La Contraloría de Bogotá culminó recientemente una auditoría de regularidad a la Secretaría Distrital de Salud y al Fondo Financiero de Salud, en la que se estableció un hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria y penal por un inadecuado recibo, supervisión, vigilancia y seguimiento sobre la adquisición de ambulancias en la ciudad.
De acuerdo con el informe en poder de SEMANA, el hallazgo con incidencia fiscal es por una cuantía de $725.327.108. En un documento de 492 páginas, el órgano de control confirma, entre otras cosas, graves fallas mecánicas y eléctricas en las ambulancias adquiridas por la Secretaría de Salud, como en su momento lo denunció esta revista.
Se trata de las ambulancias que fueron adquiridas por la administración de la alcaldesa Claudia López en marzo de 2022, tras una inversión de 36.000 millones de pesos.
“Es una inversión alta y eficiente. Es un paso más para tener un servicio de salud pública digno, que ayudará a mejorar la atención, oportunidad, el tiempo de llegada y la calidad de la respuesta a los bogotanos”, fueron las palabras que usó la propia alcaldesa López cuando se anunció la millonaria adquisición.
Sin embargo, en el primer semestre de este año, SEMANA recopiló testimonios de conductores y personal médico del servicio de Atención Prehospitalaria (APH) de la Secretaría de Salud, con 30 años de experiencia, quienes señalaron en su momento a esta revista que esa compra terminó siendo un descalabro para el Distrito.
La Secretaría de Salud adquirió las ambulancias a través de Colombia Compra Eficiente bajo cuatro órdenes de compra. En su momento, la mayoría de los proveedores de esta clase de vehículos se negaron a presentar una oferta por la falta de insumos y existencias para cumplir con los requerimientos del contrato. Incluso grandes casas automotrices, como Renault o Automayor, que es el distribuidor de Chevrolet, se negaron a participar por la inexistencia de este tipo de ambulancias en el stock. La única compañía que presentó oferta fue Alfa Colombia, pero terminó solicitando varias prórrogas para la entrega de los vehículos. De 151 ambulancias, solo se entregaron 105.
En la compra se incluyeron modelos de marcas como Nissan Frontier y Ford Ranger de doble tracción, pero las ambulancias Chevrolet NHR son las referencias cuestionadas.
En estos vehículos, “el traslado de un paciente podría llamarse como el paseo de la muerte”, advirtieron varios miembros de APH en su momento a SEMANA.
Según lo denunciaron las tripulaciones médicas en diálogo con esta revista, las ambulancias tienen múltiples inconvenientes. Las baterías de estos furgones no soportan el voltaje de todos los aditamentos que tiene que llevar una ambulancia y por eso se descargan muy rápido. Eso obliga a que, en muchas ocasiones, los vehículos tengan que estar prendidos todo el día porque si se apagan, no vuelven a encender. Lo anterior implica que, prácticamente cada mes y medio, las ambulancias tengan que ser llevadas a mantenimiento.
Por otro lado, de acuerdo con las declaraciones que SEMANA recopiló meses atrás, la suspensión y amortiguación de estas ambulancias es otro de los problemas, lo cual deriva en la inestabilidad del vehículo y del paciente. “Si estas ambulancias saltan demasiado en una troncal que está pavimentada, imagínese en zonas de la ciudad en donde hay huecos por todos lados, o en Ciudad Bolívar, en donde la gran mayoría es loma. En estas ambulancias cualquier paciente que vaya con alguna fractura va a sufrir demasiado en el traslado hasta el centro médico”, dijo una fuente.
Otra falla, para nada menor, es la distancia que hay entre la cabina del conductor y el habitáculo donde va el paciente, lo que impide que haya una correcta comunicación entre toda la tripulación médica. Como si fuera poco, “la cantidad de dióxido de carbono (humo) que se adentra en la parte de atrás, una vez se abren las puertas de la ambulancia, es impresionante. Si el paciente lleva una herida abierta, esto le puede generar una gran infección”, dijo una fuente.
Contraloría confirmó la denuncia
Los resultados de la auditoría de la Contraloría de Bogotá confirman las fallas de estas ambulancias. En primer medida, el órgano de control estableció que estos vehículos, efectivamente, no cumplen con la norma técnica.
“Verificada mediante inspección visual sobre una muestra de 24 ambulancias, se evidenció que las medidas de las ventanas de todas las ambulancias NHR de la muestra, no cumplen con la medida de “0.40 m de altura por 0.40 m de longitud” y, adicionalmente, no es posible abrirlas sino en un rango del 50 %, toda vez que se encuentran obstruidas por la silla del médico o del auxiliar, la cual no permite que se pueda abrir la ventana completamente”, señaló la Contraloría.
En los resultados de la auditoría en poder de SEMANA, también se deja claro que “como las ambulancias Chevrolet NHR presentan un espacio de 0.25 centímetros aproximados, entre la cabina y el habitáculo del paciente y es allí en donde se encuentra la ventana, cuando llueve, el agua se introduce al habitáculo del paciente, lo cual obliga a quienes se encuentran en el área de atención a cerrar la ventana, quedando incomunicados del personal médico o de atención del paciente”.
La Contraloría también evidenció fallas en la suspensión de las ambulancias. “De acuerdo con las versiones obrantes como evidencia, fue una afirmación reiterada que las ambulancias rebotan mucho cuando hay desniveles y presentan mala amortiguación, lo cual no solo ofrece dificultad cuando se traslada un paciente, sino que también es riesgoso si se presentan casos de fracturas de cadera, o más aún, mencionan, en caso de que un paciente esté entubado, pues se puede desentubar; o si es un paciente con trauma encefálico severo, los rebotes o saltos de la ambulancia son de tal magnitud que se pone en riesgo la vida del paciente”, se lee en el documento.
Y se agrega: “Lo anterior, según las versiones del personal que administra los vehículos y que los opera, ocurre por cuanto los chasis de los vehículos fueron diseñados para el servicio de carga; por tal razón, al transitar livianos, presentan continuos sobresaltos que generan la afectación del servicio de traslado de pacientes descrito y los problemas mecánicos en la suspensión”.
De otro lado, funcionarios del órgano de control evidenciaron en primera persona la alta contaminación a causa del excesivo ingreso de las emisiones de humo y gases emanados del combustible diésel.
“Verificado por miembros integrantes del equipo de auditoría sobre las versiones relacionadas con que es insoportable la contaminación en el área del paciente, se hizo el ejercicio de permanecer por varios minutos con las puertas cerradas en el área del paciente, confirmando que, efectivamente, los gases que emanan del diésel ingresan al habitáculo del paciente, y esta área debería permanecer libre de contaminación; se percibe un humo que afecta la respiración, la garganta y los ojos”, dice la Contraloría.
En la verificación que realizaron los miembros del equipo de auditoría se evidenció mediante acta y versiones que el cierre de las puertas no es hermético y uno de los lugares por donde pudiera estar accediendo la contaminación y el humo es por el orificio entre el cierre de la puerta y el paral de la puerta trasera del habitáculo del paciente.
En el trabajo de campo, el equipo auditor de la Contraloría también recibió quejas por las fallas eléctricas de estas ambulancias.
“El 80 % de los entrevistados refieren que las ambulancias presentan fallas en el sistema eléctrico, tales como que han tenido que realizar cambios de las baterías de vehículos nuevos con muy poco uso, en razón a que cuando las recibieron ya se presentaban sulfatadas o en mal estado, que cuando se encendía el vehículo se generaba un corto que encendía todas las luces y alarmas en forma intermitente”, dice el informe.
El equipo de auditoría hizo el ejercicio con una ambulancia. Al encender el vehículo, se activaron de manera intermitente las luces del panel de la cabina. El personal médico también le refirió a la Contraloría las muchas veces que han tenido que empujar las ambulancias.
De acuerdo con la Contraloría de Bogotá, todos estos hechos generaron una gestión antieconómica, ineficiente e ineficaz, ocasionando un detrimento al patrimonio público en cuantía de $725.327.108, al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.
La concejal de Bogotá, Diana Diago, quien desde el Concejo de la ciudad hizo en su momento un debate de control político en contra de la Secretaría de Salud por las fallas constantes de las ambulancias, destacó los resultados de la auditoría y exigió que la alcaldesa Claudia López y el secretario de Salud, Alejandro Gómez, respondan a la ciudadanía.
“Los resultados de la auditoría son un alivio porque encuentran hallazgos de tipo fiscal, penal y disciplinarios, pero no todo está dicho acá, necesitamos que haya sanciones y que los responsables de descalabro para Bogotá paguen, porque esos son furgones, no son ambulancias; y analizando los resultados de la auditoría, concuerdan con muchas de las irregularidades que yo presenté en ese momento en el debate de control político”, señaló la cabildante.
Y puntualizó: “Ahora necesitamos saber qué va a pasar con la Personería, qué va a pasar con la Fiscalía, con la Procuraduría, estamos esperando que se pronuncien y que los ciudadanos sientan que sí hay justicia”.