Una carta firmada por siete excomandantes de las Farc y dirigida a todos los desmovilizados de ese grupo armado pone en evidencia una vez más el fuerte descontento entre los exinsurgentes y la Justicia Especial para la Paz (JEP), que fue creada para juzgar a los que hicieron parte de esa guerrilla.
El documento está firmado por Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo, Joaquín Gómez, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra. Y dicen que los excomandantes son conscientes de las inmensas dificultades que han tenido que pasar durante estos siete años largos desde que firmaron el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.
Se refieren a “los asesinatos, los atentados, las amenazas, el desplazamiento, la estigmatización y los entrampamientos”.
Además, “se agrega la desfiguración de la Jurisdicción Especial de Paz, que ha llevado a que su verdadera esencia se haya perdido, como lo mencionamos en la carta dirigida al presidente Gustavo Petro en su condición de jefe de Estado”, se lee en la misiva.
Según los exguerrilleros, “son muchas las quejas y reclamos que durante este tiempo hemos recibido de antiguos integrantes de estructuras intermedias de las Farc, exguerrilleros y milicianos de base que ven con preocupación cómo cada día aumenta el número de hechos en contra de comparecientes vinculados a los distintos macrocasos, en un procedimiento que se aparta de lo acordado”.
Esto, según ellos, viene provocando inconformidad y desconcierto.
Han tenido inconvenientes con la JEP por la negación de amnistías, la no concesión de renuncias a la persecución penal, el no reconocimiento de los períodos de privación de la libertad, el irrespeto a las sanciones restaurativas, y la permanencia de un gran número de camaradas en la cárcel, describieron en la carta.
“Todo ha generado gran inconformidad e inseguridad, llevando a muchos a tomar distancia y en algunos casos tomar la decisión equivocada de vincularse a distintos grupos armados”, expresaron.
Por eso, después de insistir en el compromiso con el acuerdo de paz firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos, “también reiteramos ante ustedes nuestra decisión de recurrir a todos los medios a nuestro alcance, incluidas instancias internacionales, para que el Estado cumpla sus compromisos”.
Y añadieron: “Los invitamos a mantener alertas al desenvolvimiento de la situación, y, a fin de intercambiar opiniones sobre este y otros temas de vital importancia, los convocamos a realizar encuentros regionales de comparecientes en los que, de manera conjunta, analicemos alternativas y salidas respecto al descarrilamiento de que viene siendo objeto la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Además, recordaron: “Todos nosotros sabemos que el texto original del Acuerdo, en su punto 5, fue alterado, primero, como consecuencia de la encerrona que los altos mandos de la fuerza pública le hicieron al presidente Juan Manuel Santos, horas antes de la firma del Acuerdo en el Teatro Colón, en la que hicieron suprimir partes del punto 5 para garantizar que no tuvieran que responder por los crímenes cometidos por sus tropas en virtud de la línea de mando, como también para proteger los bienes adquiridos ilegalmente durante el conflicto”.
Posteriormente, relataron: “A su paso por el Congreso y la Corte Constitucional, el texto fue nuevamente modificado, dejando un margen muy reducido para conocer la verdad por parte de la JEP de los civiles funcionarios del Estado y a los denominados terceros. De manera insólita, según la Corte Constitucional, su comparecencia es voluntaria y no obligatoria, como inicialmente fue lo pactado”.