
Se trata de hallazgos por cuestionables mantenimientos que se adelantaron a las cámaras de videovigilancia que hay en la ciudad, además de mantenimientos a un helicóptero perteneciente a la Policía Metropolitana.
El hallazgo de presunta incidencia fiscal relacionado con las cámaras de videovigilancia suma un total de $ 1.209 millones. Se trata de posibles irregularidades cometidas en un contrato que tenía como objeto: prestación de los servicios de administración, soporte, mantenimiento preventivo, correctivo y/o de actualización al sistema de videovigilancia de Bogotá, con disponibilidad de bolsa de repuestos.
Dicho contrato se firmó en junio de 2021 y el plazo inicial era de 10 meses, pero le hicieron una prórroga y la ejecución finalmente fue de 12 meses. El valor inicial fue de $ 14.427 millones, pero posteriormente se le hizo una adición de $ 7.213 millones, por lo que el valor final del contrato ascendió a $ 21.640 millones.
Los hallazgos en este contrato están relacionados con el hecho que la Secretaría de Seguridad ordenó efectuar el pago de mantenimientos que no habrían cumplido con lo exigido en los anexos del contrato.
“Se evidenció la realización de visitas de mantenimientos correctivos, pese a que no mediaron los diagnósticos remotos previos ni orden de la interventoría para ello, las cuales resultaron inoficiosas, puesto que, resultado de estas, no se produjo ninguna solución al tener que ser escaladas a los proveedores de servicios ya sea de conectividad o de energía, empresas con las cuales la Secretaría de Seguridad ya contaba con contratos remunerados de prestación de servicio, incluida la atención de fallas”, se lee en la auditoría.
Y se enfatiza: “Dado que la interventoría no ordenó dichas visitas ni aplicó penalidad por incumplimiento a los acuerdos de niveles de servicio por confiabilidad, no se debió autorizar su pago, teniendo en cuenta que cada una de estas le costó al Distrito $ 2.000.188, por lo cual no tiene fundamento haber reconocido pagos con cargo al contrato 1242 de 2021 por mantenimiento correctivos no realizados o que no eran de su competencia”.
En total, según se revela en la auditoría, fueron 485 las visitas de mantenimiento que no produjeron ninguna solución al ser escaladas a Codensa o a ETB, pero visitas por las que la Secretaría de Seguridad sí autorizó los pagos de $ 2 millones cada una.
De acuerdo con la Contraloría, no se entiende las razones por las que la Secretaría de Seguridad autorizó dichos pagos, toda vez que uno de los anexos del contrato establece que “se considera diagnóstico fallido cuando: el contratista de mantenimiento efectué visita o mantenimiento correctivo sin dar solución, debiendo redireccionar el requerimiento a Codensa o al proveedor de conectividad…”.
En la auditoría, la Contraloría deja claro que las omisiones expuestas causaron un detrimento al patrimonio de la ciudad en cuantía de $ 970.091.035 al haberse realizado pagos por servicios no conformes.
Ahora, dentro de este mismo contrato, de acuerdo con la Contraloría, también se presentaron fallas en la determinación de precios unitarios del contrato que conllevaron a pagar mayores valores por servicios iguales o equivalentes.
Se trata de posibles irregularidades en los pagos de visitas por mantenimientos correctivos y visitas por limpieza de lente o acrílicos. En algunos casos, se pagó mucho más.
“Los mayores valores pagados por la Secretaría de Seguridad, sin justificación con respecto al precio más bajo establecido en el contrato para la ejecución de actividades en condiciones similares o iguales, se configuran como un detrimento para el patrimonio de la ciudad en cuantía de $ 239.874.617 en este caso, que sumado a los $ 970.091.035 del caso 1, da un total de $ 1.209.652,00 de afectación al erario del Distrito Capital”, señala el informe de auditoría.
Hallazgos por el helicóptero de la Policía Metropolitana de Bogotá
Por otro lado, dentro de los resultados de la auditoría que conoció SEMANA en exclusiva, también se establece un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria e incidencia fiscal por valor de $ 8.618 millones, por mantenimientos del helicóptero Bell 407, para uso de la Policía Metropolitana, pero mantenimientos que no eran responsabilidad de la Secretaría de Seguridad.
Se trata de posibles irregularidades en el contrato 522-2017, que inició en mayo de 2017 y culminó en diciembre de 2022.
El objeto del contrato es el siguiente: “La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá D.C. entrega equipos y accesorios de navegación aérea del helicóptero Bell 407, para uso de la Policía Metropolitana de Bogotá, con el fin de fortalecer y sostener los medios de transporte destinados a la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad de respuesta de la policía en la ciudad de Bogotá”.
Sin embargo, de acuerdo con la cláusula séptima del contrato, la Policía Metropolitana de Bogotá debía asumir los costos de mantenimiento y funcionamiento de los accesorios del sistema de videovigilancia implementados al Helicóptero Bell 407.
Pero, de acuerdo con la Contraloría, la Secretaría de Seguridad, sin que mediara acuerdo alguno, asumió costos de mantenimiento de la aeronave, siendo esta de propiedad de la Policía Nacional, a quien corresponde sufragar estos gastos con cargo al presupuesto asignado a dicha fuerza pública.
Y en dichos mantenimientos, los costos asumidos por la Secretaría de Seguridad ascendieron a $ 8.618 millones, cuando no era su responsabilidad.
En consecuencia, la Contraloría determinó que “todo lo anterior genera un detrimento patrimonial en la suma de $ 8.618 millones, recursos que dejaron de ser utilizados en los programas y proyectos de la Secretaría de Seguridad, lo cual resulta lesivo si se tiene en cuenta las cifras de delitos de alto impacto que se registran en la ciudad”.