El exfiscal general Eduardo Montealegre Lyneth radicó ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en los delitos de lesa humanidad cometidos en las poblaciones de El Aro y La Granja, en 1996 y 1997.
De acuerdo con la denuncia que radicó ante ese tribunal, entre los delitos se encuentran conductas como homicidio en persona protegida, lesiones en persona protegida, actos de terrorismo, desaparición forzada, tortura agravada y desplazamiento forzado agravado, "que deben ser leídas a la luz del Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario".
"Al entonces gobernador de Antioquia se le atribuyen estos delitos a título de autor en comisión por omisión, es decir, a pesar de que Álvaro Uribe conocía que estas poblaciones estaban bajo riesgo de ataque, no tomó las medidas necesarias y efectivas para evitar las atrocidades que allí ocurrieron", indicó el exfical Montealegre. Asimismo, el abogado Jorge Fernando Perdomo Torres agregó que un gobernador tiene deberes o posiciones de garante "que le dan el deber de proteger a la población civil contra todos los peligros". "Al exgobernador se le advirtió a tiempo sobre la existencia de un peligro concreto, inminente, elevadísimo contra la población de estos corregimientos, y él, conociendo esa situación, no hizo nada para evitarlo. Al contrario, se puede decir que promovió una política en contra de defensores de Derechos Humanos, de personas que estaban denunciando a esas organizaciones armadas", aseveró Perdomo.
La principal prueba que lleva al exfical Montealegre para esta denuncia es la declaración de Jesús María Valle Jaramillo, quien en repetidas oportunidades le informó a Uribe de la masacre, además de otras evidencias. La denuncia tiene más de 100 páginas y está acompañada de más de 500 folios de anexos. Además, son veinte los ejes que sustentan la acusación. "En repetidas ocasiones el reconocido defensor de Derechos Humanos, un gran hombre, Jesús María Valle, le advirtió al exmandatario sobre el riesgo e inminencia del ataque paramilitar en la zona de Ituango y le solicitó protección urgente", agregó el exfiscal. "No por el simple hecho de haber ocupado el cargo de gobernador se le imputan estos crímenes a Álvaro Uribe. Su responsabilidad se deriva del conocimiento previo que tenía del riesgo y de su renuncia a tomar medidas realmente efectivas", señala el exfiscal.