El exministro Wilson Ruiz y el abogado William Iván Mejía Torres radicaron una demanda ante el Consejo de Estado que busca que se declare la nulidad de la intervención de la Superintendencia de Salud a la EPS Sanitas.

Se trata de un proceso que busca dejar sin efectos la resolución de la SuperSalud, proferida el pasado 2 de abril, en la que se ordenó la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de esa entidad prestadora del servicio de salud que es una de las más robustas del país, con 5,7 millones de afiliados.

La llegada de esa demanda ante el Consejo de Estado es apenas la antesala de una batalla jurídica de varios actores para que los privados puedan retomar el control de esa EPS. Incluso, este martes el partido Cambio Radical también presentará una demanda contra ese proceso.

Además de la declaración de nulidad, la demanda del exministro Ruiz y el abogado Mejía busca que “como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la autoridad demandada cesar cualquier actuación que se encuentre realizando en virtud del acto demandado y restablecer el estado de las cosas al momento previo de la expedición del acto administrativo que se demanda”.

Sanitas pertenece a una empresa de capital extranjero (Keralty) pero a partir de la determinación de la Superintendencia que dirige Juan Carlos Leal será administrada por un agente interventor designado por el Gobierno, Duver Dicson Vargas.

Lo que alegan los demandantes es que la experiencia de Vargas sería insuficiente para administrar a la que es la segunda EPS más grande del país por número de afiliados (con 5,8 millones de usuarios que la ubican detrás de Nueva EPS y delante de Sura en ese ranking) debido a que solo ha trabajado en la gestión de IPS de segundo nivel de complejidad.

“Su experiencia se reduce 4 hospitales, con un presupuesto de 74.000 millones de pesos al año en la última entidad. Monto inferior al 10% del presupuesto de la EPS SANITAS S.A.S. El perfil del interventor sugiere una amenaza a la gestión del riesgo financiero y de salud. Aspectos que inciden directamente en la prestación de los servicios de salud en mejores condiciones a las actuales”, señalaron los demandantes.

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