La representante a la Cámara por Bogotá del Partido Verde, Catherine Juvinao, publicó un comunicado en el que alertó sobre posibles riesgos de corrupción que pueden presentarse en el nuevo sistema de salud que plantea la polémica reforma del Gobierno del presidente Gustavo Petro y que ya se encuentra en trámite en el Congreso de la República.
Los riesgos fueron explicados en medio de una mesa técnica que se realizó con varios expertos, organizaciones y académicos, que brindaron su punto de vista sobre el proyecto de salud del Ejecutivo y los riesgos que este podría traer a futuro en Colombia.
En primer lugar, se destaca un artículo de la reforma que propone que sea el Estado, a través de la ADRES, quien concentre las funciones de las EPS, por lo que de esta forma la ADRES pasaría a asumir funciones relacionadas con el manejo de dineros. Los expertos exponen que esto pondría en “riesgo la sostenibilidad financiera del sistema de salud” y la atención misma, pues la entidad pasaría a auditar entre 8 y 10 millones de facturas de servicios de salud, sin que en el articulado de la reforma se exponga cómo se llevará a cabo la instalación de estas capacidades operativas, técnicas y financieras.
En otro de los puntos, los expertos exponen que el proyecto del Gobierno plantea que las prestadores de servicio le presten las cuentas de servicios solicitados y prestados a la ADFES, para que esta pague el 80% del valor dentro de los 30 días siguientes a su prestación, mientras que el valor restante estará sujeto a la revisión y auditoría de las cuentas. Los participantes de la mesa técnica enfatizan que esto conllevaría a una auditoría muy débil, lo que podría aumentar el “problema de las cuentas infladas o excesivas que minan los recursos públicos de la salud”.
Por otra parte, los académicos aseguran que la reforma de Petro desconoce que la corrupción en el sistema de salud también viene de parte del sector público, por lo que califican de “equivocada” que solo se señale como autor de los males a los sectores privados que administran actualmente.
Igualmente, advierten que podría llevarse a la politización el proceso de nominación a los directores de las instituciones sociales del Estado, pues en el proyecto se plantea que sean los alcaldes o gobernadores quienes nominen al director de estas instituciones.
“Esto supone una posible cooptación política o clientelización del sistema porque los alcaldes y gobernadores tendrán injerencia en cambiar directivos y contratos de prestación de servicios de quienes trabajan en el sistema cada 4 años (...) Habrá una puja política con cada elección de mandatarios locales”, dicen.
Finalmente, los expertos señalan que en el texto actual que fue tramitado en el Congreso no se explica claramente cuáles son las competencias de los actores involucrados en la prestación del servicio, lo que podría ocasionar que se desconozca cuál es la ruta que debe seguir una persona para poder reclamar sus medicamentos y qué mecanismos de rendición de cuentas se tendrán si se llega a cometer una falla durante la prestación del servicio de salud.
Por último, la representante Catherine Juvinao recuerda que existen ciertas preocupaciones relacionadas en la forma en la que el Gobierno de Gustavo Petro ha tramitado la reforma a la salud y vuelve a hacer un llamado en la necesidad de que este proyecto sea tramitado como una ley estatutaria, misma advertencia que hizo en su momento el senador Humberto de la Calle. Además, recuerda que días posteriores algunos representantes también han denunciado vicios al interior de la Comisión Séptima que “podrían poner en jaque el proyecto”.