El exministro de Justicia Wilson Ruiz demandó ante el Consejo de Estado el Decreto 2114 de 2023, con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro tumbó la prohibición de la venta de drogas en espacio público, una decisión que había adoptado el expresidente Iván Duque.
La demanda, según el documento conocido por SEMANA, es en contra del presidente, además del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el de Justicia, Néstor Osuna, y el de Defensa, Iván Velásquez.
Ruiz planteó sus pretensiones, entre ellas, que se declare la nulidad del Decreto 2114 de 2023, “por el cual se deroga el capítulo 9 del título 8 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1070 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa, adicionado por el Decreto 1844 de 2018″, proferido por el Gobierno nacional.
Según él, “por encontrarse viciadas de nulidad por infracción de las normas en que debió fundarse el acto y falsa motivación”.
Además, pidió al Consejo de Estado que, como consecuencia de la anterior declaración, “se ordene dejar sin efectos el decreto demandando y en su lugar se otorgue efectos de reviviscencia de las normas anteriores contenidas en capítulo 9 del título 8 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1070 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa, adicionado por el Decreto 1844 de 2018″, se lee en el documento.
Además, solicitó medidas cautelares. “Se reitera la necesidad y urgencia en que se adopte una medida suspensiva del Decreto acusado con miras a efectivizar las posibles consecuencias del juicio de legalidad, dado que, pasado el tiempo previsto en la duración del trámite ordinario de nulidad, muy seguramente se agraven o sean ya daños consumados e irreparables en la vida, salud, integridad y recreación de los niños, niñas y adolescentes del territorio colombiano”, dijo.
Para el exministro queda claro que la motivación que expresa del Gobierno nacional a la hora de tumbar la prohibición de la venta de drogas en sitios públicos “no es otra que privilegiar el ‘derecho’ de los consumidores de drogas psicoactivas, limitando el ámbito de acción de las autoridades de Policía, quienes en virtud del artículo segundo constitucional, están instituidas para proteger a todos y cada uno de los ciudadanos bajo criterios de igualdad”.
De acuerdo con el jurista, “no resulta válido constitucional y legalmente que bajo una falsa motivación sustentada en un criterio de favorecimiento a minorías de consumidores de droga, colocar en riesgo elementos de nuestra sociedad tales como el férreo compromiso de proteger los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes (artículo 44 Constitucional), cuyos espacios destinados para su recreación puedan verse permeados por parte de otros ciudadanos que, valiéndose de su libre desarrollo de la personalidad y garantía de dosis mínima, consuman sustancias psicoactivas atentando contra sus bienes jurídicos más sagrados como su integridad, su salud, recreación, entre otros”.
El exministro planteó en su demanda que la norma derogatoria del Gobierno Petro “impuso la prevalencia de los derechos de los portadores y consumidores de la dosis mínima”.
Ruiz considera que “el Gobierno nacional, con la derogatoria, ‘desregula’ las necesarias, racionales y proporcionales medidas administrativas que limitan razonablemente los derechos del libre desarrollo de la personalidad en cuanto al consumo de dosis mínima de droga. Es menester recordar que ningún derecho es absoluto per se, luego, al quitar este instrumento jurídico a través del decreto derogatorio acusado, no se está precisamente cumpliendo con la finalidad de ‘descriminalizar’ el consumo, por el contrario, y muy apartada de dicha finalidad, se está propiciando en un vacío de indeterminación sobre el quehacer de las autoridades de Policía frente a conductas que atenten contra otros derechos de igual (comportamiento contrarios a la convivencia) o incluso superior jerarquía como el caso de los derechos de los niños”, se lee en la demanda.
Para el exministro, su demanda no tiene otro propósito sino reequilibrar la balanza de los derechos que hoy se encuentra “inusitadamente favorable a los intereses de los consumidores por encima de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en espacios públicos, parques, escuelas, universidades, y demás lugares donde las autoridades no tendrán ninguna potestad de verificar a través del procedimiento administrativo lo correspondiente a la garantía de los derechos protegidos por el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.